Tal como fue dispuesto por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de La Libertad, la mañana de ayer 23 de marzo, se realizó la diligencia de constatación al predio que ocupa la empresa Ditsa Ambiental S.A.C. para la instalación y funcionamiento de una planta de residuos peligrosos en la zona del Chilco, jurisdicción de San Pedro de Lloc, provincia de Pacasmayo, donde el alcalde provincial Elmer León Pairazaman denunció la presunta comisión de delito ambiental por parte de dicha empresa.

Durante la diligencia se pudo hallar evidencias que apuntan a un deficiente manejo de los residuos peligrosos, más allá de la infracción administrativa que pesa sobre la empresa al haber instalado y desarrollado su proyecto con documentación, permisos y autorizaciones de la Municipalidad Distrital de Paiján, que además de irregular, ni siquiera es limítrofe con la provincia de Pacasmayo. 

La planta permanece clausurada e inactiva desde el 18 de febrero de 2026 luego de conocida la existencia y presencia ilegal de la planta de residuos peligrosos.

 

La diligencia y hallazgos

El alcalde Elmer León Pairazamán informó sobre el desarrollo de la diligencia fiscal a fin de que la población pueda seguir el avance.

De acuerdo a la programación de la diligencia, los convocados se dirigieron al predio donde se ubica la zona donde se encuentran los residuos de propiedad de Ditsa Ambiental S.A.C.

Según narró, encontraron al lado de lo que parecía ser una caseta de vigilancia a una persona de la empresa que les recibió. Luego de presentarse la fiscal Lastenia Acuña Raza, autoridades y funcionarios de las entidades, y advertir que se encontraban en diligencia y que se recorrería el interior del predio, el vigilante les pidió realizar una llamada a sus empleadores a fin de que tengan conocimiento de la visita. Telefónicamente el interlocutor del vigilante le habría ordenado que no deje entrar a nadie.

Pese a que fiscal explicó al vigilante de Ditsa Ambiental SAC que se estaba en una diligencia que no requiere permiso del investigado, el vigilante de la empresa intentó impedir el ingreso de la autoridad.

Pese a que la representante del Ministerio Público le habría explicado al vigilante que se estaba practicando una diligencia que no requiere permiso del investigado, el vigilante insistió en cumplir con lo ordenado por sus superiores. La situación fue resuelta por la fiscal Acuña Raza, quien con acompañamiento de la policía, y sin mediar ningúna oposición material, ingresó con la delegación al lugar e inició la diligencia.

El alcalde hizo notar a la representante del Ministerio Público que lo único que se veía como oficina administrativa era la caseta de ingreso y que esta se hallaba en un estado completamente precario, tal como la encontró en su primera visita. Esta observación fue corroborada por la fiscal. “Para ser una empresa formal de este rubro, lo que se encontró fue una caseta pequeña, toda cochina, prácticamente una covacha”, dijo el alcalde.

El burgomaestre añadió que cuando ya estaban en plena diligencia, el vigilante volvió a acercarse e indicarles que de parte del gerente de la empresa le había reiterado que no podían estar allí. Esta nueva interrupción no detuvo la diligencia y ésta continuó.

No se pudo ver que existiese una geomembrana como “cama” que impida la contaminación del subsuelo por la acumulación de los restos.

León Pairazamán indicó que condujo a la delegación al punto donde de acuerdo a la denuncia, se encontraban los lodos que se habrían esparcido, alertando la presunta contaminación. El representante de OEFA habría confirmado que en el lugar inspeccionaron la construcción de celdas (pozas). De los lodos que fueron observados, y registrados en video por el alcalde y funcionarios municipales, ya no se veía más que una capa superficial que se estaba ocultando naturalmente por la arena eólica que avanza cubriendo la zona.

Para los participantes de la diligencia fue imposible comprobar si todo el volumen de lodos de procedencia desconocida, fueron retirados del lugar o han sido mezclados con material de la zona y enterrados. No se pudo ver que existiese una geomembrana como “cama” que impida la contaminación del subsuelo por la acumulación de los restos de barro superficial que se podía ver a simple vista.  Ese punto será materia de profundización en la investigación.

En otro punto del lugar se encontraron otras pozas con lodos a un lado del pozo donde se habían dispuesto los residuos peligrosos hospitalarios. 

El alcalde León señaló que al recorrer ese espacio, el funcionario de OEFA señaló que en la inspección que hicieron en 2025 advirtieron que la poza debía tener geomembrana y que debían retirar el lodo acumulado. Además puntualizó que no se podía utilizar si no recibían la autorización de la entidad competente. Las pozas ya no se ven actualmente y se desconoce si retiraron el lodo tal como lo observó OEFA o si simplemente se ha tapado.

Permiso de salud del Gobierno Regional de La Libertad (GRLL)

El funcionario de la UTF en Salud Ambiental del GRLL comentó que existía un permiso emitido por la Gerencia Regional de Salud del GRLL del año 2023, a favor de la empresa para disponer tratamiento de aguas residuales de uso doméstico. Esto generó un cruce de comentarios que coincidían en que este tipo de permisos, ya que si bien es cierto en el pasado eran atribución del ente sectorial de Salud del GRLL, esa facultad ya había sido retirada. El permiso está firmado por el procesado por la justicia Aníbal Morillo Arqueros, ex gerente regional de Salud de La Libertad.

Residuos hospitalarios a la vista 

Otro punto que llamó la atención a los integrantes de la delegación fue la forma cómo se había dispuesto los residuos peligrosos hospitalarios en una poza. Se encontraban acumulados y con una simple capa de tierra encima que ni siquiera cubría bien los residuos peligrosos.

“Es un botadero al que le han echado un poquito de tierra encima. Hay frascos de sangre, agujas, esparcidos fuera de la celda. Están regados por la zona. Hay evidencia de daño ambiental. Hay contaminación. Todos estos desperdicios y residuos peligrosos debieron ser llevados a otro lugar. Se ve claramente que hay una disposición de residuos fuera de lo regulado y contraviniendo normas ambientales. Vamos a hacer seguimiento junto con la sociedad civil de este caso que a todas luces ha causado un agravio al medioambiente y es una grave amenaza para la esta parte de la provincia porque esta planta está ubicada en un sector que históricamente es paso de aguas cuando se activa la quebrada Cupisnique y que derivan en el mar. Aquí hay responsables. Confiamos en el trabajo de las autoridades, especialmente del Ministerio Público”, dijo el alcalde.

Concluyó que la percepción que se tuvo es que efectivamente son varios los responsables que podrían terminar incluidos en la denuncia que debe esclarecer a los participantes en este presunto delito ambiental que se investiga.

La diligencia fue conducida por la fiscal del caso, Lastenia Acuña Raza quien llegó para tomar conocimiento en campo del presunto hecho penal, acompañada de personal de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público, la Unidad Técnica Funcional en Salud Ambiental de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, la Subgerencia de Fiscalización Ambiental y Subgerencia de Licencias y Funcionamiento de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, OEFA, Policía Nacional del Perú y el mismo alcalde Léon Pairazamán.