En la Audiencia Pública “La Contraloría Te Escucha” organizada por la Contraloría General de la República se presentaron los resultados de los servicios de control ejecutados en los distritos de San Pedro de Lloc, Pacasmayo, Guadalupe, San José y Jequetepeque, además de brindar un espacio para que los ciudadanos puedan presentar alertas relacionadas al uso inadecuado de los bienes y recursos públicos en las instituciones públicas.

La audiencia se realizó este miércoles 28 de agosto, en el salón de reuniones de la Junta de Usuarios Jequetepeque, en Guadalupe.

De acuerdo al informe del trabajo realizado por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, dependencia de la Contraloría en la jurisdicción, durante el año 2023 se formularon 148 informes correspondientes a los cinco distritos de la provincia.

De la totalidad de las intervenciones, 116 fueron control simultáneo. 

Este servicio de control se realiza durante la ejecución de un servicio administrativo, una obra, u otra prestación al Estado. No se espera que culmine, sino que simultáneamente al procedimiento, la Contraloría realiza un acompañamiento. En este tipo de servicios, no se identifican responsabilidades, sino situaciones adversas que luego se comunica al titular de la entidad para que se corrija inmediatamente y no se llegue al perjuicio al Estado.

 

Por otro lado, se realizaron 32 controles posteriores; un servicio que se realiza una vez concluído el procedimiento, obra o contratación, salvo excepciones, se explicó. Señalaron que se identifican responsabilidades administrativas, civiles o penales.

Los funcionarios continuaron disgregando los tipos de servicio de control, indicando que de los 116 controles simultáneos realizados en la Provincia de Pacasmayo en el 2023, 29 fueron en la municipalidad de Guadalupe; 20 en la de Jequetepeque; 25 en la de Pacasmayo; 18 en la de San José; y 24 en la Municipalidad Provincial de Pacasmayo - San Pedro de Lloc.

Principales cifras

De igual modo se detalló que de los 32 servicios de control posterior, 5 fueron en la municipalidad de Guadalupe, 3 en Jequetepeque, 4 en Pacasmayo, 3 en San José y 17 en la MPP-San Pedro de Lloc.

 

Respecto del porcentaje de intervenciones a entidades sujetas a control en el 2023, se indicó que el 23% correspondía a la MPP; 21,6% a la municipalidad de Guadalupe; 14,9% a la distrital de Pacasmayo; 13,5% a la distrital de Jequetepeque; 13,5% a San José; 4,1% a la Red Salud Pacasmayo; 4,1% a la Ugel Pacasmayo; 3.4% a intervenciones del GRLL en la provincia; y otras específicas como la posta médica de San José, la Beneficencia Pública de Guadalupe y la Beneficencia Pública de San Pedro de Lloc.

La temática con mayor incidencia (27,7%) fue referida a Transparencia, seguida de Contrataciones del Estado (16,9%); Obras Públicas (13,5%); Programas Sociales (12,8%); Finanzas Públicas (10,8%). En menores incidencias estuvieron Gestión de Riesgos, Contratación de Personal, Servicios de Salud, Control Interno, Bienes del Estado y Servicios Públicos.

Perjuicio económico

De acuerdo a la información ofrecida en la exposición, en la provincia de Pacasmayo durante el año 2023 se detectó un perjuicio económico al estado de S/ 593 mil que se arrastran de acciones irregulares revisadas y encontradas en los años precedentes, varios en los gobiernos salientes y algunos en los entrantes.

Este perjuicio, naturalmente viene acompañado de la determinación de presuntas responsabilidades civiles, administrativas a nivel de entidad, administrativas sancionadoras, y penales.

Reiteraron que es en los controles posteriores en los que se determinan presuntas responsabilidades. De todos los casos en 1 fue hallada responsabilidad en 1 alcalde provincial, en 11 regidores, en 4 alcaldes distritales y en 24 regidores distritales.

