Los regidores Luciano Jave Alvites y Javier Poémape Rivera fueron directos testigos de la indolencia que invade la Municipalidad Distrital de Pacasmayo respecto de su responsabilidad para con los ciudadanos. El martes ambos regidores concurrieron al barrio de la Urbanización Policial, Losa Deportiva de El Porvenir donde se ha cuestionado la calidad y procedimiento de ejecución de obra en la parte eléctrica y de estructuras. La obra ha costado al erario del Estado más de S/ 123 mil.

Los regidores, junto al vecino Ing. Cristian Mori Hernández, comprobaron que no se cambiaron los cables eléctricos no recomendados para el trabajo que desempeñaría, no se protegió con tuberías los cables de acometida a los postes, no se corrigió las peligrosas deficiencias del pozo a tierra,  ni se cambiaron las luminarias "bamba" por las originales que constan en el expediente técnico. Las medidas de seguridad en su conjunto, que deben acompañar a esa infraestructura eléctrica, sigue como si nada. Un velado atentado contra la vida y la salud de los vecinos se cocina, sin que hasta hoy se corrijan los defectos detectados por el vecino Mori Hernández.

Los residentes han criticado duramente la indiferencia municipal en tanto los regidores señalaron que llevaran el caso a sesión de concejo para que el alcalde disponga, según sus atribuciones, se atienda el justo pedido ciudadano.

Al ciudadano Mori Hernández le ha llamado la atención no solo que la MDP haya implementado de tan mala manera la losa deportiva.

El jefe de la División de Desarrollo Urbano, Ing. Fernando Llaguento Delgado también presenció el hallazgo y ha ofrecido exigir al ejecutor de la parte eléctrica cumpla con levantar las observaciones de lo contrario no se pagará el servicio.

Por su parte el ciudadano Mori Hernández señala que es incomprensible cómo profesionales que trabajan en la MDP han permitido que se instale una infraestructura eléctrica con tanto peligro para la vida de los vecinos, especialmente los niños, que residen en su barrio. Exigió una profunda investigación, sanciones e incluso remociones de sus cargos a los servidores municipales que han "apañado" a los ejecutores de la obra, sabiendo que lo que han hecho compromete seriamente la seguridad de las personas.