El Gobierno Regional de La Libertad no quiso revelar detalle de las razones por las que el Arzobispado Metropolitano de Trujillo ha comunicado públicamente su intención de que se anule el convenio que ha firmado dicho gobierno regional con la minera Paltarumi SAC para la ejecución del proyecto “Recuperación del Servicio de Interpretación Cultural en la iglesia y Antiguo Convento de Nuestra Señora de Guadalupe, distrito de Guadalupe de la provincia de Pacasmayo del departamento de La Libertad”, con CUI 2663387.

El viernes 16 de octubre, en Trujillo, en conferencia de prensa, la gobernadora regional, Joana Cabrera Pimentel, se presentó junto a funcionarios de dicha entidad, entre ellos el gerente de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada, Julio Santiago Chumacero Acosta, con miembros del comité pro templo de Guadalupe.

La conferencia sirvió para que tanto la gobernadora regional como sus funcionarios y el comité encabezado por Cecilia Vera Vásquez repitieran argumentos y especulaciones que han venido sosteniendo junto a la minera Paltarumi SAC, en un despliegue mediático, propio de una campaña.

Reiteraron que la preparación del proyecto, con la necesaria participación del Gobierno Regional La Libertad (GRLL), la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad (DDC-LL), y el Arzobispado Metropolitano de Trujillo, propietario del predio a intervenir, se inició formalmente con la suscripción del tripartito Convenio Regional 016-2025-MC suscrito entre los tres titulares de estas entidades, el 10 de abril de 2025.

La gobernadora, en base a la ayuda memoria que tenía entre manos, y documentos seleccionados, repasó algunos hitos del desarrollo del proyecto. Repetía que todo se realizó dentro de los cumplimientos normativos y con la venia de los tres actores del proyecto, hasta el 14 de julio, cuando en Guadalupe, en una ceremonia pública, se hizo la “entrega de terreno”; y que, según la gobernadora, contó con la presencia del director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad. Pero esto no corresponde a la verdad; es verificable que dicho funcionario no asistió. 

En la conferencia, la gobernadora se refirió al incidente del 24 de julio, cuando se impidió el ingreso al convento a los trabajadores del Consorcio Guadalupe (contratado por Paltarumi SAC) que debían iniciar la elaboración del expediente técnico del proyecto.

Exhibió la primera carta del Arzobispado solicitando reunión con el GRLL para tratar una terminación del convenio tripartito. Dicha carta del 22 de julio, no fue respondida por la gobernadora hasta el 12 de agosto, un día después del comunicado público del Arzobispado planteando la terminación del convenio tripartito. La gobernadora en este contexto de fechas, nuevamente expuso un dato erróneo. Dijo que el pedido escrito del Arzobispado era del 22 de junio, cuando éste está fechado y recibido por el GRLL el 22 de julio.

La gobernadora señala enfáticamente que al pedido del Arzobispado para la terminación del convenio tripartito, ella -en su carta del 12 de agosto- responde con un rotundo no, sustentándose en los informes de las áreas correspondientes del GRLL que le aseguraban que no hubo ninguna infracción a la norma en el proceso de selección. 

Situada en esa línea de tiempo, en base a la carta del Arzobispado del 12 de agosto de este año, Cabrera Pimentel dice “conversamos con la DDC, ellos enviaron un documento 2349 en el que ellos emiten una opinión técnica favorable respecto al planteamiento arquitectónico del proyecto. Es cierto hicieron unas observaciones que se levantaron y decirles que por autorización del director de la DDC… me ha conferido… ha querido estar en esta reunión pero no ha sido posible, él tiene toda la buena voluntad desde el primer momento de que esta obra se haga”.

Cabe precisar que la llamada “opinión técnica favorable” que señala la gobernadora, no fue emitida en el contexto temporal de la posible terminación del convenio tripartito. El “documento 2349”, que menciona la gobernadora, es el Oficio 2349-2025-DDC-LIB/MC, del 1 de abril de 2025, suscrito por el entonces director de la DDC-LL y militante del partido oficialista del GRLL, Alianza Para el Progreso, David Oswaldo Calderón de los Ríos, respondiendo a un pedido de la gerencia regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada del GRLL que solicitaba una opinión respecto del perfil, para el proceso de selección del proyecto.

La respuesta de Calderón de los Ríos fue una “Opinión técnica favorable con sugerencias de medidas técnicas”. La controvertida “opinión favorable” de Calderón contiene 34 “sugerencias técnicas”, en su mayoría observaciones de obligatoria reformulación por contravenir a las normas. Sugerencias de obligatoria atención. Sin embargo, la gobernadora las llama “algunas observaciones”  que dice fueron levantadas en su totalidad; aunque no mostró evidencia de ello.

Más adelante, la gobernadora dice que sostuvieron reuniones de equipos técnicos de la DDC-LL, GRLL y Arzobispado y admitió nuevamente que hubo observaciones, aunque ahora ya no afirma que fueron levantadas, sino que serían resueltas en la elaboración del expediente técnico: “ (...) hubieron algunas observaciones que se manifestó en su debido momento que podían ser subsanables en la elaboración del expediente técnico”.

