El gerente de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, Alex Alberto Coronel Inga, es buscado intensamente por la Policía Nacional del Perú, tras recibir la orden de captura emitida por la justicia contra el cuestionado funcionario de confianza del alcalde César Rodolfo Milla Manay.

Este es el segundo funcionario del gobierno municipal pacasmayino con cuestionamientos que no son nuevos en cuanto a su conducta como servidor público.

El otro es el secretario general de la MDP, y jefe de Recursos Humanos, Carlos Enrique Noriega Cerdán, destituido del Poder Judicial por la Junta Nacional de Justicia, hecho que no ha causado ninguna reacción del alcalde Milla, que lo mantiene en el puesto pese a la sanción ejemplar que se dictó en su contra.

La mañana del martes 8 de noviembre, personal del Departamento de Investigación Criminal de Pacasmayo buscaba intensamente al gerente Alex Alberto Coronel Inga.

Agentes de Depincri lo buscaron en el local de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, pero no lo hallaron

Agentes de esa unidad contra el crimen lo buscaron en el local de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, en la Plaza de Armas de la ciudad, pero sin suerte.

Justo momentos antes de la llegada del personal del Depincri a la municipalidad, se había presentado un equipo de la Fiscalía Anticorrupción de La Libertad para realizar averiguaciones en el despacho de alcaldía.

Cuando, sorpresivamente, llegaron al edificio municipal los agentes del Depincri se creyó que eran parte del equipo fiscal para apoyar la intervención que se hacía desde Trujillo, pero en realidad era una operación aparte, para ubicar y detener al gerente Coronel Inga.

Según trascendió, el gerente fue alertado de la operación policial y habría aprovechado para evadir la intervención abordando una de las camionetas de la municipalidad. Lamentablemente sirve para esos casos el ilegal polarizado de los vidrios del vehículo oficial.

Las camionetas municipales tienen un polarizado extremo que impide ver quién se traslada.

Como se ha cuestionado, incluso en sesiones de concejo, las camionetas municipales tienen un polarizado extremo que impide ver quién se traslada.

Se presume que es para evitar que se pueda hacer registro fotográfico del uso de las unidades.

Es de resaltar que el Código Penal peruano prevé el delito de peculado de uso que sanciona al funcionario público que «usa o permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la Administración Pública o que se hallan bajo su guarda».

Las dos unidades adquiridas hace unos meses por la MDP, con costo que rebasó largamente el precio de tres unidades similares, disponen de un polarizado por el que no tienen permisos, y que habría permitido que Coronel Inga se escabulla de la justicia.

Consultas internas en la MDP confirmaron que el gerente municipal habría acondicionado su huida a una licencia por vacaciones no gozadas.

Consultas internas en la MDP confirmaron que el gerente municipal habría acondicionado su huida a una licencia por vacaciones no gozadas y que mediante un memorando dejó la gerencia en manos del funcionario Reyder Macario Chávez Correa, jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto.

La orden de captura contra Coronel Inga obedece a un proceso por incumplimiento de obligación alimentaria.

El registro de la requisitoria data del 7 de junio de este año, solicitado por el Juzgado Penal Unipersonal de Jaén, Región Cajamarca. El pedido del juzgado se formuló el 26 de mayo de este año con Oficio 1129.

El funcionario

Fuera del incumplimiento en el ámbito familiar, que ahora lo reclama judicialmente, Coronel Inga -como funcionario público- saltó al escrutinio público en Pacasmayo en agosto del 2021 por casos que lo involucran, cuando laboraba en las municipalidades de Santa Cruz y Chancaybaños, en la región Cajamarca. Fueron irregularidades advertidas por la Contraloría, respecto a hechos detectados en los años 2020 y 2021.

La conducta observada por la Contraloría apunta a casos referidos a ejecuciones de obras, en las que se investigaba hechos presuntamente irregulares.

