Fredy Willian Ventura Carlos presentó Queja de Derecho (apelación) contra la Disposición Fiscal que declara no formalizar, ni continuar con la investigación preparatoria contra el alcalde Roland Aldea Huamán, por el presunto delito de peculado de uso. 

El caso está relacionado con la intervención policial que se realizó contra el alcalde provincial de Pacasmayo el Jueves Santo, 24 de marzo 2016 (feriado), en que una camioneta municipal y personal municipal fueron convocados para remolcar la camioneta de propiedad del alcalde porque se había quedado varado con tres amigas, en la carretera Panamericana, sector Chicama.

El recurso fue interpuesto con fecha 31 de agosto, invocando once fundamentos de hecho, con escrito del abogado Alejandro Merino Huamán.

Lea aquí [Los argumentos de fiscalía anticorrupción para archivar denuncia contra alcalde]

Los fundamentos de Ventura para apelar son:

Roland Rubén Aldea Huamán tiene el cargo de alcalde del concejo municipal provincial de Pacasmayo y por tanto ostenta la condición de funcionario público. Alega que el fiscal en una investigación orientada a justificar la actuación del alcalde concluye que la camioneta de placa EUA 797 (propiedad del Estado) es vehículo asignado para el ejercicio de sus funciones, y, por lo tanto, su uso ha sido ejercido en el marco de sus atribuciones.

Precisa que conforme a la estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, dicha camioneta no está asignada al uso oficial del alcalde sino de la Subgerencia de Desarrollo Urbano, de la cual depende la Unidad de Maquinaria.  Por lógica se deduce que si ese vehículo estuviese asignado a la Alcaldía intervendría el chofer asignado para dicho fin y no a la Unidad de Maquinaria, pues se trata del alcalde y no de un servidor común.

Da como no creíble el argumento del alcalde de que se dirigía a Trujillo para entrevistarse con Olga Lidia Merino Lama, supuestamente para coordinar el dictado de charlas de seguridad vial y seguridad ciudadana. Basa su presunción porque dichas charlas jamás se dictaron; y, segundo, no es práctica oficial habitual que el alcalde haga estas coordinaciones. Alega es necesario establecer la veracidad de esta versión. Además observa que si se trataba de una gestión oficial, desde el comienzo debió usar la camioneta municipal. Deduce que no es cierto porque el mismo alcalde ha admitido que abasteció de combustible.

Sostiene que el alcalde Aldea conducía su camioneta privada de placa RGI 149, Plymouth, color borgoña, modelo Voyager, sufriendo un desperfecto mecánico y ordenó, pese a ser feriado, a los trabajadores Pedro García Zavaleta, Oscar Isla Lazo y Edgardo Urcia Carlos sacar la camioneta EUA 797, de las instalaciones de la MPP, para remolcarlo.

“Estos trabajadores se trasladaron en virtud de memorandos, los  mismos que no contiene la información que indica el Ministerio Público, pues son contradictorios, como contradictorias son sus declaraciones y eso requiere ser investigado para establecer las causas”.

Señala que en los argumentos invocados por el alcalde Aldea para defenderse en el pedido de vacancia del cargo que también se ha planteado, “en ningún extremo argumenta esta defensa con lo que se verifica que esta fue elaborada posteriormente”.

Reclama investigar más profundamente la participación de los tres trabajadores ediles en esos hechos los mismos que actuaron por orden del alcalde, en día feriado. También alega que hay hechos que ameritan una investigación más profunda, más aun teniendo que cuenta que son  bienes del Estado. Pide se declare nula la disposición fiscal y “ordenar se continúe con la investigación, por ser un imperativo legal y moral”.