En conferencia de prensa, que ofreció anoche, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, cuestionó que se haya dictado 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta del Perú, en el marco de la investigación penal conocida como “Los Waykis en la Sombra”.

“Tenemos un bajísimo estándar porque la privación de libertad debe ser el extremo último en el que nosotros tengamos que tomar la decisión de privar a alguien de su libertad, y más cuando no [hay] una sentencia; es decir, culminado el juicio”, declaró.

Cuestionó que el juez Richard Concepción Carhuancho haya demorado tres días en leer la resolución judicial con la que dispone la prisión preventiva contra Boluarte y otros cuatro investigados por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

Además acusó que se pretende vincular a la presidenta con el caso de “Los waykis en la Sombra“. Este caso se basa en que se habría captado a ciertas personas para designarlas en los cargos de subprefectos de ciertas regiones del país, así como en el Instituto Peruano de Deporte (IPD) y Provías Descentralizado. Con las designaciones se habría buscado ganar dinero pues se habría cobrado miles de soles por cada cargo; además de asegurarse de contar con funcionarios que apoyarían al partido político Ciudadanos por el Perú. 

“La presidenta no ha tenido que ver con estas cosas, por eso esa la advertencia y denuncia; cuando veo sorprendido que mentes atormentadas y confundidas están tratando de vincular y de insinuar que aquello existe”, dijo Adrianzén. Sin embargo, quien firmaba la resoluciones de designación de los prefectos era la presidenta, de quien dijo se mantiene “firme en el puesto”.