Casos principales

Entre los casos principales figuran la adquisición de un premio para sorteo de pago puntual de obligaciones tributarias del impuesto predial y arbitrios municipales en el 2021, durante el gobierno de Víctor Raúl Cruzado Rivera. Se determinó que la MPP adquirió una mototaxi por un importe mayor al acordado en sesión de concejo. Se compró considerando una marca específica, con mayores costos e infringiendo normativas. 

El 2022, también en el gobierno de Cruzado Rivera, en la licitación para la obra de recuperación del local de la IE 80379 de Buenos Aires, se asignó al postor Consorcio Educativo CC un puntaje mayor al que le correspondía para otorgarle la buena pro.

 

En la Municipalidad Distrital de Guadalupe se detectó que el gobierno del alcalde Benjamín Banda Abanto, se contrató a una persona con impedimento por mantener vínculo familiar con el entonces alcalde Víctor Raúl Cruzado Rivera, “afectando la legalidad de los actos de la administración pública y el principio de integridad que rige las contrataciones del Estado”.

Similar situación se produjo en la Municipalidad Distrital de Pacasmayo en la gestión del ex alcalde César Milla Manay. Se contrató a un proveedor con impedimento por mantener vínculo con un regidor”, indica textualmente el informe de la Contraloría.

Durante el 2023 también se detectó que, en el año 2022, la gestión del alcalde Cruzado Rivera contrató funcionarios de confianza que no cumplían el perfil profesional para el cargo.

Otro de los casos más sonados en la MPP tratado por la Contraloría, fue el perjuicio económico de S/ 65 mil por omitir el registro de operaciones en el SIAF cobrando cheques perpetrado por el trabajador de la subgerencia de tesorería del gobierno de Cruzado Rivera, que omitió el registro de operaciones del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del MEF y se emitió 2 cheques desde la cuenta de retenciones. Se determinó que hubo apropiación de fondos públicos confiados en razón del cargo.

Otros casos fueron del año 2019, cuando en la MPP se perjudicó económicamente por S/ 22 mil a la municipalidad por tramitar licencias de regularización, sin requerir el pago de multa. El perjuicio económico se descubrió, fue de 22 mil 512,38.

También se reportó que se causó perjuicio de S/ 23 mil a la MPP cuando el entonces gerente de Administración Financiera de la MPP San Pedro de Lloc giró pagos a sus cuentas personales, apropiándose de estos, entre los años 2020 y 2022 en el gobierno de Cruzado Rivera.

Otros incumplimientos fueron los de no presentar relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar declaración jurada de ingresos bienes y rentas.

En diciembre de 2022 y enero 2023 la municipalidad de Jequetepeque no registró las órdenes de compra. Similar omisión en el mismo lapso fue detectada en la Municipalidad Distrital de Guadalupe; y en la de San José.

Otros informes de orientación se realizaron para la municipalidad de Guadalupe por no designar al funcionario responsable del monitoreo de la implementación de recomendación de la Contraloría señalados en los informes respectivos. Lo mismo ocurrió con las actuales gestiones de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo y la Municipalidad Provincial de Pacasmayo. 

La MPP fue pasible de un informe de orientación de oficio porque no transfirió la asignación económica de febrero a los centros poblados de su jurisdicción.

La lista es larga y continúa  con las irregularidades en documentos de las unidades vehiculares de la MD Jequetepeque; le sigue la contratación irregular de funcionarios sin observar los requisitos.

En la MD Jequetepeque se halló el expediente de un funcionario contratado que incluyó presunta documentación falsa.

En el distrito de San José, se mantuvo la instauración de servicios de control en la obra de la construcción del Centro de Salud, que se ejecuta por más de S/ 22 millones. 

Además irregularidades como la falta de documentación en el repositorio de la MD Guadalupe, que ocasionó informes sobre la obra Puente Pontón La Bóveda.

También se detalló en septiembre 2023, un informe de control en la MD San José sobre el desabastecimiento de medicamentos, la falta de mobiliario en la posta del distrito.

Finalmente entre las más saltantes se tuvo el informe 013-2024-OCI/0421-SCC que alertó el trámite de valorizaciones de partidas no ejecutadas en la obra del centro de salud San José, ejecutada por la empresa Better Health para la municipalidad de San José.