El incremento de asesinatos, principalmente producto de ajustes de cuentas y actividad de sicarios en la provincia de Chepén, sumado a otros hechos delictivos que han remecido a la comunidad, ha impulsado al Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) tomar acuerdo para solicitar a la Presidencia del Consejo de Ministros que se declare estado emergencia en la provincia por alta inseguridad ciudadana.

La decisión tomada en la última reunión del Coprosec fue comentada por el alcalde provincial Julio Correa Chávez en entrevista concedida a Últimas Noticias, en circunstancias en las que se conocía de un nuevo asesinato a tiros en el distrito de Pueblo Nuevo, sector El Huanábano.

El burgomaestre dijo: “Hemos sido testigos de un hecho execrable, un ciudadano de Pueblo Nuevo ha sido asesinado por sicarios. Es muy lamentable y preocupante. Justo en la última reunión de Coprosec, en la cual hemos participado las autoridades policiales, judiciales, Ministerio Público, hemos podido observar que la provincia de Chepén está en el ranking N° 8 a nivel nacional de las ciudades más peligrosas. Somos testigos de cómo todos los días ocurren estos hechos”.

“Entonces, como Coprosec estamos tomando acciones articuladas, con el Ministerio Público, el Poder Judicial, con las mismas fuerzas policiales, para ver si en un corto plazo logramos que la provincia de Chepén sea declarada en emergencia”, añadió.

Según indicó ya se ha elevado el escrito a diversas instancias, “a la Corte Superior, al Ministerio del Interior, a la PCM en el cual ellos pueden validar porque es una información que nos brinda el mismo Ministerio del Interior en el cual la provincia de Chepén ocupa el lugar número 8 a nivel nacional en el incremento de estos actos delictivos como el sicariato y la extorsión”.

El alcalde espera que se dicte la emergencia y que la medida mejore la dotación de las fuerzas del Estado contra el crimen. Pero principalmente confían en una posible llegada de personal del Ejército Peruano para apoyar el trabajo policial.

“Sería para que ocurra lo que está pasando en lugares donde se ha declarado estado de emergencia, como San Martín de Porres, Sullana, San Juan de Lurigancho, en donde se puede apreciar ya en horas de la noche la participación del Ejército Peruano desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, horas en las que ocurren estos execrables hechos”, agregó.

Opinó que las actividades delictivas disminuyen con la participación conjunta de la policía y el ejército.

“Con la declaratoria de emergencia algunas garantías personales quedan suspendidas. Así el ejército y la policía pueden intervenir en situaciones en las que se presume que van a ocurrir estos atentados”.

Se refirió al bajísimo porcentaje de ciudadanos que siendo víctimas de los delincuentes no acuden a formular denuncia, específicamente quienes son extorsionados.

“También hemos visto en los indicadores de todos los actos de extorsión, que solo el 20% hacen denuncia. El 80% no denuncia los actos de extorsión que sufren. Esto permite que este accionar delincuencial siga acrecentando. Pido a la población que confíe en su policía. Ellos, como profesionales de la seguridad interna de nuestro país, ya encaminarán las acciones que correspondan para dar con estas personas involucradas en estos actos delictivos”, expresó.

Respecto del trabajo que despliega el cuerpo del serenazgo municipal, indicó que “Se está trabajando de manera articulada con la policía. Un personal policial acompaña a las unidades móviles de seguridad ciudadana de la provincia de Chepén”.

Datos

1. Desde el año pasado se han hecho más frecuentes las declaratorias de emergencia por alta inseguridad en las provincias de Chepén y Pacasmayo.

2. Con Acuerdo Regional N°000143-2023-GRLL-CR, de fecha 5 de octubre, el Consejo Regional de La Libertad acordó “solicitar a la presidenta de la República del Perú, con carácter de urgencia, emita el decreto supremo que declare el Estado de Emergencia al departamento de La Libertad, para que la Policía Nacional del Perú mantenga el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, a fin de proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia, el desarrollo integral y equilibrado de la nación”.