No cesan las denuncias sobre presuntas irregularidades en la Red Salud Pacasmayo, cuya sede está en el distrito de Guadalupe. El Sindicato único de trabajadores del sector Salud (Sutssa) de la referida Red, presentó una nueva queja solicitando investigarla. Se habría pagado a un proveedor, familiar de uno de los funcionarios de esa entidad, por almuerzos en un curso de capacitación que no se habría dictado.

La denuncia fue formulada con Of. 010, ingresado en la Gerencia regional de Salud de La Libertad, el pasado 21 de junio. Está dirigido al gerente de esa entidad, Eduardo Araujo Sánchez, por la secretaria general del Sindicato, Emiliana Calderón Altamirano.

La dirigente solicita investigar en la oficina de Logística del Hospital “Tomás Lafora” donde “se estarían realizando irregularidades en los gastos, que amerita una exhaustiva investigación  a fin de que determine las responsabilidades administrativas…”.

Refiere que en la relación de gastos correspondientes al mes de mayo 2017, en el mencionado nosocomio, aparece un pago de S/ 2,200.00 a Miguel Ángel Padilla Delgado, por el concepto de “Refrigerios por curso de capacitación”.  Afirma la dirigente que ese curso jamás se dictó, suponiendo “que corresponderían al pago de parrilladas atendidas a los trabajadores por motivo de celebrarse el Día de la Amistad (14 de febrero) y lo que llama la atención es que el mencionado proveedor MIGUEL ANGEL PADILLA DELGADO tendría vínculo familiar (primo) del Sr. RODOLFO RAYMUNDO PADILLA OLANO, actual administrador de la Red Salud Pacasmayo”.

También menciona que Stefany Sayuri Guanilo Nakasone, esposa de Miguel Ángel Padilla Delgado, es prima de Raúl Nakasone Vera, jefe de Logística de la mencionada Red.

Indica que los hechos descritos “requieren la inmediata intervención administrativa por la infracción contemplada  por la norma, por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública en la conducta típica de Negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, conforme a lo estipulado por el Artículo 399º del Código Penal…”.

Subraya en el párrafo final, la importancia  de actuar en la fiscalización pues “(…) se colige que el bien jurídico protegido es la objetividad y legalidad de los contratos u operaciones comerciales que la Administración lleva a cabo”.