Considerando que se tratan de reuniones de carácter técnico, reuniones oficiales de funcionarios públicos, y tratándose de un hecho que exige la mayor atención, se deduce que debieron dejar constancia en actas respectivas, aunque según se conoce esto no ocurrió.

La gobernadora expuso como el último hito del caso, el pedido inicial del Arzobispado para la conclusión del convenio tripartito que firmaron en abril de 2025. 

Según dijo, está en manos del Arzobispado definir la continuidad del proyecto de inversión pública con un documento oficial, no con un comunicado en redes sociales.

Debe tenerse en cuenta que, el último comunicado del Arzobispado no está referido al convenio tripartito, como alude la gobernadora. En el último comunicado, del 12 de octubre, el Arzobispado señala claramente que “considera necesaria la rescisión del convenio entre el Gobierno Regional y la empresa financista”.  Como puede verse, el Arzobispado se refiere claramente al convenio que firmaron el GRLL y la minera Paltarumi SAC.

Se debe añadir que, el efecto de disolver los convenios aludidos es completamente distinto. Anular el convenio tripartito extingue todo acto generado a partir de su firma en abril de 2025 para el proyecto que tanto espera Guadalupe. Mientras que rescindir el convenio entre el GRLL y Paltarumi SAC, como considera necesario el Arzobispado, regresa el proyecto a la etapa de la licitación para buscar una nueva empresa financista; es decir se mantiene a salvo la viabilidad del proyecto. Así, si el GRLL tiene la voluntad de retomar las riendas del proyecto, volvería a trabajar para un nuevo proceso de selección en la medida que en su último documento el Arzobispado alega “observaciones administrativas y técnicas de fondo insubsanables en las bases, el perfil del proyecto y en la contratación de la supervisión, que deben ser evaluadas con rigor, transparencia e independencia”. Cabe precisar que, en el proceso de selección, como en la firma del convenio entre el GRLL y el financista, el Arzobispado no tiene ninguna injerencia.

DETALLES OCULTOS

Aunque se ha generado una controversia pública entre si se quiere o no se quiere que se realice la restauración del Templo y Convento de Guadalupe; es una dicotomía falsa, pues no hay quien esté en contra del proyecto.

La posición del Arzobispado, de la cual recién se ha conocido un poco más el fin de semana es por cuestionamientos al proceso de selección de la empresa financista que dio por ganadora a la minera; y por la propia minera. 

Los detalles completos sobre las irregularidades que alude el Arzobispado los conocen en la sede arzobispal, pero también en el Gobierno Regional La Libertad y la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad.

Si bien es cierto el Arzobispado ha mantenido reserva y no ha entrado en detalles respecto a sus observaciones; estas también son de conocimiento de la DDC-LL y del GRLL, a través de las reuniones técnicas que han sostenido. Siendo entidades del Estado no se sustenta que se oculte dicha información. Sus funcionarios públicos manejan información de un proyecto de inversión pública. Así de redundante pero también explícito. No hay excusa, si es información recibida de manera verbal o escrita, es información de carácter público y la han ocultado en la conferencia del viernes.

La gobernadora regional habló de “algunas observaciones subsanables en el expediente técnico”; pero no las expuso. Los presentes tampoco insistieron que se detalle lo que cuestiona el Arzobispado.

De igual modo, el gerente de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada, Chumacero Acosta, a su turno, tampoco se refirió a los detalles, pese a una pregunta que se le formuló en ese sentido.

En una evasiva respuesta que sorprendentemente nadie refutó, Chumacero dijo, “todas las observaciones e indicaciones que lo han hecho de manera verbal en las reuniones técnicas en presencia de Cultura y la empresa, han sido absueltas, resueltas; tanto por el equipo de Cultura como el equipo del gobierno regional. Sus criterios yo no podría hablar por el Arzobispado. No podría hablar cuáles son sus criterios”.

Así se evitó, y dejó pasar, una oportunidad para que, como funcionarios públicos, tanto la gobernadora Cabrera Pimentel como el gerente Chumacero Acosta, expongan públicamente los detalles de los cuestionamientos que ha formulado el Arzobispado y explicar claramente a la ciudadanía por qué supuestamente no tienen fundamento. 

GRLL: DEPENDE DEL ARZOBISPADO Y PALTARUMI

En la conferencia de prensa, la gobernadora Cabrera mencionó dos únicos elementos nuevos. 

Confirmó que el plazo formal para que el ejecutor de la obra ingrese al templo y convento para iniciar los trabajos del expediente técnico concluyó el jueves 15 de octubre. Esto es algo que informamos en nuestra edición del viernes. Y que coincide con un anuncio de la minera Paltarumi que adelantó resolvería el convenio que firmó con el gobierno regional si hasta esa fecha no se les permitía el ingreso al templo de Guadalupe.

En función a ese tema, la gobernadora dijo que le corresponde a la empresa Paltarumi comunicar la nulidad del convenio para la ejecución, si así lo decide.

Por otro lado, Cabrera Pimentel trasladó la responsabilidad al Arzobispado Metropolitano de Trujillo de la continuidad, por tanto el área a intervenir es de su propiedad, y que si el dueño no permite el ingreso, no se puede hacer más. 

Para finalizar dijo “seguimos esperando la respuesta formal del Arzobispado. Si continuamos con el convenio o no continuamos con el convenio”.