Como se ha hecho habitual, los centros educativos obligan a las madres y a los padres de familia a seguir un circuito en el que la parada en el pago de la cuota por Apafa es obligatorio, aunque digan lo contrario. El cobro se hace dentro de los planteles, y no hay forma de evitarlo, porque -aunque se niegue- es parte del proceso que obligan a seguir para registrar la matrícula de un escolar.

El gerente regional de Educación, Martín Camacho Paz, y el director de la Ugel 2 La Esperanza, Carlos Chang, verificaron la irregularidad en dos centros educativos de esa jurisdicción.

Según se ha informado, mediante nota de prensa, las inspecciones inopinadas continuarán en diversos planteles de la región La Libertad «para detectar situaciones adversas que puedan afectar el proceso de matrícula 2024 ».

La primera inspección que detectó algunas irregularidades se realizó en La Esperanza y Huanchaco. En la IE José Olaya, los funcionarios verificaron que se estaba cobrando 30 soles por concepto de «afianzamiento», como parte del proceso de recuperación de los alumnos desaprobados.

El gerente Martín Camacho Paz recordó al director del plantel que la educación es gratuita y que los referidos cobros están prohibidos; asimismo que el afianzamiento debería llevarse en marzo, cuando los profesores se reintegran y pueden afianzar a los alumnos gratuitamente.

En el colegio 81773 Simón Bolívar, del CP El Milagro, en Huanchaco, las madres de familia denunciaron que para matricular a sus hijos se les exigía el pago de la APAFA y que para acreditar eran obligadas a presentar voucher de pago.

Por este caso, Camacho reiteró que la matrícula es gratuita y que el pago de la APAFA no es un requisito para las matrículas. Igual repitió que no se debe cobrar por afianzamiento de los cursos desaprobados.

En la nota de prensa de la GRELL, se precisa que «Camacho Paz señaló que estas prácticas son ilícitas y aseguró que de persistir las denuncias a pesar de haberse levantado el acta correspondiente junto al director de la UGEL 2 La Esperanza, se tomarán medidas administrativas en contra de los directores que vulneren los derechos de los estudiantes».

Camacho pidió a los profesores «comprometerse con la educación de sus estudiantes y que los padres de familia participen activamente en la educación de sus hijos».