Se detectó incumplimientos en el servicio de alimentación que se había contratado.

El establecimiento penitenciario de San Pedro de Lloc es uno de los tres penales de la región La Libertad donde la Contraloría detectó incumplimientos en el servicio de alimentación que se había contratado, causando un perjuicio económico que, en total, supera el cuarto de millón de soles.

La Contraloría halló que funcionarios y servidores del INPE otorgaron conformidades a la prestación del servicio de alimentación de tres los penales de Trujillo Varones, Trujillo Mujeres y de San Pedro de Lloc, sin advertir que la empresa contratista no cumplió con la cantidad ni permanencia de personal clave propuesto. Esto ocasionó un perjuicio de 275 mil 737.09 soles por pago de honorarios y la no aplicación de penalidades por el incumplimiento del personal.

Se otorgaron conformidades sin advertir que la empresa contratista no cumplió con personal propuesto.

Mediante el Concurso Público 001-2021-INPE/ORNCH la Oficina Regional Norte Chiclayo del INPE contrató el “Servicio de alimentación para los internos (as), niños y personal INPE que labora 24x48 horas de los establecimientos Trujillo Varones, Trujillo Mujeres y Pacasmayo del Departamento La Libertad“.

La contratación se hizo con la empresa Dayann Brigh EIRL (RUC 20480731230) mediante contrato 036-2021-INPE-ORNCH del 23 de diciembre 2021 por el monto de 11 millones 808 mil 261 soles por 5979 raciones diarias por el lapso de 365 días, en los tres penales mencionados.

De este total, corresponde al penal de Trujillo Varones 5446 raciones diarias, a un costo de 10 millones 749 mil 396 soles. Al penal de Trujillo Mujeres le correspondía 415 raciones diarias, por el monto de 822,345 soles. Y para el penal de la provincia de Pacasmayo 118 raciones diarias, por 236,520 soles.

Incumplimiento respecto al personal

La Contraloría detectó que la empresa contratada presentó al mismo personal clave (titular y remplazante) para dos establecimientos penitenciarios. Se trata del nutricionista, gastrónomo y dos representantes, a pesar de que su presencia física en los penales era obligatoria y en forma diaria.

Asimismo, se evidenció que en algunas fechas y en los dos establecimientos penitenciarios de Trujillo, el contratista ingresó personal clave adicional y de remplazo sin tener en cuenta que debía acreditar documentalmente su formación académica, capacitación y experiencia mínima del cargo, de acuerdo a lo requerido en las bases integradas.

A esto se suma que la unidad vehicular de placa M5U808, ofertada por el contratista para la distribución de los víveres en los tres penales era un frigorífico con capacidad de 2 mil kilos, pero este mismo fue propuesto para la ejecución del servicio de alimentación (en el mismo periodo) en los establecimientos penitenciarios de Chiclayo y Tumbes.

La Contraloría detectó que la empresa usó otras unidades vehiculares para el servicio de distribución de víveres, “corroborándose así que el equipamiento estratégico ofertado por el contratista no fue brindado de forma continua“.

La comisión auditora también verificó que, durante la ejecución del servicio, el personal clave asignado a los penales de Trujillo y Pacasmayo incumplió de manera reiterada el horario de trabajo.

Personal de INPE no cauteló que se cumpla contrato

Sin embargo, “los Equipos de Control de Alimentos de los Establecimientos Penitenciarios de Trujillo Varones, Trujillo Mujeres y Pacasmayo, no cautelaron el debido cumplimiento de lo establecido en las bases integradas“.

El personal responsable de la supervisión, evaluación y control del servicio de alimentación de estos tres penales “otorgaron conformidades a la prestación del servicio de alimentación de los establecimientos penitenciarios Trujillo Varones, Trujillo Mujeres y Pacasmayo, sin advertir que el contratista no cumplió con la cantidad y permanencia de personal clave propuesto ocasionando un perjuicio de S/257,737.09 por pago de honorarios e inaplicación de penalidades por inasistencia y/o permanencia de dicho personal“.

Asimismo suscribieron actas únicas de supervisión por el servicio de alimentación en las que “no se consignaron la aplicación de penalidades, a pesar que el contratista no cumplió con la cantidad y permanencia del personal clave propuesto a tiempo completo (...) generando que se incluya la totalidad del pago de honorarios, a pesar que no asistieron de manera permanente”.

La Contraloría incluye el detalle de los incumplimientos del personal del contratista en los tres establecimientos para calcular el perjuicio económico y la penalidad.

Responsabilidades civiles y administrativas

Por los hechos expuestos 17 funcionarios y servidores del INPE que entre el 27 de diciembre de 2021 y el 27 de diciembre de 2022 integraron los Equipos de Control de Alimentos en los penales de Trujillo y Pacasmayo habrían incurrido en responsabilidades civiles y administrativas.

El Informe de Auditoría N° 047-2023-2-5342-AC, consta de 9726 folios y está fechado 8 de setiembre.

Ha sido enviado al presidente del Consejo Nacional Penitenciario - INPE, a quien se recomienda iniciar procedimientos administrativos contra los involucrados; y al Procurador Público de la Contraloría para el inicio de las acciones legales civiles.

Empresa tiene contratos hasta 2024 con INPE

La empresa Dayann Brigh EIRL (RUC 20480731230) declara dirección en el distrito San Martín de Porres, Lima. Su propietaria es Miriam Salazar Talledo.

La empresa tiene numerosos contratos con el INPE.

Los tres últimos contratos son de este año 2023 con vigencia contractual hasta el 2024, firmados con la Dirección General Norte Chiclayo del INPE para atender con alimentación a los penales de Chiclayo por un monto de 8 millones 475 mil 300 soles; al penal de Tumbes por 2 millones 576 mil 900 soles; y a los penales de Piura y Sullana por la suma de 8 millones 980 mil 861.5 soles.

Acceda aquí al Informe de Auditoría N° 047-2023-2-5342-AC de la Contraloría.