El pleno del Concejo Distrital de Pacasmayo tomó la decisión de impulsar la mejora de las condiciones de vida de muchos habitantes del distrito, a través de la reciente promulgación de la Ordenanza Municipal número 000006-2026-MDP/A.

La norma local, suscrita por el titular, Ricardo Orlando Guanilo Ayala, aprobó un nuevo reglamento para la emisión de los certificados de posesión.

Este cambio normativo tiene como objetivo principal, según su sustento, actualizar y agilizar los procedimientos administrativos para la obtención de certificados de posesión a las familias asentadas en áreas de expansión exclusivamente para que puedan cumplir con los requisitos previos exigidos por las operadoras de los servicios de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica.

La base legal de la iniciativa se fundamenta en los principios fundamentales de la gestión pública local del país. El concejo municipal, reconociendo su rol promotor del desarrollo y la economía local, utilizó estas facultades que la Constitución les asigna para promover además el ordenamiento de su territorio.

En efecto, la ordenanza municipal emitida recuerda que "las municipalidades son órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia". Agrega que esta autonomía ha sido el vehículo jurídico para adecuar las normas del distrito a las recientes modificaciones emitidas por el gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

El espíritu de la ordenanza está profundamente arraigado en la necesidad de garantizar derechos fundamentales para la población más vulnerable que reside en el distrito. La norma local asume un compromiso social al reconocer que la provisión de agua no es un privilegio, sino una necesidad vital ineludible. La ordenanza, respaldándose en las leyes nacionales y constitucionales, precisa que "el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable; garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos". De esta forma, el municipio se compromete a no ser un obstáculo burocrático, sino por el contrario un ente facilitador para que este derecho esencial se materialice prontamente en los hogares pacasmayinos.

El mecanismo central de la medida es la expedición del certificado de posesión que acredita la ocupación de un predio, el cual actúa como un requisito fundamental exigido por las empresas prestadoras de servicios. La norma es sumamente precisa respecto al propósito de este trámite, indicando que las autoridades locales "otorgarán a cada poseedor el Certificado o Constancia de Posesión para efectos del otorgamiento de la factibilidad de servicios básicos". El proceso se ha simplificado considerablemente para beneficio de los vecinos. Los ciudadanos que deseen solicitar este documento solo deben presentar una solicitud sencilla con su identificación oficial, un plano básico de ubicación de su lote y un acta de verificación de la posesión efectiva. Dicha acta deberá estar firmada por un funcionario de la municipalidad y respaldada por los vecinos colindantes o, alternativamente, por la autoridad policial.

Debe precisarse que este beneficio administrativo tiene restricciones rigurosas, diseñadas cuidadosamente para salvaguardar el ordenamiento territorial y proteger bienes de mayor valor para la sociedad y el Estado. Con el fin de desincentivar las ocupaciones informales en áreas intangibles o de riesgo, la ordenanza establece prohibiciones categóricas. El texto especifica de manera clara que "el Certificado o Constancia de Posesión no se otorgará a los poseedores de inmuebles ubicados en áreas zonificadas para usos de equipamiento educativo, reservados para la defensa nacional, zonas arqueológicas o que constituyen patrimonio cultural de la Nación". Asimismo, quedan excluidas de cualquier beneficio las zonas de alto riesgo definidas por el Instituto Nacional de Defensa Civil y las áreas naturales protegidas.

Finalmente, la actualización normativa requirió la derogación de la ordenanza anterior sobre la misma materia, la cual se emitió el año 2020. Tras las evaluaciones de la Subgerencia de Desarrollo Territorial Urbano y de la Oficina General de Asesoría Jurídica, el concejo municipal de Pacasmayo decidió por votación unánime dar luz verde a este nuevo reglamento. 

La justificación primordial para el consenso del colegiado fue la necesidad imperativa de "establecer un procedimiento actualizado que garantice la seguridad jurídica de los administrados y facilite el acceso a los servicios básicos". Con esta nueva regulación, la Municipalidad Distrital espera promover un desarrollo urbano más cercano a la inclusión habitacional y a la dignidad de sus ciudadanos.