El jueves 2 de julio fue promulgado el Decreto Supremo N° 097-2026-PCM, que declara el estado de emergencia en los distritos de veintitrés departamentos del país y la Provincia Constitucional del Callao. Entre las zonas contempladas por la norma destacan todos los distritos de las provincias de Pacasmayo y Chepén, en la región La Libertad.

Esta declaratoria tiene una vigencia de sesenta días calendario y su objetivo central es preparar a la población frente al "peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027".

La disposición del Ejecutivo se basa, según la norma, en informes técnicos emitidos por instituciones científicas y de prevención. El decreto hace referencia a los reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú y a los estudios de escenarios de riesgo elaborados por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. Estos informes advierten sobre "la continuidad de El Niño Costero y el desarrollo de El Niño (Pacífico ecuatorial central) ante la próxima temporada de lluvias", lo que exige la adopción urgente de medidas de prevención para proteger a las poblaciones expuestas a inundaciones.

El decreto señala de manera explícita la responsabilidad que tienen los gobiernos locales para garantizar su capacidad de respuesta aunque reconoce que esta, "ha sido sobrepasada".

Ante esta situación, el decreto concluye que "resulta necesaria la intervención técnica y operativa de las entidades del Gobierno Nacional" para mitigar los posibles daños y resguardar a las comunidades.

En términos operativos, la norma señala que los gobiernos locales y regionales trabajarán bajo la "coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)". Asimismo, dispone la participación activa de ministerios como Salud, Educación, Desarrollo Agrario, Vivienda y Defensa.

En conjunto todas estas instituciones, según el decreto, "ejecutarán las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan".

Cabe resaltar que el decreto otorga flexibilidad a las autoridades para intervenir sobre el terreno. El texto indica que las acciones planificadas "podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes". Esto permitirá a las autoridades de los distritos  de las provincias de Pacasmayo, Chepén y otros a nivel nacional, adaptar sus estrategias de emergencia según el comportamiento del clima.

Finalmente, sobre el respaldo económico, la norma precisa que no se entregarán fondos extraordinarios en una primera etapa. El decreto subraya que la ejecución de estas labores preventivas "se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público". Con esta disposición legal, las instituciones deberán priorizar sus recursos actuales y ejecutar las modificaciones presupuestales para mejorar las condiciones de respuesta ante la amenaza climática y salvaguardar a sus ciudadanos.