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Pacasmayo: Informe de Contraloría Sobre Primer Entregable 2021 de Expediente para Malecón Grau

Malecon

La Contraloría General de la República, a través de la Gerencia Regional de Control de La Libertad, detectó dos situaciones adversas en la elaboración del expediente técnico de la obra “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Turísticos Públicos en el Malecón Grau, Distrito de Pacasmayo - Provincia de Pacasmayo - Departamento de La Libertad” con Código Único de Inversión 2490023.

Se trata de un estudio realizado al primer entregable del expediente técnico, elaborado para Plan Copesco Nacional por el proveedor Alabastro S.A.C. que fue contratado en septiembre del año 2021 para desarrollar el expediente por el monto de S/ 580 397,76 en 150 días calendario en 5 entregables.

El análisis fue realizado por la Contraloría entre el 29 de febrero y el 13 de marzo.

El análisis fue realizado por la Contraloría entre el 29 de febrero y el 13 de marzo de este año, sobre la documentación del 2021 y halló que Plan Copesco Nacional otorgó conformidad al primer entregable, fechado 28 de octubre de 2021 pese a que tenía información incompleta, lo que para entonces podría afectar la calidad de la futura formulación del estudio definitivo y con ello un riesgo de deficiencias durante la ejercicio del proyecto. También advierte que podría haberse afectado la aplicación de acciones previstas en el contrato con el proveedor.

En el detalle, la Contraloría recuerda que para esa fecha, la inversión pública se estimaba en S/ 28 millones 027 599,20 en activos; en tanto en gestión de proyecto, expediente técnico, supervisión, liquidación y otros, se suman S/ 2 millones 822 162,30, haciendo un total de inversión en el proyecto estimado en S/ 30 millones 849 761,50.

Desde el año 2021, Municipalidad Distrital de Pacasmayo recibió los entregables para su visto bueno u observaciones.

Plan Copesco Nacional designó al arquitecto de planta Roberto Amayo Robles como el supervisor de la consultoría contratada, responsable de que se ejecute de acuerdo a los términos de referencia, documentos contractuales y normativa aplicable.

Junto con Amayo Robles, otros 8 especialistas de Plan Copesco Nacional conformaron un equipo de revisores de la elaboración del expediente técnico que desarrollaría la empresa Alabastro S.A.C. Debe recordarse que cada entregable también fue trasladado a la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, cuya área técnica de Desarrollo Urbano, desde el año 2021, recibió los entregables para su visto bueno u observaciones que pudiera detectar.

Información faltante

En el primer entregable, de octubre de 2021, el proveedor Alabastro S.A.C. debió entregar entre una serie de estudios, un levantamiento de las redes exteriores de energía eléctrica, comunicaciones, agua y desagüe, tal como señalaban los términos de referencia. Sin embargo no lo hizo y solo se limitó a describir la situación que en octubre del 2021 vivía Pacasmayo respecto del servicio de agua y alcantarillado.

Textualmente decía: “Con respecto del servicio de agua potable y el tratamiento de las aguas servidas existe un problema muy serio que puede golpear fuertemente el crecimiento del turismo y la salubridad de la población. El mal manejo de las redes de agua por parte de la autoridad distrital ha generado que el agua se reparta con turbidez y con alta concentración de metales pesados como el cadmio, hierro y manganeso. Ello empeora debido a que la cementera de la ciudad, aunque apoya con actividades de responsabilidad social, contamina el ambiente y las aguas. En este punto es importante denunciar la presencia de un frigorífico de ganado en la bahía de Pacasmayo que desvergonzadamente vierte sangre de animales y aguas servidas a la playa, destruyendo el ecosistema y golpeando fuertemente el aprovechamiento del litoral”.

Solo faltó describir que los desagües se arrojaban al mar y que el sistema de bombeo de aguas servidas estaba semi colapsado.

Similar situación describió respecto de la red eléctrica. “Las conexiones de energía eléctrica representan un peligro para la zona urbana, estando expuesto a la intemperie a lo largo de las estrechas calles pudiendo provocar incendios en cualquier momento”, mencionaba el informe. Sin embargo de lo descriptivo no pasó a la elaboración de planos topográficos que grafiquen las redes y las estructuras para proyectar en el expediente técnico.

En los términos de referencia del contrato, también se solicitaba que se plantee un diseño de mezcla para concreto con las características del material evaluado en las canteras identificadas. Tampoco se alcanzó el diseño de mezcla.

Plan Copesco Nacional otorgó la conformidad del entregable el 18 de diciembre de 2021, y no aplicó una posible penalidad.

Finalmente en esta situación adversa, el formulador debió determinar el nivel de aguas freáticas, análisis de calidades y aforos de posibles fuentes de agua para el abastecimiento de agua al proyecto, pero a noviembre de 2021 tampoco lo determinó.

Pese a lo antes mencionado, Plan Copesco Nacional otorgó la conformidad del entregable el 18 de diciembre de 2021, y no aplicó una posible penalidad, desconociéndose si se corrigieron esas observaciones en lo sucesivo del proceso de elaboración del expediente técnico.

La segunda situación adversa está referida a que Plan Copesco no actualizó la información y documentación en el Sistema de Registro para el Control de Contratos de Consultoría en el Estado - SIRICC, correspondiente a los entregables, conformidades y pagos del contrato de consultoría para la elaboración del expediente técnico del proyecto. Además de incumplir plazos para la entrega de dicha información, se afectó la transparencia, publicidad, rendición de cuentas y el fortalecimiento del ejercicio del control gubernamental, señala la Contraloría.

A estas dos situaciones adversas fueron comunicadas el 13 de marzo al director ejecutivo de Plan Copesco Nacional, doctor Javier Masías Astengo, a fin de que disponga las acciones preventivas y correctivas que correspondan, e informe de las mismas en el plazo de 5 días hábiles. El informe fue publicado por la Contraloría el 19 de marzo.

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