Un presunto tráfico de terrenos en la provincia de Pacasmayo fue revelado durante el juicio oral que se siguió al abogado Roger Armando Burgos Delgado, asesor legal externo de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, en la época del alcalde Oscar Honorio Horna.

Burgos Delgado fue acusado como autor de los presuntos delitos de usurpación de funciones en agravio de la MDP; y, de daños en perjuicio de un grupo de personas que se declaró poseedor de lotes en el sector El Techito. Estas acusaron a Burgos de haber destruido sus construcciones. Los hechos ocurrieron en marzo del 2014.

EL JUICIO

En primera instancia, el caso ha sido visto en el Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Pacasmayo a cargo del juez Juan Iván Vojvodich Tocón (Exp. 0323-2014-91-1614-JR-PE-01).

En ese Juzgado, Burgos Delgado fue absuelto de los cargos que se le imputaron, delitos tipificados en los arts. 205 y 361 del Código Penal.

Los denunciantes y agraviados por presuntos daños son: Sara Anyeli Tuco Riquelme, Jim Jairo Villena Velásquez, César Martín Luna Victoria Cruz, Noelia Zumarán Cabrera y Engels Rommel Goyzueta Chávez.

Al dictar sentencia, el juez Vojvodich Tocón dispuso oficiar al jefe de la Comisaría PNP- Pacasmayo “a fin de que proceda a dar garantías personales, dentro de sus posibilidades a Roger Armando Burgos”. Este dijo que había sido víctima de amenazas.

El magistrado dispuso remitir copias de la sentencia, así como del expediente judicial y de los audios generados al Fiscal de la Nación y al Fiscal Superior Jefe del Órgano de Control Interno del Distrito Fiscal La Libertad .

El magistrado dispuso, además, remitir copias de la sentencia, así como del expediente judicial y de los audios generados al Fiscal de la Nación y al Fiscal Superior Jefe del Órgano de Control Interno del Distrito Fiscal La Libertad a fin de que procedan conforme a sus atribuciones constitucionales y legales.

Esto último en alusión al presunto tráfico de terrenos que fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de la provincia de Pacasmayo por Burgos Delgado, quien se quejó, durante el juicio, de que el Ministerio Público no dispuso la investigación pertinente.

SENTENCIA ABSOLUTORIA

En la sentencia absolutoria, Resolución Nº 3, del 24 julio 2017, Exp. 0323-2014-91-1614-JR-PE-01, el juez Vojvodich ha consignado como Sumilla, lo que se entiende como un jalón de orejas: “El Ministerio Público es un órgano constitucional sometido a la Constitución, y su función no puede ser ejercida irrazonablemente con desconocimiento de los principios y valores constitucionales ni al margen del respeto de los derechos fundamentales”.

ACUSACIÓN Y DEFENSA

La teoría acusatoria contra Burgos Delgado estuvo a cargo del fiscal Italo Rubén Sigüeñas Cáceres. Según lo consignado en la resolución del juez, la Fiscalía probaría que la Comunidad Campesina de San Pedro de Lloc, en virtud del Convenio de Cooperación con la Asociación Pro Vivienda Brisas, de Pacasmayo, sector El Techito, otorgó, en dicho sector, títulos de posesión por un área de 300 m2 de “tierras comunales” a los integrantes de dicha Asociación: Sara Anyeli Tuco Riquelme, Jim Jairo Villena Velásquez, César Martín Luna Victoria Cruz.

El 26 marzo 2014, a la 1 de la tarde, personal policial acude en compañía de Burgos al sector mencionado, constatando la existencia de 5 inmuebles en proceso de construcción con material rústico, varias camionetas, personal y cargador frontal de la MDP. Con la llegada de los policías comenzaron a derrumbar, sin presencia de fiscal.

Por este hecho, la fiscalía acusó al abogado Burgos de ejercer funciones que le correspondían a la División de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la MDP. Lo considera autor de delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de funciones; y, del delito contra el patrimonio en la modalidad de daños.

El fiscal pedía reparación civil de 2 mil soles a favor de la MDP y, de 10 mil soles a favor de los denunciantes.

La defensa del acusado estuvo a cargo del defensor público Salvador Domínguez Rujel quien rechazó la acusación y -en el juicio- dijo que su patrocinado era inocente, no existen pruebas que haya usurpado funciones, no existe documento firmado alguno ordenando la destrucción y/o haciéndose pasar como autoridad de la MDP. Pidió la absolución.