El brutal tiroteo ejecutado por un ex agente de seguridad en un centro comercial de Lima ha despertado los debates sobre la normatividad para la posesión y uso de armas de fuego. En el valle Jequetepeque existe una preocupante situación al respecto.

TIROTEO

Cinco personas fueron asesinadas por Eduardo Glicerio Romero Naupay (32), cuando el sujeto empezó a disparar en el centro comercial Royal Plaza en el distrito de Independencia.

Producto del incidente ocurrido a las 10.30 del viernes, 5 personas perdieron la vida en tanto Romero Naupay fue abatido por un efectivo policial vestido de civil. Además del asesino, las víctimas del sangriento incidente son Susan Sujhay Pilco Juárez (27 años), César Arellano Chumacero (32 años), Nicole Stefany Muñoz Peña (19 años) y Gloria Mostacero Cruz. También resultaron heridas otras 10 personas.

Negocios que son custodiados por agentes de empresas privadas que permiten que su personal labore con licencias vencidas.

Aparentemente, Romero Naupay desató su esquizofrenia luego de que se realizara un operativo municipal que empezó a desalojar a los ambulantes. Romero, que había trabajado como agente de seguridad, era vendedor ambulante de la zona. El asesino  disparó tres veces a un fiscalizador y lo dejó gravemente herido.

Según se ha conocido, Eduardo Glicerio Romero Naupay nació en Huánuco, tenía licencia vencida para portar armas de fuego. En su cuenta de Facebook alardeaba de portar arma.

LA REALIDAD NACIONAL

En círculos de Gobierno se ha puesto nuevamente en tapete la reglamentación para portar y usar armas de fuego. El viceministro de Orden Interno, Rubén Vargas ha declarado a los medios que la licencia del arma que portaba Eduardo Romero, estaba vencida. Aseguró que en  en esa situación se encuentran unas 260,000 licencias emitidas por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

El viceministro Vargas ha señalado que el Gobierno recibió de las gestiones salientes  una serie de irregularidades que facilitaban los permisos para portar armas a quienes no le correspondía. Aseguró en entrevista a canal “N” que tanto Ministerio del Interior y Policía Nacional actuarán para retirar las armas de fuego del mercado ilegal. Agregó que profundizarán acciones en tiendas de venta de armas para detectar las de procedencia ilegal. También ha ofrecido advertir a las empresas de seguridad privada para que se extremen medidas para verificar la procedencia y uso de las armas de fuego que manejan.

Concluyó indicando que en las armerías de la Policía Nacional habrá un control más estricto. Las armas confiscadas a los delincuentes serán llevadas a Sucamec.

En tanto el superintendente de la Sucamec, Rubén Rodríguez indicó que el 3 de abril vencerá el plazo para que se regularicen las 260,000 licencias para portar armas vencidas. A quien no lo haga se les cancelará automáticamente.  Desde el 4 de abril, si un policía interviene a una persona portando arma de fuego con licencia vencida, que a esa fecha será lo mismo que cancelada, la persona habrá incurrido en delito y podría ir a la cárcel.

LA REALIDAD EN EL VALLE JEQUETEPEQUE

Fuentes cercanas a empresas que brindan seguridad en diversos establecimientos comerciales, se animaron a comentar la crítica situación que embarga al país luego del mortal tiroteo ocurrido en Lima.

Nuestra fuente indicó que en el Valle Jequetepeque hay operando por lo menos 20 empresas de seguridad. Estas empresas, indicó tienen personal trabajando en todo tipo de negocios e incluso entidades del Estado. Bancos, oficinas públicas, molinos, centros comerciales, hospitales son custodiados por agentes de empresas privadas que permiten que su personal labore con licencias vencidas, e incluso porten licencias de dudosa procedencia, es decir falsas.

El panorama descrito por nuestra fuente llama poderosamente la atención para que las instancias locales de los ministerios e instituciones bajo cuya jurisdicción se encuentran laborando estas empresas, realicen un barrido como lo ha señalado desde la capital de la República el viceministro Vargas y la alta dirección de Sucamec.

Detalló nuestra fuente que algunos agentes de seguridad portan licencias emitidas por Dicscamec, en fechas cuando esa institución ya había dejado de ser tal y se denominaba y operaba como Sucamec. Los carnets se parecen pero no son los que emite Sucamec, añadió.

Vigilantes en zonas de molinos, por ejemplo, podrían tener licencias truchas o vencidas.

Indicó que muchas veces se burla el control de la autoridad debido a que la mayoría de agentes que trabajan en custodia de establecimientos centrales en las ciudades, sí cuentan con las licencias correspondientes, sin embargo otra realidad es la que se ve en los vigilantes que custodian locales alejados como molinos, agencias rurales de bancos y negocios de la periferia de las urbes. Allí es a donde son desplazados los agentes sin licencias o con licencias “truchas”.

Nuestra fuente señaló que a pesar de la grave responsabilidad que acarrea a los vigilantes no contar con licencias o contar con unas falsas, prefieren no reclamar ni hacer público el hecho; primero, debido a que efectivamente están incurriendo en delito y segundo porque además arriesgan el puesto y la manutención de sus familias ante sus empleadores.

Se desconoce cuál es la cifra de vigilantes en el valle Jequetepeque que trabajan en esta situación. Lo que sí ha sido señalado, es que nunca se ha hecho una revisión detallada de estas situaciones ni a nivel de Sucamec, Ministerio Público o Policía Nacional, en el valle Jequetepeque.