Líderes nativos y magistrados, reunidos en el VI Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural realizado recientemente en Puno, coincidieron en la propuesta de instaurar una política orientada a que jueces, fiscales, policías y defensores públicos ejerzan sus funciones en la lengua originaria predominante en su ámbito de actuación.

En la Declaración de Puno, suscrita al término del cónclave, los más de 250 participantes indican que con ello se procurará una justicia con equidad e igualdad para todos.

Señalan que se requiere superar las brechas de comunicación causadas por el desconocimiento o subvaloración de los idiomas originarios, lo que, anotan, afecta a la impartición de justicia y a la relación entre las autoridades de la jurisdicción estatal y la comunal.

En el manifiesto, los magistrados y nativos también instan al Congreso aprobar la Ley de Coordinación Intercultural de la Justicia, que permitirá determinar políticas, criterios y reglas para la cooperación entre la justicia ordinaria y la especial. Específicamente establece un mecanismo para la resolución de los conflictos de competencia entre estas dos jurisdicciones.

Asimismo, demandan que los órganos jurisdiccionales apliquen adecuadamente el artículo 15 del Código Penal, a fin de evitar que fomente la impunidad de prácticas de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes menores de 14 años.

El desarrollo del IV Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural estuvo a cargo de una comisión presidida por el juez supremo Víctor Prado Saldarriaga.

Con este certamen, el Poder Judicial, presidido por el doctor Víctor Ticona Postigo, ratificó su compromiso institucional de consolidar una administración de justicia integradora e inclusiva para todos los ciudadanos del Perú.