Producto del hallazgo del Informe de Control Específico N° 026-2024-2-2951-SCE, la Contraloría General de la República, a través de su procurador, el día 3 de diciembre de 2024, presentó ante el Juzgado de Paz Letrado de Chepén, la demanda de indemnización por daños y perjuicios contra 6 regidores de la Municipalidad Provincial de Chepén y dos funcionarios municipales por un perjuicio contra el Estado Peruano, de S/ 79 mil 602,90, más intereses legales.

La demanda señala que los regidores Mayra Stephanie Bazán Serrano, Juan Jesús Salvador de la Cruz Briones, Leidy Yasmin Diaz Paz, Hugo Hebert Diez Valdez, Silvia Lili Chang Briones, y Edgar Eduardo Tirado Cruzado, aprobaron sus dietas en la gestión 2023-2026, para hacerse efectivo en el año 2024 con la opinión viable de los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chepén, Roxana Janeth Quezada Ramos y Pedro Bernardo Aguilar Menoza, y gestionaron la ejecución de estos pagos pese a que tenían conocimiento que la entidad no contaba con disponibilidad presupuestal.

Según la demanda, este hecho consumó un incremento al margen de la normativa, lo que ocasionó un pago en exceso entre enero y junio de 2024 a los regidores provinciales y también a los alcaldes de los centros poblados del distrito capital de Chepén.

La demanda precisa que Roxana Janeth Quezada Ramos y Pedro Bernardo Aguilar Menoza, cuando ocurrieron los hechos, se desempeñaban respectivamente como jefa de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones; y jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Municipalidad provincial de Chepén.

Reseña la demanda que en sesión ordinaria del 30 de marzo de 2023, los regidores aprobaron por mayoría la fijación del monto de sus dietas para la gestión 2023-2026. Se emitió el Acuerdo de Concejo N° 018-2023-MPCH de fecha 3 de abril de 2023.

Para la toma de decisión, los regidores recibieron con anticipación el Informe 001-2023-OGPPI/MPCH  suscrito por la jefa de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, que señaló que “la entidad no cuenta con la disponibilidad presupuestal para la fijación de la nueva dieta de los regidores”. 

Igualmente, los regidores tuvieron a la vista el informe jurídico N° 167-2023-MPCH/OGAJ de la oficina de Asesoría Jurídica de la MPCH, que “declaraba viable que se considere en el presupuesto el monto de la dieta que percibirán los regidores para que sea ejecutado en el ejercicio 2024; sin considerar la ausencia presupuestal, contraviniendo lo establecido en la normatividad”.

Así, los regidores aprobaron fijar la dieta de S/ 2 745,66 mensuales, la misma que se ejecutaría en el año 2024. Para el 2023, se mantendrían con la dieta de S/ 1 521. Esta decisión alcanzó a los alcaldes de los centros poblados, pues ellos perciben el mismo monto que los regidores. En dicho acuerdo, los regidores Marco Antonio Casas Fernandes y Aurora Elena Gonzales Poémape votaron en contra, en tanto el regidor Ulfer Chávarry Balcazar, voto en abstención.

Aunque la funcionaria de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones había advertido la inexistencia de disponibilidad presupuestal al momento de que el concejo municipal tomó la decisión de incrementar las dietas para el 2024, incurrió en infracción a la normatividad porque al momento de realizar la programación multianual y formulación presupuestaria para el año fiscal 2024, no revisó y evaluó la documentación que sustentaría la planilla anualizada de las dietas de los regidores, según el acuerdo ilegal del concejo.

Para la procuraduría de la Contraloría, con dicho accionar se vulneró lo establecido en la normativa que regula la programación presupuestaria, “además aprobó las certificaciones de créditos presupuestarios, considerando el acuerdo de concejo, el mismo que no goza de eficacia por contravenir el régimen de dietas… con lo cual se habrían pagado las dietas a los regidores provinciales y alcaldes de centros poblados de la jurisdicción de la entidad”.

De esta manera se pagó en exceso a los regidores S/ 64 mil 906,98 y a los alcaldes de los centros poblados S/ 14 mil 695,92, en el periodo de enero a junio de 2024.

Tal como informamos el 8 de mayo, cinco de los 6 regidores denunciados por la Contraloría, solicitaron al alcalde Julio Correa Chávez, que la Municipalidad Provincial de Chepén, pague los costos de defensa legal. Inicialmente, con informe de asesoría jurídica de por medio, el 20 de marzo el alcalde emitió Resolución de Alcaldía, declarando improcedente el pedido. Recibido un pedido de reconsideración de los regidores, el 9 de abril, el alcalde con un nuevo informe de asesoría jurídica, accedió para que la MPCH asuma el pago de la defensa legal de los regidores en este caso en el que infringieron la ley.

La demanda de la Contraloría contenida en el proceso abreviado con expediente 00289-2024-0-1603-JP-CI-01, exige al juzgador que los demandados paguen solidariamente la indemnización. De ser acogido el pedido, los 6 regidores y los dos funcionarios tendrían que pagar S/ 9 950,36 más intereses que se generen.