El Jurado Nacional de Elecciones evalúa el escrito de queja presentado por el ciudadano Leonardo Jerry Malón Aguilar, por defecto de tramitación de la Municipalidad Distrital de Guadalupe sobre su pedido de suspensión por 60 días del alcalde Juan Alberto Castañeda Llanos por infracción al artículo 133 de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972.

El escrito fue ingresado por Malón Aguilar el 22 de mayo por mesa de partes virtual de JNE y es evaluado por el máximo organismo electoral.

La queja se sustenta en que, pese a haber pasado más de siete días hábiles, el alcalde Castañeda Llanos, abogado de profesión, no ha emitido el acuerdo de concejo resultado de la sesión celebrada el 10 de mayo, en la que el pleno de regidores rechazó la suspensión del alcalde por 60 días.

El quejoso agregó que hasta la fecha de ingresado su escrito al JNE, tampoco se le notificaba el acuerdo de concejo, pese a haber transcurrido el mismo plazo que el motivo anterior, previstos en la LOM.

Argumenta Malón Aguilar que el alcalde Castañeda Llanos es el obligado a emitir el acuerdo de concejo que formaliza la decisión adoptada por el concejo, librándolo de la responsabilidad que motivó su queja, el no haber transferido dentro del plazo de ley, los recursos económicos que corresponde a los centros poblados a inicios del año 2023.

Malón añade, en su escrito, que además de emitir el acuerdo, el alcalde es responsable de disponer que la secretaría general notifique al solicitante el acuerdo de concejo a fin de hacer valer su derecho de impugnación.

Advierte que la omisión o retraso en el que incurre el alcalde Castañeda Llanos, supone una responsabilidad penal que podría ser denunciada.

Pide al JNE que ordene al alcalde cumplir con su obligación de emitir el acuerdo y notificarlo.

Evalúa denuncia penal

Consultado el ciudadano Leonardo Jerry Malón Aguilar sobre el caso, indicó que hasta ayer lunes 27 de mayo, la situación se mantenía inalterable. Y todavía no se le notificaba el acuerdo de concejo, lo que dejaba abierta la puerta de una denuncia penal contra el alcalde por omisión de funciones.

Malón Aguilar añadió que la renuncia de la secretaria general, abogada Susan Claudia Gonzales Pozo, estaría asociada a su pedido ante el JNE de exigir la emisión del acuerdo y la notificación.

Según indicó, la secretaria general le habría pedido al alcalde firmar el acuerdo de concejo para notificarlo dentro de los plazos de ley. La respuesta del alcalde habría sido que no lo haría hasta que él lo considere oportuno.

Esta respuesta habría obligado a la abogada Gonzales Pozo a renunciar al cargo, pues ya tenía apercibimientos del Jurado Nacional de Elecciones por su desempeño funcional; y no quería exponerse a recibir alguna sanción que quedaría en su legajo personal.

Las explicaciones de que la secretaria general de la MDG renunció por una mejor oferta laboral en otro lugar sería una excusa para maquillar la verdadera razón de su salida, declaró Malón Aguilar.

Actualmente, dijo, se ha deslizado que la asesora legal hace de secretaria técnica de procesos administrativos, secretaria general y asesora legal, abonando al escenario caótico y de descontrol que existe dentro de la gestión Castañeda, concluyó Malón Aguilar.