Primer informe

Uno en la ejecución de la obra “Construcción Puente Peatonal Fermín, Distrito de Chancaybaños - Santa Cruz - Cajamarca”, consignado en el Informe de Control Específico N˙ 053-2020-2-0378-SCE, emitido el 6 de octubre de 2020. En esta obra, en la que se invirtió S/ 193 058,41, la Contraloría halló, mediante un estudio realizado entre el 9 de mayo 2019 y el 28 de febrero 2020, que “funcionarios tramitaron y pagaron valorizaciones de partidas no ejecutadas; aprobaron ampliación de plazo sin sustento técnico y legal, tampoco cautelar la culminación de la obra en el nuevo plazo aprobado, inaplicando penalidad por mora”. Tampoco se garantizó que la carta fianza de fiel cumplimiento esté vigente hasta el consentimiento de la liquidación de obra. El perjuicio económico causado se estimó en S/ 84 237,58.

Coronel Inga, como gerente municipal en Chancaybaños, en el 2019, terminó comprendido en hechos irregulares con presunta responsabilidad penal y administrativa junto con otros 7 ex funcionarios. Al procurador anticorrupción se le recomendó iniciar las acciones legales penales contra los implicados.

El segundo caso

Se identificó en la obra “Mejoramiento a Nivel de Tratamiento Superficial Bicapa de los tramos de Carretera Yauyucán - Andabamba y Yauyucán - Ninabamba, Distrito de Yauyucán, provincia de Santa Cruz - Cajamarca”. La Contraloría halló que la municipalidad de Santa Cruz, “aprobó y pagó en su totalidad la partida de guardavías, pese a que fue ejecutada parcialmente, no efectuó el deductivo ni el cobro de penalidades por retraso injustificado, conllevando a un perjuicio económico equivalente a S/ 998 073,65”.

La inversión fue de 7 millones 879 mil 624,40. Coronel Inga actuó como segundo miembro del Comité de Recepción de Obra. En el Informe 9557-2020-CG/GRCA-SCE, emitido el 16 de octubre 2020, la Contraloría indica que Coronel “no desvirtúa los hechos comunicados, más aún al no haber ejercido su derecho a presentar sus comentarios y/o aclaraciones, en relación a los hechos específicos con evidencia de irregularidad comunicados, persistiendo la responsabilidad atribuida en el presente”. Se le atribuye presunta responsabilidad administrativa y penal, junto a otros dos ex funcionarios. También se instruyó al procurador anticorrupción se denuncie penalmente.

El tercer caso que evidenció la Contraloría

Se consigna en el Informe 04-2021, respecto a la obra “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la cuadra 01 Jr. San Roque y cuadra 01 Jr. Domingo Negrón de la localidad de Santa Cruz, Distrito de Santa Cruz, Provincia de Santa Cruz-Cajamarca”. La municipalidad recepcionó, liquidó y pagó la obra pese a que no se ejecutó en su totalidad, y que algunas partidas se ejecutaron deficientemente, conllevando a un desgaste de la obra en perjuicio de los servicios públicos, y afectando a la entidad con S/ 242 869,53.

Contraloría determinó presuntas responsabilidades civil y administrativa en 4 ex funcionarios, entre ellos Coronel Inga.

En este hallazgo de la obra, realizada en el año 2016, la Contraloría determinó presuntas responsabilidades civil y administrativa en 4 ex funcionarios, entre ellos Coronel Inga. La Contraloría aseguró que pese a que se le notificó dentro del plazo y modo de ley, el funcionario no respondió. En este caso, Alex Alberto Coronel Inga actuó como gerente municipal y como segundo miembro del comité de recepción de obra.

Se dispuso acciones administrativas y al procurador público las acciones legales civiles para determinar el grado de responsabilidades.

Estos hechos tampoco generaron reacción en la gestión Milla Manay, por el contrario la permanencia de Coronel en la MDP fue un tácito respaldo del alcalde.

El Incumplimiento de la Obligación Alimentaria, que ahora pesa sobre Alex Coronel Inga, es un delito de Omisión a la Asistencia Familiar y está tipificado en el artículo 149º del Código Penal, cargo penal que persigue a aquella persona que omite cumplir con las obligaciones de prestar alimentos.