Con motivo del discurso oficial por el Día del Juez, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, ratificó que no aceptarán injerencias en este poder del Estado ni permitirán que se convierta en un instrumento al servicio de la política.

“Una vez más señalamos que no aceptaremos injerencias políticas, no permitiremos que se repitan episodios trágicos que, en nuestra historia republicana, convirtieron a la judicatura en un instrumento de la política”, expresó.

Tello Gilardi señaló que la independencia judicial es indispensable, pero que esta no solo se refiere a la autonomía individual de cada juez sino también a la independencia colectiva del Poder Judicial como institución.

“Esa independencia es la que garantiza que el juez no esté subordinado a influencias externas, ni políticas ni económicas, y que su función se ejerza con objetividad, imparcialidad y respeto irrestricto a la Constitución y las leyes”, refirió.  

Asimismo, explicó que el desempeño de las juezas y jueces no debe entenderse como un rol de carácter político o que está al servicio de intereses particulares.

“Nuestra labor es esencial, y exclusivamente, la defensa de la justicia y de los derechos, la justicia no es un juego de poder ni de conveniencias, es la aplicación equilibrada y justa de la ley para todas y todos, sin distinción”, indicó.

SOBRE LA CIDH

La autoridad judicial consideró preocupante la intención de retirar al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual va en contra de la línea histórica que el Perú asumió como promotor del Derecho Internacional, la seguridad colectiva y los derechos humanos.

“No debemos entender como una injerencia a la soberanía peruana los mandatos de los tribunales de derechos humanos por tratados de los que el Perú es parte”.

Recordó que nuestro país participó de manera activa en la redacción de la Carta de las Naciones Unidas (en 1945) y que formamos parte del Sistema Interamericano de Justicia, desde 1978. “El sistema de protección de derechos humanos solo se acciona cuando cualquier persona considera que no ha encontrado justicia para la protección de sus derechos en el ámbito nacional”, anotó.

REFORMA EN LA PROPIA INSTITUCIÓN

De otro lado, Tello Gilardi sostuvo que las juezas y jueces están trabajando en un proceso constante de auto reforma. “Una reforma no es un evento aislado, sino una construcción permanente orientada a mejorar la celeridad en la resolución de los casos, el acceso a la justicia y la incorporación de las tecnologías que permitan una administración eficiente y transparente”, señaló.   

Expresó su convencimiento de que se necesita una reforma que apunte a consolidar una judicatura robusta, tecnológicamente equipada, en continua transformación hacia la celeridad y la modernidad, y con un presupuesto autónomo y suficiente que no sea menor del 4 % del PBI.

Evocó las palabras del arzobispo de Lima, Carlos Castillo Mattasoglio, con motivo del Día del Juez y la Jueza, quien señaló que en una reforma judicial no puede haber lugar usos partidistas y políticos que no vayan en consonancia con las verdaderas demandas y necesidades del pueblo.

Anunció que remitirá al Congreso, una propuesta integral de reforma de la organización y funcionamiento del Poder Judicial. Adelantó que incluirán el diseño de una Corte Suprema dedicada principalmente a preservar y proteger la aplicación debida del Derecho en armonía con los principios y valores democráticos, y dejar de ser utilizada como una tercera instancia. “Esa es la reforma que planteamos desde el conocimiento pleno de nuestra realidad judicial y trabajar de manera conjunta Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial para la mejora del sistema de justicia”, remarcó.    

Consideró que uno de los retos más grandes que enfrentan las juezas y jueces es la creciente inseguridad ciudadana, pero el PJ requiere contar con herramientas, algunas de las cuales fueron recortadas como la detención preliminar, que por largos meses no pudo ser utilizada.

Calificó de preocupante el debilitamiento de la figura de la extinción de dominio pues permitirá que fortunas mal habidas ingresen a la economía, alimentando al crimen.  

“Primero, vimos cómo una ley neutralizó la eficacia de los procesos de extinción de dominio, al suprimir su autonomía respecto de otros procesos judiciales; luego, con todo respeto, el Tribunal Constitucional ha decidido que no alcance a ninguna fortuna mal habida vinculada a delitos previos al 2018”, aseveró.

También expresó su preocupación por los cambios realizados al marco normativo que sanciona el crimen organizado, por lo cual han presentado una iniciativa legislativa para revertir esta situación.

Por otro lado, Tello Gilardi saludó la aprobación y promulgación de la Ley del Sistema de Flagrancia Delictiva en mayo pasado. Solicitó a la presidenta Dina Boluarte el presupuesto para su implementación a nivel nacional, no solo para el Poder Judicial, sino también para el Ministerio Público, Policía y Defensa Pública.

SOBRE PROVISIONALIDAD

Tello Gilardi se refirió al rol de juezas y jueces provisionales. La Corte Suprema está integrada por veinte jueces titulares distribuidas en tres salas; sin embargo, existen once salas conformadas por 16 jueces titulares y 39 provisionales para atender una carga mensual que sumaría más de 15 mil expedientes. Sostuvo que estos constituyen una alternativa de solución para garantizar la continuidad de la labor judicial ante la insuficiencia de jueces titulares y creciente demanda procesal.