El estado situacional del proyecto de restauración de la Iglesia y Convento de Guadalupe ha tenido  algunos hechos que no se han conocido con detalle, y que podrían dar luces del contexto en el que el Arzobispado Metropolitano de Trujillo ha impedido el ingreso del equipo técnico contratado para la elaboración del expediente y la restauración del complejo religioso, que tiene la categoría de Patrimonio Cultural de la Nación.

La obra se proyecta ejecutar mediante obra por impuestos, con presupuesto del Gobierno Regional de La Libertad, que firmó contrato con la minera Paltarumi SAC como empresa financista. Paltarumi SAC, a su vez, contrató al Consorcio Ejecutor Guadalupe que está conformado por Inversiones Treo SAC y Administración y Supervisión de Obras Civiles SA, de las que Últimas Noticias ha dado a conocer su perfil en base a la información de varios portales del Estado.

Un hito importante en este caso se dio el 14 de julio cuando -aparentemente- todo iba en armonía y se realizó la entrega del terreno, para el proyecto. 

Sin embargo, el 24 de julio, cuando el equipo técnico del Consorcio Ejecutor Guadalupe llegó al complejo para iniciar el levantamiento de información de campo, todo se detuvo abruptamente. Por ahora, solo en la sede del Arzobispado de Trujillo se sabe el contexto completo, del por qué la oposición. Para los efectos legales quedó redactada un acta dando cuenta de los hechos de ese 24 de julio.

EL ACTA Y LOS ACTORES

En conferencia de prensa que ofrecieron, el 14 de agosto, miembros del comité pro restauración del templo, contaron que el 24 de julio el párroco Ronald La Barrera Villarreal, por orden del Arzobispado, no permitió el ingreso del equipo técnico del Consorcio Ejecutor Guadalupe que había llegado para iniciar el trabajo para el expediente técnico.

Esto fue corroborado con documentación que el comité pro restauración exhibió en aquella conferencia, y que les facilitó el Gobierno Regional de La Libertad (GRLL).

Lo que no se exhibió es el “Acta de Acuerdo Entre las Partes” a la que solo hicieron referencia y que firmó la presidenta del Comité pro restauración, Cecilia Vera Vásquez.

En esta acta se consigna explícitamente que por parte del Consorcio Ejecutor Guadalupe, estaba presente el Ing. Roger Humberto Obando Bardales en calidad de coordinador del equipo técnico.

También se especifica la razón por la que el párroco no permitía el ingreso. Señala que no se podía tomar posesión del bien inmueble, ni ingresar a realizar ninguna actividad hasta que la Gobernación Regional de La Libertad responda a la carta ingresada por el Arzobispo de Trujillo el día 22 de julio a través de mesa de partes.

El acta es suscrita por el párroco Ronald La Barrera Villarreal, el Ing. Roger Humberto Obando Bardales y la señora María Cecilia Vera Vásquez como veedora y presidenta del Comité pro restauración.

Sigue siendo un misterio aún los detalles del por qué la indisposición del Arzobispado a continuar con el proyecto. Sin embargo, es un indicio claro el mencionado en la carta que ingresó el 22 de julio y que al 15 de agosto la gobernadora regional no respondía. Cabrera Pimentel recién contestó apuradamente el mismo día en que el Arzobispado emitió un comunicado público advirtiendo un posible fin al convenio marco que permitía la ejecución del proyecto.

La carta del Arzobispado dirigida al Cabrera Pimentel en su calidad de gobernadora, dice textualmente: “Siendo sus representadas las entidades encargadas de su coordinación y gestión, correspondía que dicho proceso de desarrollara con la máxima cautela y rigurosidad, aplicando una debida diligencia reforzada respecto de las personas naturales o jurídicas que participarían en la ejecución de las obras; en este caso, consideramos que no se ha cumplido con dicha obligación, lo cual constituía una condición implícita para la continuidad del Convenio suscrito”.

En este contexto, es posible que el Arzobispado haya tenido conocimiento, en los días previos a la llegada del equipo técnico, de situaciones no acorde a los compromisos iniciales; pero cuáles fueron esas situaciones.

Lo antes mencionado se plantea porque quien llegó al convento como cabeza del equipo técnico, el Ing. Roger Humberto Obando Bardales, es mencionado en medios de comunicación nacional como La República, Correo y la Federación de Periodistas del Perú, como sentenciado por haber entregado una coima de 70 mil soles para favorecerse con la adjudicación de la supervisión de obras de saneamiento.

Aunque las informaciones en dichos medios no guardan precisión, sí es un hecho demostrable que según el Expediente 06984-2018-10-1706-JR-PE-04 se consigna la sentencia del 12 de agosto de 2019, contra Obando Bardales por el delito de cohecho activo genérico, con tres años y cuatro meses de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución, por el periodo de prueba de dos años y tres meses. Además se impuso una pena de 304 días multa, equivalente a la suma de 3,040.00 soles que fueron cancelados por el sentenciado. También se le impuso inhabilitación por el plazo de 3 años y 4 meses para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público, es decir una prohibición de contratar como persona natural con el Estado Peruano. Además se le impuso una reparación civil de S/10,000.00 que fueron pagados en su totalidad.

La sentencia se impuso mediante proceso especial de terminación anticipada luego de que Obando Bardales admitiera su responsabilidad. 

A la fecha la sentencia está cumplida y los antecedentes anulados.

Por otro lado, en su experiencia como proveedor del Estado, verificable en el Seace, Obando Bardales registra once contratos desde el año 2006. La mayoría en consultorías y servicios en construcciones y obras viales. Sus especialidades declaradas como proveedor del Estado son Consultorías en obras de saneamiento y afines; obras de represas , irrigaciones y afines; obras urbanas edificaciones y afines; y obras viales, puertos y afines. 

QUIÉN ES QUIÉN

Si se tiene en cuenta que hasta la entrega de terreno, el 14 de julio, se tenía establecido y propuesto en la licitación un staff profesional que intervendría en el templo y convento, y que los representantes de la Iglesia Católica no habían formulado reparo alguno, queda esclarecer si entre el 14 de julio y el 24 de julio -que llegó el equipo liderado por Obando Bardales- se generó alguna una variación en dicho equipo de profesionales.

Se debe tener en cuenta que el 19 de septiembre, el representante de Paltarumi SAC, Hugo Guerra Arteaga, defendió insistentemente la supuesta experiencia nacional e internacional del equipo de profesionales que iba a intervenir en el convento; pero no dio ningún nombre.

Como ya se ha señalado, la expectativa ciudadana ha ido in crescendo, y aunque la aspiración común es que el proyecto se realice; con el paso de los días se van abriendo aristas que justifican de alguna manera una revisión minuciosa de las condiciones en las que se debe intervenir un extremadamente valioso inmueble declarado Patrimonio Cultural de la Nación.

Queda esclarecer si entre el 14 de julio y el 24 de julio -que llegó el equipo liderado por Obando Bardales- se generó alguna una variación en dicho equipo de profesionales.

PROTESTA CONTRA ARZOBISPADO

Aunque el Arzobispado ha anunciado que la primera semana de octubre se tendrán novedades sobre este caso, el descontento y expectativa popular por la obra se manifestaron en una nueva movilización frente al Arzobispado de Trujillo, el martes 22.

La protesta llegó a los golpes contra las puertas de la sede religiosa y simbólicos encadenamientos, lo que movilizó a la Policía que dispuso la presencia de efectivos en el frontis del Arzobispado.