En el juicio seguido contra Aldo Mauricio Montoya Balarezo y Mitchel Henrry Rivasplata Valera, hallados culpables de la comisión de delito de usurpación de terreno en agravio de Fredy Vásquez Quiroz, se reveló que los hechos se remontan a febrero del 2013.

La fiscal Taly Chayguaque Ventura, en sus alegatos finales, resumió lo que se había encargado de probar respecto del terreno usurpado de propiedad de Fredy Vásquez Quiroz, quien lo tiene inscrito en Registros Públicos; es un terreno de más de seis hectáreas que le fue donado por su hermana.

Acusó a Montoya y a Rivasplata Valera, de haber invadido dicho terreno, en febrero del 2013. Lo lotizaron y vendieron a terceros para lo cual falsificaron certificados de posesión a nombre de una supuesta asociación de comuneros que denominó “Jesús viene”, en la que Montoya figura como presidente.

Testimonio

La fiscal Chayguaque sustentó que el presidente de la Comunidad Campesina de Jequetepeque, Fidel Azañedo Luján, compareció como testigo en el juicio, negando que los dos acusados fuesen comuneros y que la asociación de Montoya fuese parte de su organización. Desconoció los certificados otorgados por Montoya y cursó cartas notariales con resoluciones, declarando la nulidad de los certificados que Montoya otorgó a favor de Carlos Alberto Leyva Roque, Pablo César Rodríguez Silva, Juan Bautista Sirlupú García, Julián Cotrina Machuca quienes aseguraron estar en posesión de sus lotes desde el año 2012, lo cual es falso. Se ha demostrado la falsedad de tal versión con la declaración de la entonces jueza de Paz de Guadalupe, Mixi Lozano Vásquez, quien en noviembre del 2012, a solicitud de Montoya Balarezo, hizo una inspección –tal como declaró en juicio- no constató posesión efectiva que se ubicó en la carretera carrozable a La Barranca constatando una casa de adobes y un terreno cercado y delimitado en su parte fronteriza pero que en el interior no había posesión de ninguna persona.

El 6 y 7 de febrero del 2013 se produjo la invasión del lote “Curva La Barranca”, sector El Tablazo. El terreno está a la altura del kilómetro 702 de la Panamericana, al lado derecho yendo hacia Pacasmayo. La fiscal Chayguaque Ventura dijo que Montoya invadió el terreno y ha hecho uso de certificados falsos.

Chayguaque refirió que su colega, el fiscal Italo Sigueñas Cáceres investiga a Montoya Balarezo en otra denuncia por invasión de terrenos, en cuyo proceso hay 58 agraviados, en Cerro Azul. Dijo que la investigación es por terrenos de propiedad estatal y también privada, así como terrenos intangibles.

Desmintió la versión de que los lotes se otorgaban a título gratuito pues hay recibos con los cuales se prueba que Montoya vendía los lotes.

La fiscal dijo: Estaríamos ante un tráfico de terrenos y hasta posible delito de asociación ilícita para delinquir. Hizo esta mención para sustentar el por qué la pena de 3 años de privación de libertad debería dictarse con carácter de efectiva.

Argumentos de Váquez

El abogado José  Erazo Hidalgo, representante de Fredy Vásquez Quiroz, constituido como actor civil, también abundó en precisiones para apuntalar la teoría fiscal que reconocía el derecho de su patrocinado.

Recurrió a fotografías tomadas el día 6 de julio 2016 en que se hizo una inspección ocular en el terreno y rescató declaraciones de los procesados. Mencionó, por ejemplo, que Rivasplata Valera dijo ante el juez Vojvodich Tocón, refiriéndose a unos palos y alambres de púas que estaban como cerco: “Eso de allí lo hemos hecho nosotros, doctor”. Con lo cual, dijo el abogado Erazo, se refiere a que han estado haciendo trabajos  en el predio invadido.

Erazo rescata un dicho de Montoya, con el cual indicó, se prueba, que éste reconoce la propiedad de su patrocinado cuando dice: “En la partida registral están las medidas y ya se pasó”.

Refirió que había muchos indicios que demuestran que Aldo Montoya actuó como autor intelectual al idear y organizar la usurpación del terreno de su patrocinado, y quien se enfrentaba era Rivasplata. Pero cuando había problemas llegaba Montoya.

Sustentó la tesis de que sí existió violencia. Se amparó en un acuerdo plenario que determina que la violencia no es solo contra las personas sino también contra las cosas. Se sumó al pedido fiscal de 3 años efectivos de pena privativa de libertad, y el pago de una reparación civil de 30 mil soles, a favor de su patrocinado.