La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso aprobó, por mayoría, un informe preliminar que concluye que la presidenta de la república, Dina Boluarte, habría incurrido en abandono de funciones debido a una intervención quirúrgica. El documento también recomienda evaluar su suspensión temporal.

“Este informe preliminar se enmarca en un presunto abandono de funciones por parte de la presidenta Dina Boluarte, debido a su ausencia durante un periodo significativo del ejercicio del cargo. Esta ausencia se habría producido como consecuencia de una intervención quirúrgica —presuntamente de carácter estético—, realizada sin la debida comunicación ni autorización del Congreso de la República”, señaló el congresista Juan Burgos Oliveros (PP), presidente de ese grupo de trabajo.

De acuerdo con el informe, la mandataria habría estado inhabilitada para ejercer sus funciones entre 2 y 12 días, como resultado del procedimiento quirúrgico al que se habría sometido, según consta en el reporte operatorio. Esta inactividad habría afectado la continuidad del mando y la toma de decisiones en el Ejecutivo, lo que podría constituir una afectación directa al normal desempeño de la más alta magistratura del país.

“El reporte operatorio constituye una parte sustancial de toda historia clínica. Es un documento clave, ya que detalla con precisión los procedimientos realizados, el equipo médico interviniente, la fecha y las condiciones clínicas de la paciente. Hasta la fecha, no ha existido una declaración oficial que refute categóricamente la veracidad de esta intervención ni una explicación convincente sobre las circunstancias que rodearon la ausencia de la presidenta de sus funciones durante ese periodo”, indicó Burgos Oliveros.

Asimismo, el informe plantea que la presidenta habría incurrido en una presunta incapacidad moral permanente, contemplada en el artículo 113, inciso 2, de la Constitución Política del Perú. Esto se basaría en una conducta reiterada de faltas a la verdad, presunto encubrimiento, uso desproporcionado de la fuerza y posibles actos de corrupción.

También se menciona una presunta infracción constitucional, ya que la presidenta habría permanecido internada, además de haber gozado de 12 días de descanso médico, sin comunicarlo oficialmente al Congreso, incumpliendo así sus deberes constitucionales.

“Según la información recopilada durante el proceso de indagación, la presidenta Dina Boluarte se habría sometido a un procedimiento estético que incluyó la colocación de hilos tensores, injerto de grasa en la zona malar, blefaroplastia y otros tratamientos faciales. La intervención habría durado aproximadamente dos horas y media, bajo probable sedación, y con una internación de más de dos días en la clínica Cabani”, precisó el presidente de la comisión.

Además, se menciona que, de acuerdo con la revisión de la agenda oficial de la Presidencia de la República, no se registraron actividades oficiales entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023. El retorno oficial de la presidenta a sus funciones recién se registró el 10 de julio.

A su turno, el congresista Carlos Zeballos Madariaga (BDP) señaló: “A Pedro Castillo se le buscó una vacancia por menos imputaciones. En este caso, hay múltiples indicios que evidencian una falta de capacidad moral para ejercer el cargo”, expresó.

Presentación de Otárola

La Comisión de Fiscalización y Contraloría recibió, nuevamente, al expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda, quien informó sobre las acciones desarrolladas entre el 29 de junio y el 10 de julio de 2023. Asimismo, abordó la reunión sostenida con la presidenta tras su renuncia, en la cual se discutió su responsabilidad en el caso Rolex y el presunto seguimiento por parte de personal de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) a su persona.

Otárola denunció que viene siendo acosado por el Gobierno, y que agentes de inteligencia de la PNP  estarían realizándole reglaje, es decir, seguimiento ilegal. También mencionó que se estaría buscando información sobre sus familiares más cercanos.

Acusó al actual presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, de haberse convertido en vocero del empresario Samir Villaverde, al repetir en reiteradas ocasiones sus acusaciones.

Finalmente, durante la sesión, el congresista Burgos Oliveros preguntó si la presidenta de la república comunicó formal o informalmente al Consejo de Ministros, o a su entonces presidente, sobre el procedimiento médico. Otárola respondió que no lo hizo. “No solo lo digo yo, sino que así lo ha manifestado la señora Dina Boluarte ante el Ministerio Público”, aseguró.