Volvió a reprogramarse la audiencia de control  de acusación en la investigación referida a la obra "Pavimentación de la calle Manuel Ascate, cuadras 1, 2 y 3, en el centro poblado de Chequén", del gobierno del alcalde Wilfredo Quesquén Terrones. La obra se reportó como ejecutada en el año 2012, pues se contrató empresa y se adquirieron materiales; pero la obra  no se ejecutó.

El juez de Investigación Preparatoria de la provincia de Chepén, Wilson Manayalle Sánchez, reprogramó para el 18 de agosto la audiencia. Para esa ocasión, la fiscal a cargo del caso deberá levantar las observaciones de los abogados defensores quienes adujeron que fiscalía no ha individualizado las penas que solicita contra los imputados.

El juez Manayalle Sánchez declaró a la prensa que en los procesos penales la responsabilidad es individual, razón por la cual la fiscal deberá precisar qué pena está solicitando para cada uno de los imputados. La fiscal había uniformizado una sola pena y monto de reparación civil para todos. El juez precisó que en función del delito y el grado de responsabilidad, la fiscalía puede solicitar más años de cárcel para unos. Igualmente, el monto de la reparación civil debe ser individualizado.

El magistrado dijo que está dando prioridad a este caso que tiene varios años. La anterior ocasión se frustró porque la fiscal recién había asumido su cargo en Trujillo, y desconocía el expediente. En la nueva fecha, otra observación, cuya responsabilidad atañe a fiscalía, vuelve a demorar el proceso.
Manayalle Sánchez indicó que la agenda del Juzgado de Investigación Preparatoria está copada hasta diciembre del 2017. Sin embargo, ha dado prioridad para que este caso se vea cuanto antes, pues no puede seguir permitiéndose que se dilate por más tiempo.

El caso es llevado por la Fiscalía Anticorrupción de La Libertad, con sede en Trujillo, donde se hizo la denuncia. El caso fue conocido en el marco de denuncias sobre presuntos actos de corrupción descubiertos por Joel Quiroz Vásquez, dirigente de la Asociación civil Chepén, quien fue asesinado a balazos el 30 de diciembre del 2014. La intención, evidentemente, fue evitar que continuase denunciando diversos actos irregulares en los diferentes sectores estatales de la provincia de Chepén.

DETALLES

En el 2012, la Municipalidad de Chepén pagó por esa obra la suma de S/ 70,945.00. Sin embargo, no se ejecutó trabajo alguno. Se contrató los servicios de un ingeniero, luego se le rescindió contrato por supuesto incumplimiento, pero no se aplicaron las penalidades de ley. El caso era desconocido hasta que los vecinos de ese jirón se lo hicieron saber a Joel Quiroz, quien se dedicó a buscar información sobre el caso.

Quiroz Vásquez hizo la denuncia a través de los medios de comunicación de la zona y, además, acudió a la Fiscalía Anticorrupción. 

Hay en total 7 investigados en el proceso. Según lo que en noviembre del 2013 sustentó el fiscal de entonces, Jorge Linares Rebaza, ellos son: Rogger Eduardo Castañeda Risco (presunto autor de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, falsedad ideológica, y colusión); Max Editson Castañeda Quiroz (presunto autor de delito de falsedad ideológica y peculado doloso por apropiación, y en calidad de cómplice primario de colusión agravada); Miguel Alejandro Cáceres Núñez, Hugo Manuel Ahumada Fernández (presuntos cómplices primarios en delito de colusión agravada); Martín Antonio Torres Pérez, Ofronio Wilfredo Quesquén Terrones, Luis Alfredo Chafloque Neciosup (presuntos autores de colusión agravada).

De todos ellos, está en prisión el exgerente municipal Castañeda Risco.