En un pronunciamiento público, Rodolfo Adrianzén Reyes Bobadilla, presidente de la Comunidad Campesina San Pedro de Lloc, respaldó a los posesionarios de lotes en el sector El Barco (Puémape) en el conflicto que los ha enfrentado a Julio Antolini Chapoñán Herrera, quien reclama esa área porque supuestamente fue de su difunto padre, y le corresponde como herencia.

A nombre de la institución, Reyes Bobadilla suscribe el pronunciamiento y alude a “los lamentables hechos ocurridos los días 08 de abril y 30 de setiembre del presente año, en el sector conocido como El Barco (Puémape), donde abusivamente se han demolido viviendas y construcciones de legítimos posesionarios…”.

Fija posiciones y dice que la CCSPLl “no ha tenido ni tiene vínculo alguno” con Julio Antolini Chapoñán Herrera, “siendo que dicha persona no tiene la calidad de comunero y no posee derecho real sobre propiedad comunal alguna”.

Agrega: “Rechazamos cualquier versión que pudiera ser emitida por esta persona alardeando vinculación con nuestra institución, siendo que esta Comunidad Campesina es ajena a cualquier fin que no esté dentro de sus estatutos, y solo vela por el bienestar y buena administración de las tierras comunales”.

Hace pública su “solidaridad y compromiso de apoyo a los afectados por este acto ilegal, siendo que a la fecha nuestra institución ya ha cumplido con comunicar al Ministerio Público QUE LOS AFECTADOS CON LA DEMOLICIÓN CUENTAN CON CERTIFICADOS AUTÉNTICOS Y ORIGINALES OTORGADOS POR ESTA COMUNIDAD CAMPESINA Y QUE A LA FECHA NO HAN SIDO REVOCADOS”.

Concluye que hacen el pronunciamiento “en salvaguarda de la imagen de nuestra institución a fin de que no se vea vinculada a intereses particulares amparados en documentación  de dudosa procedencia, que ya la justicia se encargará de desvirtuar”.

Julio Antolini Chapoñán Herrera reclamando derecho sobre las tierras ha dirigido trabajos con maquinaria. En un reciente incidente en el que personalmente participó y ordenó la destrucción de viviendas, fue detenido y llevado ante el juez Luis Pérez León, de Investigación Preparatoria, ante quien la Fiscalía solicitó prisión preventiva. La medida no fue aceptada pero se le dictó comparecencia con restricciones fijándole como una de las reglas de conducta abstenerse de acercarse al lugar en conflicto.