La Fiscalía encargada de casos de crimen organizado tendrá que correr contra el tiempo si es que no quiere que el juicio contra la organización criminal Dragones Rojos- Siempre seguro termine en nada. Eso es lo que se deduce de lo ocurrido en audiencia de control de acusación.

Dicha audiencia se instaló el lunes 22, en una Sala de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, en Trujillo, y fue presidida por el juez de Investigación Preparatoria de Chepén, Wilson Manayalle Sánchez quien realizó varias observaciones que deben ser corregidas por el fiscal a cargo del caso.

El juez fijó nueva fecha de audiencia para el 1 de febrero, a las 9 horas. A partir de allí se tendrá que acelerar las etapas que quedan hasta llegar a la terminación con sentencia, pues los procesados podrían solicitar su excarcelación una vez que se cumpla el plazo de 36 meses de prisión preventiva.

ERRORES POR SUBSANAR

Luego de formular las observaciones que el magistrado consideró pertinentes, ordenó devolver el expediente a Fiscalía para que proceda a la subsanación. En el proceso están comprendidas 57 personas, con diferentes grados de participación dentro de esa organización criminal que se convirtió en terror en el valle Jequetepeque, al instaurar un sistema de extorsiones que mantuvo en vilo a la población.

En entrevista periodística, el magistrado explicó que los errores que deben subsanarse, están referidos a tres aspectos: narración de hechos, calificación jurídica y determinación de pena. Esos criterios deben aplicarse de manera correcta dentro de los parámetros, opinó el magistrado.

Mostró su preocupación por el estado de este caso. “Es necesario decirlo, la acusación se ha presentado recién a finales de diciembre (del 2017), fiscalía ya lo tiene casi tres años; acá (en el Juzgado) ni un mes, pero queríamos sacarlo antes del mes el control de acusación y hemos hecho todos los esfuerzos, notificando en sus domicilios procesales y domicilios reales de los 57 procesados. Lamentablemente, como fiscalía tiene que subsanar errores de su acusación, no pudimos continuar”, explicó el juez Manayalle Sánchez. La audiencia se tuvo que suspender y reprogramar para el día ya indicado.

FANTASMA DE PLAZO

El plazo de 36 meses de prisión preventiva dictado contra 21 presuntos miembros de la  organización criminal vence a mediado del próximo mes de abril. Hay el riesgo de que los abogados comiencen a solicitar la excarcelación de sus patrocinados si es que el proceso sigue retrasándose. El juez señaló que si eso ocurriese, no sería responsabilidad del Poder Judicial sino del Ministerio Público por haber dejado pasar el tiempo.

Ofreció detalles respecto de los plazos cumplidos. Dijo: “Es un caso no solo complejo, sino de crimen organizado. Primero se pidió 18 meses de prisión preventiva, luego 16 meses adicionales, y posteriormente dos más. Ya estamos al límite del plazo y se está llevando el control de acusación. No es responsabilidad del Poder Judicial, se tendría que preguntar a Fiscalía porqué a punto de vencer (el plazo) recién está en etapa intermedia. Esto ya debió estar en juicio oral hace tiempo”, cuestionó.

Explicó que en los 36 meses de prisión preventiva se deberían haber desarrollado las tres etapas de este proceso, esto es: la investigación preparatoria, etapa intermedia  o sea la de control de acusación,  y la de juicio oral. Ratificó que hasta mediados de abril próximo debe haberse realizado el juicio oral y concluido con sentencia absolutoria o condenatoria, porque ese es el plazo establecido por ley para estos delitos.

HISTORIA

Cabe hacer memoria e indicar que el 10 de marzo de 2015 el juez Rosendo Pompeyo Vía Castillo, en ese entonces a cargo del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chepén, declaró fundado el requerimiento de detención preliminar para los presuntos miembros de la temida organización criminal. El requerimiento fue hecho por el fiscal William Rabanal Palacios, de la Fiscalía de Crimen Organizado con sede en Trujillo.

Se realizó un espectacular megaoperativo para la detención preliminar de numerosas personas en varias ciudades del valle Jequetepeque. Al término del plazo de dicha detención, el MP solicitó prisión preventiva para los imputados. El 20 de marzo del 2015, el juez Vía Castillo acogió dicho pedido y ordenó la aplicación de la medida coercitiva por el plazo de 18 meses para varios imputados los cuales apelaron. En segunda instancia, algunos de ellos lograron que se cambie el mandato de prisión preventiva por el de comparecencia con restricciones al demostrar que no tenían el grado de participación que les imputaba el MP y la PNP.