En manos de la Comisión Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) quedó el caso del ciudadano Randy Sánchez Vigo, quien inició en el mes de junio, un procedimiento para que se resuelva el problema de acceso a su vivienda, generado con la ejecución de obra de la Av. Enrique Valenzuela Valera, de Pacasmayo.

Randy Sánchez Vigo, residente en la segunda cuadra de la Av. Enrique Valenzuela, hasta antes de la ejecución de la obra, había logrado autonomía para entrar y salir de su vivienda en su silla de ruedas y también en la cuatrimoto que adaptó para tener autonomía de desplazamiento.

Sin embargo, cuando se iniciaron los trabajos de perfilado de la calle,  y vio que eran notoriamente por debajo del nivel original que se tenía, buscó comunicarse con la municipalidad y los ingenieros del Consorcio Adonai, que integran las empresas Tecnicas de Ingenieria y Contratos S.A.C. y Constructora Valentino E.I.R.L.; e incluso con el Consorcio Supervisor Pacasmayo, integrado por Constructora Jhad S.A.C. y M&G Contratistas Del Norte S.A.C.

En las conversaciones que tuvo él y su familia, se les ofreció atender el caso y respetar el estatus de autonomía que el joven pacasmayino había logrado.

 

Esto no ocurrió, y como puede ser corroborado en campo, la vereda está ahora a 70 cm del nivel de la calle. Para Randy, ahora, salir de su cochera y bajar directamente a la calzada con su cuatrimoto es imposible, afectando su autonomía y la accesibilidad desde su vivienda a la calle y viceversa.

Al ver que sus pedidos y conversaciones verbales no tuvieron ningún efecto real, el 5 de junio recurre a la Oficina Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad (OMAPED), presentó a través de su madre y apoderada, un reclamo formal “por infracción a la normativa de accesibilidad urbana en la construcción de veredas - Calle Enrique Valenzuela”.

Nora Vigo Castañeda, pidió una “adecuación técnica y normativa … se proceda a la instalación de rampas de acceso para personas con discapacidad, a fin de garantizar la libre circulación, seguridad e inclusión en el entorno urbano de las personas con movilidad reducida”.

En tanto se respondía su caso, el 20 de junio, Sánchez Vigo solicitó con nuevo documento enviado al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), la supervisión del reclamo formulado a la municipalidad, a fin de recibir respuesta y atención. El pedido lo hizo a través de la oficina de Omaped de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo.

LA RESPUESTA MUNICIPAL 

El pedido a la municipalidad fue trasladado por el subgerente de Infraestructura, Leopoldo Flores Chanduví al representante de la supervisión de la obra, Roberto Carlos Losno Leyva, a fin de que informe sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la persona a raíz de la obra. 

El 17 de julio se solicita un nuevo pedido con similares características a fin de esclarecer el cumplimiento del expediente técnico respecto al diseño de niveles de veredas y rampas, las coordinaciones previas realizadas con los vecinos y la posible existencia de afectaciones al tránsito peatonal y vehicular.

RECONOCEN EL PROBLEMA PERO SE ESCUDAN EN EL EXPEDIENTE

La supervisión de la obra respondió a la MDP que el expediente técnico, “no contempló accesos vehiculares ni rampas peatonales en el tramo en cuestión, por lo que la obra se ejecutó de acuerdo con ello y dentro de las limitaciones físicas encontradas en campo”.

Asegura la supervisión que las veredas en la zona reclamada, “presentan desniveles de hasta 0,60 m respecto a la calzada… condición que imposibilitó técnicamente proyectar una rampa accesible frente a la vivienda de la administrada, por la pendiente resultante que afectaría la accesibilidad urbana”. Últimas Noticias debe precisar que la altura de la vereda es de 70 cm, no 60 cm como señala la supuesta respuesta de la supervisión.

La supervisión, por su parte, agrega que “se cumplió con la Norma GH.020 – Componentes de Diseño Urbano, Capítulo II: Diseño de Vías, con rampas peatonales en los extremos de la cuadra… Se constató que el joven Randy Vigo Sánchez, mencionado en el reclamo, utiliza con normalidad la infraestructura urbana, sin evidenciar restricciones de acceso a su vivienda, lo que demuestra la funcionalidad del diseño ejecutado”.

En realidad, Randy Sánchez Vigo debe recorrer la vereda, que es de uso peatonal, con su cuatrimoto para llegar a la esquina de la cuadra y descender a la calzada. Esto no solo es irregular, sino que termina afectando a otras personas.

La subgerencia de Infraestructura de la municipalidad propone como salida, que se gestione permisos para que Randy Sánchez Vigo utilice la vereda en su desplazamiento con su cuatrimoto para salir e ingresar a su domicilio, debido a que prácticamente no hay otra forma de resolver el asunto.

Toda esta situación fue enviada por la municipalidad a la jefatura de la Defensoría del Pueblo, La Libertad que el 12 de agosto había solicitado información al respecto.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DECEPCIONÓ

La respuesta final de la Defensoría del Pueblo al reclamo del ciudadano afectado causó decepción al solicitante y a su familia, ya que se limitó a presentar las respuestas de la municipalidad, sin un pronunciamiento que ejerza defensa de un derecho fundamental para una persona con discapacidad. Literalmente la Defensoría hizo el papel de una mesa de partes. En su carta de conclusión se lee: “al haber obtenido una respuesta a su reclamo, damos por concluido el presente caso, quedando a su disposición para atenderla en los asuntos de nuestra competencia”. Suscribe la carta, la jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo La Libertad, psicóloga María del Carmen Olórtegui Risco.

VIENE FISCALIZACIÓN DE CONADIS

Concluidas las gestiones en la municipalidad y la Defensoría del Pueblo, calificadas de “frustrantes” por Sánchez Vigo y sus familiares, aún queda pendiente las acciones de CONADIS.

El 11 de agosto, el director I de la Subdirección de Fiscalización del CONADIS, abogado, Carlos Alberto Torres Sanchez, comunicó al ciudadano Sánchez Vigo que en atención a su pedido, se realizará una fiscalización a la Municipalidad Distrital de Pacasmayo ante el presunto incumplimiento del artículo 15 de Ley General de la Persona con Discapacidad que señala, “La persona con discapacidad tiene derecho a acceder, en igualdad de condiciones que las demás, al entorno físico, los medios de transporte, los servicios, la información y las comunicaciones, de la manera más autónoma y segura posible. El Estado, a través de los distintos niveles de gobierno, establece las condiciones necesarias para garantizar este derecho sobre la base del principio de diseño universal”.

Según el análisis de la situación, “se estaría incumpliendo lo establecido en el numeral 16.1 del artículo 16 y numeral 17.1 del artículo 17 de la Ley General de la Persona con Discapacidad, toda vez que, las municipalidades promueven, supervisan y fiscalizan el cumplimiento de las normas de accesibilidad para la persona con discapacidad, así como que, las edificaciones públicas y privadas que brinden u ofrezcan servicios al público deben contar con ambientes y rutas accesibles para permitir el libre desplazamiento y atención de la persona con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás”.

Con este documento, Conadis anuncia una visita de fiscalización para verificar en campo lo señalado a nivel documental.