GUADALUPE, (ULTIMAS NOTICIAS DIARIO). Ochenticuatro viviendas de adobes y calaminas, con puertas y ventanas de fierro fueron arrasadas con el avance de dos cargadores frontales. Fue resultado de un mandato judicial de desalojo cumplido con apoyo de un contingente de alrededor de 400 policías a fin de devolver terrenos que la Beneficencia Pública de Guadalupe reclama de su propiedad.

Pese a los esfuerzos por evitar la violencia, la Policía tuvo dos enfrentamientos notorios con moradores. Un hombre fue detenido, y hubo varios heridos por las piedras que lanzaron los ocupantes contra la policía. La Policía se vio obligada en algunos momentos a usar gas pimienta para disuadir el tumulto.

Las pérdidas podrían estimarse como mínimo en medio millón de soles calculando una inversión de 6 mil soles por cada casa. La cantidad sería mucho mayor. Los invasores pudieron poner a salvo puertas y ventanas de fierro, así como muebles, enseres y animales domésticos ya que se les dio oportunidad de retirarlos antes de la demolición.

Anunciado desalojo

El desalojo ya estaba anunciado, era conocido por los socios de la urbanización Las Casuarinas donde se realizó la intervención judicial. Solo desconocían el día pero ya la Policía les había invocado que retiren sus pertenencias porque en cualquier momento se desalojaría, proceso que se frustró en dos ocasiones anteriores.

Las fuerzas policiales estuvieron desde las 4 de la madrugada, acordonaron toda el área y se distribuyeron en sectores estratégicos. La operación desalojo comenzó a ejecutarse a las 6, y hasta las 12 del día todo estaba consumado. A esa hora, algunos ocupantes de las viviendas de Las Casuarinas continuaban acomodando sus enseres amontonando cerca de donde antes levantaron sus casas; otros los retiraban empleando mototaxis y camiones. En medio de todo el alboroto, algunos rostros con miradas perdidas ante lo que parecía un escenario de guerra. Un día antes, a la misma hora, había el ir y venir de gente que al fin creía haber hecho realidad el sueño de la casa propia, aunque con el temor del desalojo inminente.

Varias de las familias dijeron que no tenían dónde ir y anunciaron que iban a levantar chozas para pasar la noche.

Los moradores acusaron que habían sido víctimas de abuso por parte de la Policía, en tanto desde este frente el comentario era que la operación se estaba cumpliendo pacíficamente destacando que la propia gente había retirado sus enseres, incluso con apoyo policial, tal como en realidad sucedió.

Primer incidente

Hubo dos hechos particularmente violentos. El primero, alrededor de las 8.12 de la mañana cuando un solo cargador frontal derruía varias viviendas. Dos moradoras llamaron a sus vecinas a oponerse pidiéndoles formar una cadena y colocarse delante de la máquina. Su llamado tardó en hacerse escuchar, pues las familias estaban ocupadas retirando sus muebles y enseres. Sin embargo se logró juntar un pequeño grupo femenino que burló la vigilancia policial. Las madres de familia se colocaron frente al cargador frontal y cuando la Policía comenzó a retirarlas una lluvia de piedras surcó los aires. Una pedrada rompió uno de los vidrios del cargador y esquirlas hirieron al maquinista en la cara y en una de las manos. El rostro del operador mostraba algunas señales de sangre.

Recuperado el orden, llegó equipo médico policial al mando del doctor Luis Cabrera Miranda y una enfermera. Atendieron al operador y se continuó con la operación desalojo. Para entonces, la Beneficencia ya había contratado otra máquina similar para avanzar.

Segundo incidente

El otro incidente fue alrededor de las 10.50, producto de la detención de Jimmy Velásquez de quien moradores dijeron que era un muchacho tranquilo. Sin embargo, la Policía lo habría identificado como uno de los que arrojó piedras contra el cargador frontal. Velásquez se acercó a un grupo de pobladores informando que había llegado el abogado y no lo dejaban pasar. Cuando un grupo de moradores salió a dar el encuentro al letrado, Velásquez se retrasó y fue detenido por la Policía.

La voz de su detención se corrió rápidamente y algunas señoras se acercaron a tratar de rescatar a Jimmy, produciéndose un nuevo choque con la Policía. Para dispersar al grupo, algunos policías utilizaron gas pimienta disparando cartuchos al aire. La gente no pudo evitar que se traslade al detenido a la Comisaría. En ese incidente, la Policía arremetió a varazos contra los manifestantes que –como en el primer incidente- eran mujeres, quienes cayeron al suelo. Los gritos y protestas enardecían los ánimos. Felizmente no ocurrieron más enfrentamientos violentos.

Todo derruido

El abogado Daniel Espino Goicochea llegó y se incorporó a la diligencia, la cual era grabada en video, de acuerdo con lo que dispone la norma penal.

El letrado dejó constancia de sus objeciones a la diligencia y calificó la intervención policial de abusiva. Cuestionó el desalojo judicial y aseveró estaba al margen de la ley ya que el caso recién iba a ser visto en juicio.

Alrededor de las 12 del día lo que quedaba era un escenario de guerra. Adobes regados, sobresaliendo calaminas destruidas, viguetas de concreto rotas, banderas peruanas ondeando en tanto ya había rodado por los suelos el cartel que identificaba la urbanización Las Casuarinas. Todo estaba consumado.

Las acciones se cumplieron con presencia del juez Luis Pérez León, la fiscal Taly Chayguaque Ventura; el contingente policial fue dirigido por el jefe de la Divpol Pacasmayo, coronel Félix Rodolfo Guzmán Reyes. Cerca de ellos estuvo el presidente de la Beneficencia Pública, Eduardo Castillo Bazán; el representante de la Procuraduría pública del Ministerio de la Mujer, José Alexander Carrillo Burga.