La Policía ya lo había ubicado, se le venía haciendo un seguimiento y se había llegado  a la certeza de que Aldo Mauricio Montoya Balarezo (47) estaba oculto en la casa que habita, con sus padres, en Plaza de Armas 386, en la ciudad de Guadalupe.

Montoya tiene sentencia condenatoria en primera instancia por el delito de delito de usurpación de terreno, con cárcel efectiva por 3 años. Su captura era cuestión de días, y de formalidades. Una vez ubicado, se gestionó orden judicial de allanamiento de la vivienda.

En las primeras horas de la mañana de este jueves 15, un equipo policial de la Divpol Pacasmayo se desplazó a Guadalupe para proceder al allanamiento de la vivienda donde se encontraba Montoya  Balarezo. La intervención policial cogió de sorpresa a los ocupantes de la morada así como al propio sentenciado. La intervención se hizo con presencia del fiscal de turno, doctor Germán Risco Baquedano.

La gente que a esa hora circulaba por la Plaza de Armas, antes de las 8 de la mañana, inmediatamente corrió la voz de que se estaba produciendo la detención del personaje, el cual había acaparado la atención cuando se conoció la sentencia que lo condenaba a prisión efectiva.

El procesado fue trasladado a la sede de la Divpol Pacasmayo por la policía. Permaneció hasta minutos antes de las 11 de la mañana, hora en que fue conducido al Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Pacasmayo, en San Pedro de Lloc. Allí, el juez Juan Iván Vojvodich Tocón había concluido una de las audiencias programadas para ese día. Inicialmente, dio la impresión que el procesado iba a ser conducido a la sala de audiencias adonde ingresó el magistrado. Pero este ordenó al asistente que extienda la papeleta para el internamiento en el penal El Milagro. Ya no había mayor trámite.

Se despachó contra juez

Montoya permaneció sentado en una silla cerca de la puerta de la Sala de Audiencias. Buscó atraer la atención  e inició un monólogo en voz alta proclamando ser inocente y acusando al juez de prevaricato. Dijo que había presentado recursos de Habeas Corpus en contra de su juzgador a quien acusó de haberlo sentenciado sin  fundamento jurídico válido, pues –alegó- no se le había probado nada. Sus baterías también enrumbaron contra la fiscal del caso, Taly Chayguaque Ventura.

Uno de los 3 policías del Escuadrón de Emergencia que lo custodiaba, le exigió cordura y respeto. Sin embargo, Montoya continuó –con intervalos de silencio- en su monólogo proclamando inocencia y lanzando una serie de acusaciones sobre presunto incumplimiento del debido proceso. Dijo que el caso estaba en apelación, que su pedido había sido retrasado y que si el fallo le fuese desfavorable aún tenía opción de ir a casación.

Hasta la sede judicial llegaron la madre y familiares del procesado, quienes se sumaron al coro de protesta. Pedían dialogar con el juez, pero no se les permitió pasar al despacho del magistrado. También estuvo su abogado defensor Jesús Cueva Benavides quien permaneció en silencio.

Alrededor de las 11.25 de la mañana, se entregó a la Policía la papeleta para internar a Montoya en el penal trujillano. El sentenciado y los policías abordaron la camioneta del Escuadrón de Emergencia en la que había sido trasladado dirigiéndose nuevamente a Pacasmayo a fin de cumplir el trámite.

Espera apelación

Sobre Montoya Balarezo pesa una sentencia, en primera instancia, que lo condena a 3 años de pena efectiva de privación de libertad, como presunto coautor de delito de usurpación agravada en agravio de Fredy Herbert Vásquez Quiroz. El caso está relacionado con lo que se conoce como invasión de terrenos.

El otro sentenciado por este caso es Mitchell Henrry Rivasplata Valera. También sobre él hay orden de ubicación y captura. Su caso es más delicado porque su abogado no apeló dentro del plazo de ley, y la sentencia ha quedado consentida. Por lo tanto Rivasplata Vásquez, una vez ubicado y detenido, cumplirá la sentencia. Montoya tiene la ventaja de haber apelado. Abriga la esperanza de que le revoquen la sentencia de primera instancia.

Detalles

Montoya –según lo que se dijo en la audiencia de alegatos finales, celebrada en julio- tiene varias otras denuncias por similares delitos. Se encuentran en etapa de investigación en el Ministerio Público.

La sentencia fue leída en audiencia celebrada el 3 de agosto. Además de la condena de privación de libertad, se impuso a los sentenciados la obligación del pago de una reparación civil de 30 mil soles. La sentencia incluía orden para restituir el predio Curva La Barranca a su propietario, medida de la que se hizo cargo el juez Luis Alejandro Pérez León. El desalojo se realizó el 4 de agosto en diligencia pacífica en la que también tomó parte la fiscal Chayguaque Ventura.

Montoya fue candidato a la alcaldía de Guadalupe en el 2014 por Vamos Perú.