La Primera Fiscalía de Familia de Santa Anita (Lima) anunció el inicio de una investigación por presunta violación sexual en agravio de un niño de 10 años. Los hechos ocurrieron en la IEP Innova Schools, ubicada en la zona de Mayorazgo, en el distrito limeño de Ate.

De acuerdo a lo que informó el Ministerio Público, se ha identificado a siete estudiantes del mismo plantel, de 11 años de edad, como presuntos agresores. 

El fiscal Rubén Darío Narrea Huamaní dispuso recabar el registro de las cámaras de seguridad del colegio, las fichas de matrícula de los presuntos agresores y de la víctima. Asimismo se tomará la declaración de la denunciante (madre del niño afectado), así como del propio niño afectado mediante la entrevista única en cámara Gesell. 

Por ahora se conoce que también se recibirá el testimonio de la directora del centro educativo, y de los menores involucrados  como presuntos autores del hecho penal.

Según la prensa limeña, el presunto abuso sexual se habría producido la semana pasada, en el baño de varones de la IEP Innova Schools.

Los agresores de 11 años habrían golpeado y atado al niño de 10 años para someterlo.

A la gravedad de lo sucedido se suma la responsabilidad del plantel, ya que los violentos hechos ocurrieron en horario de clases, en el baño del colegio, siendo todos menores estudiantes del nivel primaria. 

La IEP Innova Schools publicó un comunicado anunciando el retiro de la directora del plantel en tanto duren las investigaciones.

Por su parte, según la Defensoría del Pueblo que intervino para verificar lo actuado, las autoridades y los directivos del colegio acordaron suspender las clases presenciales por tres días; realizar reuniones diferenciadas con los padres de familia de los niveles de primaria y secundaria; y la actualización urgente de los planes de contingencia del plantel frente a casos de violencia sexual.

La Defensoría indica que la denuncia en la policía fue interpuesta el 2 de julio pero no fue registrada oportunamente en el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL), realizándose recién el 7 de julio, tras hacerse pública la denuncia. Tampoco se comunicó al órgano jurisdiccional para la emisión de las medidas de protección, ni se actuó dentro de los plazos legales establecidos por la Ley 30364.