Alejandro Merino Huamán, exasesor legal de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo y exgerente municipal en el segundo gobierno del alcalde Frederihs Buchelli dijo que promoverán una demanda contencioso - administrativa en contra de la resolución de la Contraloría que los ha inhabilitado.

En comunicación telefónica con Ultimas Noticias, el abogado Merino Huamán comentó que la CGR los sanciona

“por haber puesto visto bueno a las resoluciones. Pero, tipifican la supuesta falta, como si nosotros hubiéramos adoptado la decisión. Nosotros no hemos adoptado ninguna decisión porque esa decisión la adopta el alcalde. Lo que hemos hecho es dar visto bueno en virtud de la información que contiene la resolución”.

Merino hizo un repaso de los hechos y trajo a la memoria sucesos que deben tenerse en cuenta. Indicó que varios de los trabajadores incorporados a la carrera administrativa reingresaron por un mandato de la Corte Suprema, luego de ser destituidos en el periodo del alcalde Wilfredo Rodríguez Rázuri.

“Hay como 12 o 13, creo, que son incorporados por mandato judicial por confirmación de la Corte Suprema. El 2010 y el 2011 cuando entra Frederihs Buchelli a la alcaldía, sale una excepción para el tema de los nombramientos. Sale una ley excepcional que dice se incorporan a la carrera administrativa los servidores que cumplen ciertos requisitos. Uno de los requisitos es que tuviesen más de 3 años de servicio; otro requisito, que haya disponibilidad presupuestal. Y otro, que sean evaluados”.

 “Dice que sean evaluados, no dicen que haya concurso público. Concurso público es para nuevas plazas; evaluación es para quienes tienen más de 3 años de servicio. Ha salido una casación reciente de la Corte Suprema donde confirma que ni siquiera se requería de esa ley especial del 2010, 2011, mientras tanto tenían el DL 276 que está vigente y dispone que un trabajador que tiene más de 3 años de servicio se le tiene que nombrar porque su contratación posterior ya es ilegal”.

Precisó que se actuó conforme a ley, no se ha obrado en nada de manera irregular. Culpó a Contraloría de proceder arbitrariamente en muchos casos y comentó “nunca ganan un juicio”. 

“La comisión para evaluar, se formó.  A los del 2012 no los evaluaron porque esas resoluciones se dictaron después. Pero fue una palomillada de alguien, pero esas resoluciones se anularon. El alcalde Buchelli firmó esas resoluciones y yo, ya no como asesor legal, sino como gerente puse mi visto bueno anulándolas. Pero las del 2011 fueron absolutamente justas porque se cumplían los requisitos. Edita Ventura (jefa de Personal)  emite su informe donde dice que efectivamente cumplían con tener más de 3 años, unos tenían 7, otros 10, otros 12 años al 2011. Martín Reyes, jefe de Presupuesto emite su informe diciendo que había disponibilidad presupuestal cambiando de partida, porque les pagaban como contratados y, simplemente, tenían que habilitarse para pagarles como nombrados, y no había ninguna diferencia porque estaban ganando lo mismo”.

Abundando en más razones que considera argumentos a favor de su posición, subraya:

“¿Quién pide eso?. Eso no se le ocurrió al alcalde Fredi Buchelli, lo pidió el Sindicato con un documento que ingresan en la época de (primer periodo del alcalde Roland) Aldea y lo reingresan el 5 de enero del 2011 a los pocos días que el alcalde Buchelli asume el cargo. Lo ingresan con sus declaraciones juradas y todo lo que mandaba la ley, incluyeron sus currículos. El secretario del Sindicato era (Jorge) Carbajal. Se formó la comisión y se evaluó a la gente”.

Añadió que esa es la razón por la cual las resoluciones no salen en una sola fecha, fueron emitidas en fechas distintas conforme se fue evaluando al personal. 

“Después de eso cambian de secretario del Sindicato y la ponen a Juanita Arias (como secretaria general) y ella es la que provoca todo esto. Los mismos trabajadores consideraron esto como un acto de deslealtad porque cómo puede haber una dirigente que pida se desconozca derechos que tienen ganados los trabajadores. Ella hizo una demanda para anular todos esos nombramientos ante el Poder Judicial y el Poder Judicial declaró improcedente la demanda. El Poder Judicial no se pronunció en el fondo porque consideró que de plano era improcedente”.

“Los nombramientos ahorita, son irreversibles ya no se pueden anular. La resolución dice los nombramientos están prohibidos, sí. Contraloría sostiene, hasta ahora, que los nombramientos están prohibidos pese a que la Corte Suprema en una resolución de Casación de hace 3 meses, me parece, indica que basta que los trabajadores tengan 3 años de trabajo permanente, que tengan plaza presupuestada para que sean evaluados e incorporados”.

“Vía negociación colectiva se incrementa la remuneración en 200 soles a todos los trabajadores. Juanita (Arias, la secretaria de ese entonces del Sitramun) se va a denunciar que ese aumento solo correspondía a los sindicalizados y no a los contratados porque ella desconocía los nombramientos. Independientemente que hayan sido nombrados o no los trabajadores, el aumento es para todos no solo para los sindicalizados. Contraloría hasta hoy – al igual que el MEF- sigue sosteniendo que los incrementos remunerativos están prohibidos y que no son legales los incrementos a través de pacto colectivo”.

Cuestiona esa posición afirmando que ha sido corregida por la máxima instancia en materia constitucional. Así lo dice: “Sin embargo, el Tribunal Constitucional se pronuncia y dice que los incrementos remunerativos por pacto colectivo son absolutamente legales. Y en la provincia de Pacasmayo hay un antecedente, pues el Sindicato de Obreros interpuso una demanda en el Juzgado de San Pedro y el Juzgado se pronunció que los incrementos por pacto colectivo son legales”.

“Lo curioso es que la persona que promueve todo esto (Arias la entonces dirigente sindical) nunca ha ingresado por concurso, nunca ha sido evaluada, fue nombrada. Esa es la ironía de este caso”, reflexiona.

El abogado cuya inhabilitación para ejercer función pública ha sido decretada por órgano sancionador de la CGR, opina: “Contraloría practica una ley inquisitiva. Prenden la hoguera como brujos, pero si tú no te mueres, es porque eres inocente”. 

Finalmente dijo que confiaba en el pronunciamiento del Poder Judicial ante el cual presentarán los sancionados una medida cautelar para dejar sin efecto la resolución porque estima que no hay razones legales. 

“A nivel del Norte, tal vez el 30 % de trabajadores que se dedican a trabajar en esto en las municipalidades, están inhabilitados por Contraloría. Por cualquier cosa, Contraloría inhabilita”.