A propósito del aparente imparable proceso de ejecución del proyecto de exploración y explotación de Anadarko sobre los lotes Z-61, Z-62 y Z-63, ubicados en el zócalo continental, frente a las costas de Lambayeque y La Libertad, compartimos apuntes de interés.
Si bien es cierto los pasivos ambientales que se cifran sobre la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos no puntualiza actores, vale la pena conocer algunos de los más sonados casos a nivel global que apuntan a empresas, entre las cuales se encuentra un antecedente de la petrolera Anadarko.

Según reseña El Economista de México, en abril del 2014, se informó de la obligación que tuvo que aceptar Anadarko para pagar US$ 5,150 millones de dólares para poner fin a demandas por la contaminación generada por su filial Kerr-McGee en los Estados Unidos. Esta información procedía del mismo grupo empresarial, recogida por El Economista (https://shorturl.at/t7idf).

De acuerdo a la información que emitió El Economista, “La disputa se refiere a denuncias de que su filial petroquímica Kerr McGee dejó lugares contaminados en todo Estados Unidos, algunos de ellos con sustancias radioactivas como uranio y torio, y otros con toxinas que penetraron en los terrenos y el agua… Entre los beneficiarios de la multa hay más de una docena de estados y la Nación Navajo”, precisa El Economista de México.

Un estado sin reflejos

En el contexto de los lamentables pero interminables accidentes ambientales que vive el mundo, Perú ha tenido los suyos y de magnitudes que han provocado la atención global. Tal es el caso del derrame de petróleo ocurrido en el 2022 por la empresa Repsol. Se derramaron al mar y a las costas de Lima más de 11 mil barriles de crudo, provocando un gravísimo impacto para el medio ambiente y comunidades locales.

Los espacios afectados nunca serán lo mismo, la “recuperación” nunca es total y el daño queda en secuelas por décadas, sino por centurias, y en este escenario la respuesta del estado peruano ha sido deficiente, cómplice y hasta corrupta en perjuicio de los ciudadanos.

Es una realidad que el Perú requiere miles de millones de soles para intentar remediar los pasivos ambientales a nivel nacional.

Esto fue reafirmado en el encuentro minero “Retos y Oportunidades en torno a pasivos ambientales, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú”, realizado en abril del 2024.

El portal del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, en una publicación hecha el 18 de abril de este año (https://shorturl.at/ydCWq) indica que entre el año 2007 y 2023, se invirtieron cerca de S/ 1 mil millones de soles para remediaciones ambientales.

Añade que el país aún requiere de unos S/ 3 mil millones más para remediar todos sus pasivos ambientales que han sido calculados en 6,128 casos.

No puede dejar de señalarse que el Estado tiene mucho que ver y poco ha hecho para evitar o remediar los pasivos ambientales.

Según el informe publicado en 2020 por Convoca.pe (https://shorturl.at/l2ILJ), “Nueve años después de recibir el encargo de gestionar la limpieza de los lugares contaminados, el Ministerio de Energía y Minas dice que no ha podido hacerlo. Tampoco le ha sido posible identificar a las empresas privadas responsables de estos sitios de riesgo, principalmente, pozos petroleros mal abandonados. Este paso es clave, pues las operadoras señaladas deben financiar la rehabilitación. De momento, el ministerio ha priorizado la remediación de 15 pasivos, un proceso que costeará con dinero público”. 

¿Puede decirse que el Ministerio de Energía y Minas hoy exhibe un mejor desempeño con toda la manipulación política que padece el aparato estatal en general? La respuesta cae sola. Haber desatado a la minería ilegal para que haga lo que le plazca en el país, lo dice todo.

El informe de Convoca.pe, pinta de cuerpo entero la capacidad del estado peruano para proteger a sus ciudadanos señalando que  en el distrito de Zorritos, en Tumbes, hay un pozo de dos metros cuadrados ubicado en una de sus lomas donde de un tubo negro brota agua muy caliente desde las profundidades del suelo. Añade que “por ratos, salen gases inflamables que se convierten en fuego. El agua discurre hacia una piscina contigua en la que los visitantes, en traje de baño, chapotean, creyendo que sus cuerpos están absorbiendo minerales saludables. Se trata de un pozo de exploración petrolera que fue abandonado en 1965 por la empresa GMP en busca de hidrocarburos. Se fue del lugar sin tapar el agujero.

Es cierto que en esa época las compañías petroleras podían hacer y deshacer sin dar cuenta a una autoridad ambiental, sin embargo actualmente dar cuenta ya no es suficiente. El pozo terminó convertido en un atractivo y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) lo incluyó en el Inventario de Recursos Turísticos del Perú en la categoría de “sitios naturales”.

Pero en el 2014, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) analizó el agua en la que se bañaban los turistas “y encontró arsénico, un metal considerado cancerígeno, en una proporción que superaba lo permitido en 1708%; boro, otro químico, que sobrepasaba el estándar en 11989%; y bario, que superaba el máximo en 761%. En una escala de riesgos para la salud del 1 al 25, los inspectores le pusieron 25”. 

Ese es el cuidado que el estado provee a los ciudadanos ante los riesgos que se imponen por interés económico por sobre las razones ambientales sustentadas.

Razones de los pescadores y ambientales

Los pescadores artesanales reclaman por la posible afectación a su trabajo y a la seguridad alimentaria de la población, aunado a los potenciales perjuicios ambientales. 

En los últimos días, a través de sus dirigentes han expuesto el presunto efecto que ha tenido la adquisición sísmica 3D realizada por Anadarko frente a nuestras costas. La súbita desaparición del bonito y con ello la caída abrupta de ingresos para los pescadores se ha expresado sin miramientos en los últimos días.

Estas consideraciones coinciden con las razones que exponen organizaciones ambientales como Oceana, que tiene una posición clara respecto de la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos en el mar peruano.

Oceana, en un artículo publicado en noviembre de 2023 (https://shorturl.at/tvE6w), recuerda que “El mar peruano es uno de los más ricos y productivos del mundo. Es el hogar de importantes pesquerías como la anchoveta, el perico, la pota y muchas otras, que contribuyen significativamente a la economía y alimentación nacional. Además, es esencial para la calidad de vida de las comunidades costeñas y los pescadores artesanales, los cuales proveen más del 80% de los productos marinos que los peruanos consumimos. La explotación de hidrocarburos en este territorio plantea serios riesgos para este valioso ecosistema y pueden perturbar su equilibrio.” La quema de combustibles fósiles contribuye al deterioro del medio ambiente global y en ese sentido, la explotación que viene luego de la exploración equivale a convertirnos en actores activos de esa contaminación destructiva.

Oceana pone como primera consideración que se debe “Detener la expansión de la explotación de hidrocarburos en el mar peruano para proteger el capital natural que sustenta la economía pesquera nacional, algo que no comparte Perupetro, el brazo estatal promotor del proyecto.

En un escenario ideal, Oceana considera que se debe “Incorporar los mejores estándares internacionales en las operaciones en curso, para reducir los riesgos de accidentes y garantizar herramientas adecuadas para abordar cualquier imprevisto”. Sin embargo, la realidad muestra que el Estado no es capaz, ni evidencia intenciones de querer serlo.