La fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, respondió a las acusaciones que lanzó la presidenta Dina Boluarte Zegarra, quien calificó como un “golpe de estado blanco“ el hecho de que el ministro del interior, Juan Santiváñez, haya enfrentado el allanamiento judicial de su vivienda y sus oficinas por presunto abuso de autoridad al ordenar ‘controlar’ a un periodista.

Cabe anotar que Santiváñez y D. Boluarte tienen abierta también una investigación preliminar por su presunta participación en facilitar la huida del prófugo Vladimir Cerrón, en el caso conocido como ‘Cofre’.

La respuesta de la fiscal Espinoza fue rechazar las expresiones de D. Boluarte y defender su autonomía. 

“Acá no hay poder que se imponga a otro”. 

Invocó a D. Boluarte, no perder los papeles y colaborar con la justicia por la investigación que mantiene por el caso Cofre. 

“Pido que guarde la compostura, que no pierda los papeles y, si desea colaborar con la justicia, debe dar el buen ejemplo y (hoy) a las 9 am la estamos esperando para continuar con la re reprogramación de su declaración (caso ‘Cofre’) (…) Debe declarar y transparentar porque los más altos funcionarios estamos obligados”, expresó.

Siguió: “Lamento las expresiones destempladas y nerviosas de la señora presidenta, a quien siempre vamos a respetar por la investidura, pero pido también que respete al Ministerio Público, defensor de la legalidad. Un presidente tiene que saber guardar las formas y saber también, a veces, controlar las emociones. Todos podemos ser investigados en un debido proceso”.

Enfatizó que el allanamiento judicial que se ejecutó en la vivienda y oficinas de Santiváñez “no es abuso de autoridad, no es extralimitación ... porque nosotros somos controlados por la judicatura. Entonces, ¿por qué no se critica al juez que autorizó el allanamiento? Es un mensaje un poco extraño, porque se ataca al Ministerio Público con algunas afirmaciones muy lamentables, pero, ¿por qué no se dice nada del juez? El juez es el que decide si hay o no hay allanamiento, si hay o no razones legales. Si nos ha autorizado es porque hay razones”. 

Reacción de invesigados

“Nosotros estamos acostumbrados [a] que cuando realizamos investigaciones importantes, cuando estamos avanzando en buena manera en nuestras investigaciones, puede haber reacciones justificadas o injustificadas, eso ya se verá, de los denunciados. Hasta el momento, en toda mi carrera he tenido cientos, ya perdí la cuenta, de denuncias de muchos investigados, pero todas terminaron archivadas. Entendemos que es una reacción lógica, pero nosotros seguimos el debido proceso. Puede ser una reacción nerviosa, preocupada o simplemente para que no sigamos, pero yo quiero dejar en claro que seguimos el estado de derecho con un debido proceso, objetivamente, con elementos de prueba, con elementos de convicción”, sostuvo en respuesta a los ataques verbales que vienen recibiendo.

Aclaró sobre la medida judicial que ordenó el allanamiento contra Santiváñez.

“Acá no hay represalia ni persecución política. No soy política, el Ministerio Público no es político, somos un órgano constitucionalmente autónomo, técnico-jurídico, que se entienda bien. Nosotros no hacemos política, y si quieren politizar la justicia es responsabilidad de cada uno. Nosotros estamos presentando todo muy sustentado. ¿Por qué no se denuncia también al juez que autorizó el allanamiento? Porque el juez es el que autoriza. Eso es lo extraño. Se denuncia a mí, pero no al que autorizó”.

Reiteró: “Lo que hemos hecho simplemente es cumplir con una formalidad, porque el factor sorpresa se esfumó, se diluyó, ya no hay, porque la razón de ser de un allanamiento es el factor sorpresa para encontrar elementos que estén vinculados a nuestra investigación”.

Lamentó que la medida resulte infructuosa porque se había filtrado el allanamiento contra Santiváñez.

Dato

El Poder Judicial evaluará el próximo 11 de marzo el pedido de impedimento de salida del país contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien es investigado por la Fiscalía de la Nación por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad.