El gobernador regional César Acuña Peralta reconoció que pese a que la mañana del sábado 2 de octubre, estuvieron reunidos en el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, ningún jefe policial presente, informó del ataque contra la mina Poderosa, hecho que se había producido a la una de la mañana de ese mismo día.

Es más, el gobernador Acuña contó que se enteró por la prensa, cuando el ataque se dio a conocer hacia el final del día sábado. Acuña dijo que esto demuestra el desgobierno al interior de la PNP.

Las primeras informaciones sobre el atentado eran escuetas. Se supo que una facción de delincuentes armados ingresó a la propiedad de la mina Poderosa, en la provincia de Pataz, secuestró a varios trabajadores, y provocó una explosión que dejó nueve trabajadores fallecidos.

Con el transcurrir de las horas se identificó a los nueve fallecidos, cuyos cuerpos fueron recuperados por la policía. Las personas asesinadas son Javier González Aguilar (23), Alan Taypecahuana Valenzuela (22), Alexander Alberto Casas Chiza (22), Edison Yuri Huacho Ccoscco (23), Mike Yohan Rayco Portal (30), José Rodolfo Valdivia Rafael (26), Efraín José Esteban Cantalicio (25), Alex Alberto Angulo García (31), Heiner Ericson Román Fuentes (21). Ayer falleció una de las personas que había sufrido graves quemaduras.

El mismo sábado, diez personas, con quemaduras múltiples, de segundo y tercer grado, fueron trasladadas, en avioneta, desde Pataz, a una clínica de Trujillo, donde reciben atención. Además se requirió el traslado de otros cinco heridos.

Ampliar Reinfo protege a criminales

Según un comunicado de Poderosa que lamentó el asesinato de sus trabajadores; los heridos graves eran 10, y los heridos leves, 3.

Reiteró que “Estos trágicos sucesos no se dan de manera aislada, sino que responden a una espiral de deterioro de las condiciones de seguridad en la zona”. Señalan directamente que es “consecuencia del crecimiento exponencial de la minería ilegal, ahora coludida con la criminalidad organizada, que ha venido operando con la más total y absoluta impunidad, amparada en el manto de protección que le otorga el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera)”.

Según ha trascendido, ha sido tomada por organizaciones criminales que operan asociadas con los mineros ilegales. Estos desplazan “vigilantes” que en realidad son extorsionadores.

La mina recuerda que ataques anteriores de las bandas criminales y de los mineros ilegales provocaron la muerte de 7 de sus trabajadores. “Adicionalmente, hemos registrado la voladura de 10 torres de alta tensión, destrucción de infraestructura, maquinarias y equipos de la empresa”, indica.

Y una vez más, la empresa pide que el Estado peruano, a través del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio Público “y otras autoridades involucradas, redoblen sus esfuerzos para combatir la criminalidad y minería ilegal que ha invadido Pataz, se salvaguarde la integridad de las personas y se respete el derecho al trabajo formal”.

Se debe recalcar que la provincia de Pataz se encuentra en estado de emergencia precisamente por falta de seguridad desde hace varias semanas. Esto implicó la presencia de 50 policías de Dinoes. Y es en medio de esta condición que se produjo la masacre.

Llegan policías y ministros

La mañana de ayer domingo arribaron a Trujillo 50 agentes del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco) de la Policía Nacional del Perú, que de inmediato se trasladaron a Pataz.

Además, la noche de ayer, domingo, llegaron a Trujillo, el ministro del Interior, Víctor Torres, y el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera. Estuvieron acompañados de funcionarios regionales, entre ellos, el gerente regional de Energía y Minas, Beder Martell. Anunciaron que se estaban dirigiendo a Pataz.

Para anoche se anunció que en Pataz, se contaba con 180 policías. Según el ministro Torres, no se detendrán hasta encontrar a los responsables.

7 detenidos

Los peruanos Luis Zapata Chimacero (26), Luis Arias Benites (23), Agustín Oré Alfaro (54), Dilser García Huamán (21) y Maikol Torres Benites (23); y los venezolanos José Ramírez Valecillo (19) y Junior Herrera Josa (25) son los primeros detenidos por su presunta participación en el ataque.

En la población hay justificada indignación y temor.