En el marco de la Semana Internacional de la Lucha contra la Corrupción y ante la cercanía de los procesos electorales, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) lanzó la campaña ¿Quiénes no pueden contratar con el Estado?, donde se detallan los impedimentos que tienen las autoridades y funcionarios que ejercen la función pública.

Esta campaña cuenta con el apoyo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).

Según el artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado están impedidos para ser participantes, postores y/o contratistas en la jurisdicción que tengan o hayan tenido competencia, durante su gestión y hasta 12 meses después de haber dejado el cargo: el Presidente, Vicepresidentes, congresistas, ministros, viceministros, vocales de la Corte Suprema, titulares y miembros del órgano colegiado de los organismos constitucionales autónomos.

También incluye a los gobernadores y vicegobernadores regionales y consejeros de los gobiernos regionales, en el ámbito regional. Al igual que a los vocales de las Cortes Superiores, alcaldes y regidores, en el distrito judicial, provincia o distrito de su competencia. Además de los titulares de instituciones o de organismos públicos, directores, gerentes, trabajadores de las empresas del Estado y servidores públicos, en las entidades a la que pertenezcan.

Las personas que cumplan una función pública, así como sus familiares no pueden contratar con el Estado durante su gestión y hasta 12 meses luego de haber dejado el cargo dentro de la jurisdicción de su competencia.

Cuando se detalla a familiares están comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad (cónyuge, conviviente, hermanos, cuñados, abuelos, padres, hijos, nietos, tíos y primos hermanos).

Si alguna autoridad infringe la norma, las propuestas se tienen por no presentadas, excluyendo del proceso a estos proveedores, los contratos celebrados son nulos.