Una iniciativa de modificación legislativa para calificar la extorsión bajo los alcances del delito de terrorismo, elaboró el jefe del Departamento de Investigación Criminal de Pacasmayo, Cap. Hugo Olano Mendoza; propuesta que el oficial ha trasladado a su comando para su consideración y eventual tramitación correspondiente ante el poder legislativo.

Es indispensable regular la venta de chip de teléfonos celulares y que la PNP cuente con un aplicativo que permita identificar inmediatamente al abonado, opina jefe policial.

El jefe del Depincri Pacasmayo, quien fuera integrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), unidad de élite de la Policía Nacional del Perú creada dentro de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (Dircote) con la finalidad de ubicar y capturar a delincuentes terroristas, dirigió su iniciativa al jefe de Divincri La Libertad, Crnl. PNP Javier Nemesio Méndez Yupanqui.

En diferentes oportunidades, el capitán Olano Mendoza comentó la necesidad de calificar la extorsión dentro de los alcances del delito de terrorismo. Además opina es indispensable potenciar el trabajo policial, regular la venta de chip de teléfonos celulares y que la PNP cuente con un aplicativo que permita identificar inmediatamente al abonado de los números de telefonía móvil involucrados en las extorsiones.

Sugiere incorporar agravantes al delito de extorsión debido al terror que los delincuentes infunden en sus víctimas.

En la exposición de motivos de su INFORME N° 052-2023/III-MRP-LL/RP-LL/DIVINCRI-LL/DEPINCRI.PMYO/SEC, el oficial señala que, “en la actualidad ciudadanos de la provincia de Pacasmayo, así como del Perú en general, vienen siendo objeto de llamadas y mensajes vía WhatsApp de carácter extorsivo, así como de atentados contra su integridad y propiedades mediante el uso de explosivos y armas de fuego, situación que conlleva a que muchos ciudadanos opten por cerrar sus negocios, así como de migrar a otros lares para evitar ser objetos de las amenazas de estos indeseables”.

Recuerda que el delito de extorsión está tipificado en el Código Penal como delito contra el patrimonio. Invoca el Art.200 observando que solo se refiere a la ventaja económica, pero no se considera a las amenazas de muerte, que para el oficial Olano Mendoza es un uso del terror entre los que se cuentan el explotar cartuchos de dinamita, disparos con armas de fuego contra propiedades, que en la práctica es coaccionar a la víctima bajo un estado de terror.

Compara a extorsionadores con el terrorista que “crea un estado de zozobra, alarma y temor, tanto a la víctima como a todos sus familiares”.

En la revisión del Código Penal, advierte que “El Decreto Ley N°. 25475 LEY DE TERRORISMO -dice- el que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma, o temor en la población o en un sector de ella, realiza actos contra la vida, el cuerpo y la salud, la libertad y seguridad personales o contra el patrimonio, contra la seguridad de los edificios, vías o medios de comunicación o transporte de cualquier índole, torres de energía o transmisión, instalaciones motrices o cualquier otro bien o servicio empleando armamentos, materias o artefactos explosivos o cualquier otro medio capaz de causar estragos o grave perturbación de la tranquilidad publica o afectar las relaciones internacionales o la seguridad de la sociedad o de cualquier estado”.

Hace un paralelismo pues los actos de intimidación utilizados por los delincuentes extorsionadores se encontrarían enmarcados dentro de lo que sanciona la norma en mención, llegando inclusive a ocasionar la muerte. Esto sin duda, opina el oficial Olano Mendoza, “crea un estado de zozobra, alarma y temor, tanto a la víctima como a todos sus familiares”.

Propone que la PNP cuente con medios tecnológicos inmediatos para verificar al titular de la línea y agilizar las acciones policiales.

En ese contexto, dado que los delincuentes utilizan teléfonos celulares y los mensajes son cruzados con sus víctimas, se busca que PNP cuente con medios tecnológicos inmediatos para verificar al titular de la línea y agilizar las acciones policiales. Por ahora, ese escenario no existe y las acciones policiales en su mayoría se frustran.

Olano Mendoza confía en que la propuesta logre su objetivo y que las operadoras telefónicas que hasta ahora venden chip de teléfonos celulares de manera indiscriminada e incluso sin que se registre el nombre del nuevo abonado, puedan facilitar inmediatamente la información facilitando sus bases de datos en una aplicación que identifique a los titulares de esa líneas, involucradas en extorsiones.