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No prosperó el pedido del abogado Enrique López Fernández, defensor particular del congresista Reber Joaquín Ramírez Gamarra, quien un día antes presentó escrito solicitando justificar su inasistencia en la audiencia programada para este martes 31 de mayo. Por el contrario, la jueza resolvió a favor de fiscalía y disponiendo elevar los actuados a su superior jerárquico, para que se inicie el proceso de solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria contra Ramírez, quien dejará el cargo en julio próximo. 

El letrado de Ramírez solicitaba reprogramar la audiencia argumentando que para el mismo día (31 de mayo) tenía audiencia en el III Juzgado Transitorio de Trabajo, de Chiclayo, Exp. 1173-2016 , por lo que solicitaba dispensa y reprogramación.

Dilatan proceso

La jueza del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chepén, Liana Argomedo Pérez, consultó al fiscal  Francisco Rivera Navarro, quien manifestó que si el abogado justificaba la inasistencia, no se oponía y el Juzgado debía acceder, salvo decisión de la jueza.

La magistrada ya había solicitado la presencia de un miembro del equipo de Defensa Pública de esta provincia, llegando la abogada Hellen Janet Chepe Huamán para asumir la defensa de Ramírez Gamarra. Esto previendo la posible ausencia del abogado particular, y en vista de que se había formulado apercibimento.

La jueza Argomedo manifestó en la audiencia que el abogado López Fernández había presentado escrito como defensor de Ramírez; por lo cual se le notificó de la  reprogramación para el día 31 de mayo, en el domicilio procesal de  Reber Joaquín Ramírez Gamarra. Se citó fecha de audiencia para el día 31 de mayo, a las 10.45 de la mañana  “bajo apercibimiento si no concurriera a la sesión de audiencia subrogarse a la defensa particular y excluirlo, y automáticamente asuma la defensa la Defensa Pública”. Con ese fin se ofició a Defensoría Pública del Ministerio de Justicia a fin de que le nombre un defensor público.

Añadió que el abogado de Ramírez fue notificado el 25 de mayo, pese a lo cual recién el día 30 de mayo estaba solicitando postergar la audiencia, lo que la jueza rechazó.

“Sin embargo con fecha posterior solicita la justificación de su inasistencia pese a haber tomado conocimiento que era la única vez que se iba a reprogramar  (…) En ese sentido, esta judicatura determina que no va a soslayar de ninguna manera futura reprogramación de la presente audiencia más aun este proceso data del año 2015 sin que hasta la fecha pueda instalarse la audiencia por lo que se va a hacer efectivo el apercibimiento decretado en autos más aun cuando el abogado particular debió comunicar inmediatamente después de haber tomado conocimiento de la reprogramación de la presente audiencia, esto es el día 25 de mayo. Sin embargo ha esperado un día anterior a la presente audiencia para que trate de justificar su inasistencia cosa que no va a permitir este juzgador por lo que se va a excluir de la defensa particular del señor Reber Joaquín Ramírez Gamarra y dispone participe la Defensa Pública”.

Luego se acreditó la defensora pública Hellen Janet Chepe Huamán, en representación de Ramírez.

Instalada formalmente la audiencia, el fiscal Rivera Navarro detalló los hechos indicando que con fecha 2 de junio del 2014, José Flores Vargas y Almagro Santa Cruz Albitres, dirigentes de la Comunidad Campesina de Chepén,  denunciaron al representante legal de la empresa Agro industrial San José SAC, Reber Joaquín Ramírez Gamarra atribuyéndole haber realizado gestiones ante Hidrandina para obtener energía eléctrica y asimismo ha tramitado ante la ANA para la obtención del servicio de agua utilizando para ello un certificado número 6-12- DC- CCCh, del 2012. Agregó que los denunciantes sostienen que sus supuestas firmas que obran en dicho certificado han sido falsificadas.

El fiscal explicó lo que ya se conoce del asunto, como el convenio que posteriormente Ramírez Gamarra celebró con la Universidad Alas Peruanas cuyo rector es Fidel Ramírez Prado cediéndole 100 hectáreas del predio Las Uvas con el fin que dedique a la investigación y cedió poder a Rodman Souza Reátegui para tramitar luz y agua para el fundo.

Dijo que la falsificación de la firma de Almagro Cruz Alvitres, en el certificado de posesión cuestionado,  ha sido comprobada por peritaje a cargo de la Dirección de Criminalística del Ministerio Público. No se ha podido hacer lo mismo con la firma del presidente de los comuneros José Flores Vargas debido a que la copia alcanzada estaba incompleta por lo que no se pudo realizar el peritaje.

El fiscal declaró que culminada la investigación preliminar “el Ministerio Público estableció que de los actuados existen indicios reveladores de la existencia de los delitos de falsificación de documento, uso de documento falsificado así como delito contra la administración pública, es decir falsa declaración en procedimiento administrativo en agravio de la Comunidad Campesina de Chepén, y del Estado, representado por el Procurador público del Gobierno Regional, que vincularían al gerente de la empresa Agroindustrial San José SAC, Reber Joaquín Ramírez Gamarra, así como al representante legal de la Universidad Alas Peruanas, Rodman Eduardo Souza Reátegui”.

Agregó que se ha formalizado investigación preparatoria  contra Souza Reátegui. Pero no se puede hacer lo mismo con Ramírez Gamarra por su condición de congresista con inmunidad. No se le puede investigar hasta que el Congreso no lo autorice expresamente. Dijo que, en consecuencia, corresponde  actuar de acuerdo al artículo 453 inciso 2 del Código Procesal Penal, por lo que deberá elevarse los actuados a la Corte Superior de Justicia de La Libertad para que eleve al Congreso a fin de que resuelva lo conveniente.

A su turno, la defensora pública Chepe Huamán dijo que no formularía ninguna oposición, pero objetó que no se ha adjuntado medio probatorio para acreditar la condición de congresista de su patrocinado. La jueza resolvió aceptando el pedido fiscal disponiendo elevar los actuados a su superior jerárquico, conforme a lo que contempla el Art. 453 inciso 2 del Código Procesal Penal.

La audiencia se prolongó menos de media hora.  Asistió, entre otros, el presidente de la Comunidad Campesina de Chepén, José Flores Vargas.