"Este es un caso de proceso especial que solo se puede iniciar con autorización del Congreso. Aquí han denunciado a un congresista. La Comunidad Campesina de Chepén ha denunciado en la Fiscalía y, de acuerdo a ley, el fiscal provincial de Chepén no puede investigar a ese congresista. Yo, al ver que hay documentos donde aparece el nombre de él, que según la Comunidad Campesina, son falsos, entonces lo que se ha hecho es solicitar al juez para que se eleven los actuados con la finalidad de que, a su vez, la Corte Superior de Trujillo, eleve al Congreso para que allí determinen si es investigado o no".

— Fiscal provincial de Chepén, Francisco Rivera Navarro.

El fiscal provincial Francisco Rivera Navarro hizo algunas precisiones en torno a la investigación sobre las 1.183 hectáreas de terrenos que la Comunidad Campesina de Chepén reclama como propios y que ha originado denuncia que involucra al congresista Joaquín Ramírez Gamarra.

Según la denuncia, el congresista Reber Joaquín Ramírez Gamarra, se apropió de esa extensa área, supuestamente con documentos falsificados.

Los presuntos delitos que se investigan son:

• Contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos, uso de documento falsificado
• Contra la administración pública en la modalidad de falsa declaración en procedimiento administrativo en agravio de la Comunidad Campesina de Chepén y el Estado, representado por la Procuraduría Pública del GRLL.

La Fiscalía no tiene facultad para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, puntualizó el fiscal.

Los congresistas tienen el derecho de antejuicio, la inmunidad parlamentaria. Entonces, ¿qué sucede cuando a alguien se le está atribuyendo un delito común? La norma dice que el fiscal provincial no lo puede investigar, tiene que elevar los actuados para que el Congreso autorice, y sea otro funcionario que lo investigue, no la Fiscalía, remarcó Rivera.

Respecto de la notificación para Ramírez, entregada en Lima, dijo que en esta investigación, Ramírez Gamarra “se apersonó con una dirección, allí está en la carpeta fiscal. Entonces, a esa dirección se le está notificando”.

Añadió que la Comunidad Campesina denuncia a Ramírez por falsificación de documentos pero en la investigación fiscal surgen otras personas.

Eso es materia del proceso que sigue su curso. El pedido para que lo referente al congresista se eleve a la instancia superior, se hizo al formalizarse la investigación. Hace tiempo, sino que la audiencia se viene dilatando porque se argumenta que no es el domicilio, y por una u otra razón se dilata. Esta audiencia ha debido realizarse hace bastante tiempo, puntualizó.

Dejó en claro que “al congresista no se le ha investigado, a los demás sí”.

En cuanto a Rodman Eduardo Souza Reátegui, representante de la Universidad Alas Peruanas, el proceso continuará en las fechas de audiencias que fije el Juzgado.

Preguntado si se había demostrado la falsificación de documentos, el fiscal manifestó: “Hay peritajes que sí lo demuestran”.

Acerca de otras personas mencionadas en el proceso como el caso de una persona de apellido Vásquez quien supuestamente hizo la transferencia del predio al congresista, respondió que ese individuo no se ha apersonado.