Toda la región La Libertad, que incluye a doce provincias, fue declarada en estado de emergencia por un lapso de 45 días, a fin de fortalecer la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen. “La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas“, se dispuso.

El Decreto Supremo N° 107-2022-PCM, publicado el sábado en el boletín de Normas Legales de El Peruano, dispone la medida en las provincias Chepén, Pacasmayo, Ascope, Trujillo, Virú, Gran Chimú, Julcán, Sánchez Carrión, Otuzco, Santiago de Chuco, Pataz y Bolívar.La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

El Decreto Supremo lleva las firmas del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, el ministro del Interior, Willy Arturo Huerta Olivas, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero Medina y el ministro de Defensa, Richard Washington Tineo Quispe.

Debido a la declaratoria del estado de emergencia queda suspendido el ejercicio de los “derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24) literal f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú”.

Asimismo se regula que “La intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, y en el Decreto Legislativo Nº 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2020-DE, respectivamente”.

El DS dispone que “la participación de los gobiernos locales de las provincias de Trujillo, Pacasmayo, Chepén, Ascope, Virú, Sánchez Carrión, Pataz, Otuzco, Santiago de Chuco, Gran Chimú, Julcán y Bolívar del departamento de La Libertad, se efectúa en el marco de la normatividad vigente en materia de seguridad ciudadana”.

Justamente en este aspecto es que vienen adoleciendo de grave incumplimiento los gobiernos locales, puesto que los comités de seguridad ciudadana -que presiden los alcaldes- ni siquiera cumplen con reunirse, menos con ejecutar los planes de seguridad ciudadana, cuyo contenido la población ignora.

Las acciones que involucren el cumplimiento de la declaratoria de emergencia para recuperar la seguridad pública “se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público”.