El ministro de justicia, Eduardo Arana, 

defendió la nulidad de la prisión preventiva que favorece a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la república, Dina Boluarte. Evitando referirse a Boluarte, sostuvo: “la Sala Penal de la Corte Nacional ha resuelto ... que la prisión preliminar está mal”; y que hay jueces y fiscales que “sin tener la certeza ni identificar a la persona” dictan la prisión preliminar.

Casi durante dos meses Nicanor Boluarte, pudo evadir a la justicia en la investigación penal que se le sigue por el caso conocido como ‘Los Waykis en la sombra’. Boluarte y otros enfrentan una investigación por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho activo genérico, al haber direccionado la designación de subprefectos con la presunta finalidad de obtener ventajas económicas y políticas.

Ahora que la Quinta Sala de Apelaciones Nacional del Poder Judicial revocó la orden de prisión preventiva que pesaba contra Nicanor Boluarte y los otros investigados, todos estos podrán salir de la clandestinidad. 

En el caso de Nicanor Boluarte, la última vez que se le vio fue el 17 de noviembre de 2024, cuando se conectó a la audiencia virtual, desde el interior de un vehículo, en el requerimiento de prisión preventiva. Cuando el juez del caso, Richard Concepción Carhuancho, dictó la prisión preventiva por 36 meses, el 19 de noviembre de 2024, Boluarte ya había pasado a la clandestinidad. 

La resolución mediante la cual una Sala revoca la prisión preventiva, señala: 

“Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de los investigados Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, Jorge Luis Ortiz Marreros, exdirector de la Dirección General de Gobierno Interior, Zenovia Griselda Herrera Vásquez, exjefa de Qali Warma en la región San Martín y Jorge Chingay Salazar, contra la Resolución Número dos de fecha 17 de noviembre de 2024”.

Boluarte como los otros investigados obtuvieron así una comparecencia simple. 

En la audiencia de la Quinta Sala de Apelaciones Nacional del PJ, la jueza María Felices llamó la atención agriamente a la fiscal Patricia Pérez, y le exigió que no se refiera a que si las leyes vigentes eran contrarias a la Constitución. 

“Por favor, evite pronunciarse en relación a si son leyes de impunidad”, dijo Felices. Así que finalmente, este colegiado aplicó las leyes 32108 y 32138, que son las mismas que el juez Richard Concepción Carhuancho decidió no aplicar por considerarlas anticonstitucionales. 

El caso Los Waykis en la sombra que involucra a Nicanor Boluarte, a Mateo Castañeda, exabogado de la presidenta Dina Boluarte y otros, investiga una presunta red que utilizó a prefectos, subprefectos y funcionarios para organizar su propio partido Ciudadanos Por el Perú.