Con disposición fiscal del 3 de febrero de 2026, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el Ministerio Público inició investigación preliminar en la denuncia penal interpuesta por el ciudadano Julio Marín Grau contra el alcalde de Chepén, Julio Correa Chavez, por presuntos delitos de peculado doloso, colusión y negociación incompatible.

El caso fiscal abierto con N° 39-2026, se refiere a la obra “Construcción de pista en la calle San Pedro con adoquinado”, ejecutada por la Municipalidad Provincial de Chepén.

En la denuncia Marín Grau, advierte una serie de presuntas irregularidades técnicas, administrativas y contractuales que habrían generado un perjuicio económico al Estado, principalmente por la compra injustificada de cemento en exceso y la colocación de material agregado antes de la existencia de contrato. 

Según el análisis técnico practicado al expediente de la obra, la municipalidad adquirió 2,730 bolsas de cemento, cuando el consumo real y técnicamente justificado sería de 1,292 bolsas.

Esto, según la denuncia, representa un exceso no sustentado de 1,438 bolsas, equivalente a aproximadamente 111 % más de lo requerido, sin que exista respaldo en metrados, partidas adicionales, ampliaciones de plazo o modificaciones aprobadas.

 

En la denuncia se señala que, “no existe correspondencia técnica entre los metrados aprobados y la cantidad de cemento adquirida… El adoquinado no justifica el alto consumo de cemento, pues se ejecuta sobre cama de arena… El exceso estimado de 1,438 bolsas no se sustenta en el expediente técnico”

CUESTIONA DECLARACIONES DE ALCALDE

Uno de los puntos de apoyo en la denuncia es que las declaraciones públicas del alcalde provincial, Julio Salvador Correa Chávez, brindadas el 7 de enero de 2026 en el programa radial “La Voz del Pueblo”, serían auto incriminadoras.

Consultado sobre la compra de las 2,730 bolsas de cemento, el burgomaestre respondió, “si esta vez no se construye, ese cemento va quedar en los almacenes de la Municipalidad Provincial de Chepén, y estamos proyectando ahorita la construcción de todo el entorno de la plaza Dos de Mayo”.

Ante la insistencia del entrevistador sobre si realmente se usaría toda esa cantidad de cemento, el alcalde reiteró, “en caso estas veredas no se ejecuten, ese cemento quedará en los almacenes de la Municipalidad”.

Para el denunciante, estas expresiones no justifican la adquisición y, por el contrario, evidencian conocimiento previo del exceso y aceptación de una disposición indebida de bienes públicos, lo que configuraría indicios del delito de peculado doloso.

USO DE MATERIAL ANTES DE LA COMPRA

Otro eje de la denuncia es la colocación de material agregado en la obra antes del otorgamiento de la Buena Pro y de la firma del contrato correspondiente.

De acuerdo a la denuncia, el material ya se encontraba colocado y compactado antes del 12 de diciembre de 2025.

Agrega que la Buena Pro para la compra del material agregado se otorgó recién el 16 de diciembre de 2025, y que el contrato fue suscrito el 26 de diciembre de 2025.

Durante una visita de fiscalización realizada por el regidor provincial Ulfer Chavarry Balcázar, se constató que, “aún no se ha llevado a cabo el otorgamiento de la Buena Pro, sin embargo, en obra se advierte que ya se habría colocado los agregados, incluso gran parte de la obra ya está compactada”.

El origen de dicho material, según la denuncia, no está documentado ni acreditado, lo que refuerza la hipótesis de colusión y uso indebido de recursos.

PRESUNTO CONFLICTO DE INTERÉS

Marín Grau revela un presunto conflicto de intereses. El almacenero de la obra, contratado por la municipalidad, sería hermano del gerente general de la empresa proveedora del material agregado y adoquines, situación que habría sido omitida por la entidad.

La denuncia alcanza al alcalde provincial, gerentes municipales, exfuncionarios, ingenieros responsables del expediente técnico, logística, residencia y supervisión de obra, así como al proveedor del material, solicitando que sean investigados como autores, coautores o cómplices, según su grado de participación.

 

La denuncia fue interpuesta por Marín Grau el 22 de enero de 2026.

El denunciante advertía que la obra aún se encuentra en ejecución y consideraba que existe riesgo inminente de desaparición de bienes y alteración de pruebas, por lo que solicitaba diligencias urgentes como peritajes independientes, inmovilización de almacenes y trazabilidad del material utilizado.

“Los hechos descritos no constituyen meras irregularidades administrativas, sino indicios razonables de delitos contra la administración pública”, indica.

AMPLIA A COMISION DE REGIDORES

Luego de interpuesta la denuncia, Marín Grau, con fecha 30 de enero, solicitó la ampliación para incorporar como investigados a los regidores de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la MPCH.

Atribuye a los regidores Juan Jesús de la Cruz Briones, Edgar Eduardo Tirado Cruzado, y Aurora Elena Gonzáles Poémape, “omisión funcional y complicidad por omisión”, “al haber tomado conocimiento formal y directo de graves irregularidades en la ejecución de la obra y no haber adoptado acción alguna para impedir la continuidad del daño patrimonial al Estado”.

La Fiscalía, luego de evaluar el caso denunciado, dispuso el inicio de investigación preliminar. La fiscal responsable del caso es Eveling Mendoza Eustaquio.