La defensa del alcalde Roland Aldea Huamán, para que el JNE confirme el acuerdo de concejo que desechó su vacancia, se ha basado en la Disposición Fiscal que archiva la denuncia por la comisión de presunto delito de Peculado de Uso. Sin embargo, el peticionario Fredy Ventura, alegó que el caso no ha sido archivado, pues hay una Queja de Derecho (apelación) interpuesta contra la decisión fiscal, y no es un caso cerrado.

El martes 20 se realizó, en la sede del JNE, en Lima, la audiencia en la cual se vio la apelación interpuesta por Fredy Ventura Carlos contra el acuerdo de concejo de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo - San Pedro de Lloc, que rechazó, por mayoría, el pedido. 

El fundamento del pedido de vacancia es que el alcalde Aldea Huamán utilizó un vehículo de propiedad municipal para hacer remolcar su camioneta particular, empleando trabajadores ediles, en día feriado.

Tras escuchar a los abogados de las partes, la causa ha quedado al voto. En los próximos días, semanas o meses se conocerá la decisión del colegiado electoral. Por lo visto en procesos anteriores, se puede decir que el Tribunal Electoral no tiene plazo definido para pronunciarse. En Chepén, por ejemplo, la vacancia de la regidora María del Carmen Cubas Cáceres; el pedido fue declarado procedente ya casi al final de su mandato, con lo cual la justicia electoral resultó siendo una burla.

La audiencia del día 20 no fue trasmitida en vivo, por lo que no fue posible conocer los alegatos orales expuestos por los abogados de las partes.

Sin embargo, hemos recurrido al portal del JNE donde encontramos los documentos ingresados por los defensores de cada una de las partes reforzando sus posiciones.

Posición de Aldea

El alcalde Roland Rubén Aldea Huamán presentó escrito pidiendo se declare infundada la apelación interpuesta contra el Acuerdo de Concejo 39-2016, y, consecuentemente, se confirme dicho acuerdo. El escrito fue patrocinado por el abogado Víctor Raúl Cruzado Rivera.

Su alegato es que la solicitud se fundamenta en la supuesta trasgresión a la prohibición de contratar  prevista en el Art. 22 inc. 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) concordado con el Art. 63. Según la defensa de Aldea, el JNE ha establecido, como jurisprudencia, que para dicha causal debe existir como requisitos mínimos a) la existencia de un contrato; b) participación de la autoridad (alcalde o regidor); c) conflicto de intereses.

Sostiene la defensa: 

“No existe contrato alguno, lo que hay es un acto de gestión, ya que funcionalmente la camioneta que asistió al señor alcalde el día 24 de marzo del 2016, está asignada a su despacho, siendo que el cargo de Alcalde (…) es a tiempo completo…”. Agrega que los tres requisitos para la configuración de la causal de vacancia deben ser concomitantes, en el presente caso la figura es atípica por lo que debe declararse infundada la apelación.

“Al no existir contrato alguno que represente conflicto real de intereses la causal invocada es improcedente, siendo que en la Carpeta Fiscal Nº 100-2016 seguidos en mi contra por los hechos que fundamentan la vacancia, el Ministerio Público ha dispuesto LA NO FORMALIZACION DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA, en virtud a que no se ha configurado el tipo penal de Peculado de Uso como inicialmente denunciaron, así la municipalidad cumplió con informar al Ministerio Público sobre la regulación y procedimientos establecidos en la MPP para disponer de vehículos, siendo que se ha acreditado que la unidad vehicular está asignada al despacho de mi patrocinado…”.

El expediente es el número J-2016-00843-A01.

En su defensa, el alcalde ingresó al JNE copias de varios documentos, entre ellos para acreditar que la camioneta empleada para remolcar su vehículo particular estaba a su servicio, así como al de otras unidades municipales.