A diferencia de las excusas y lavada de manos que hicieron los funcionarios de confianza de la gerencia regional de Salud del Gobierno Regional La Libertad, el gerente regional de Educación, Julio Martín Camacho Paz, reconoció que viene luchando contra la corrupción y “las mafias” al interno de la propia institución, la falta de compromiso del personal incluidos los docentes que no cumplen su horario de trabajo y hasta contra los directores de las Ugel que creen que “pueden hacer lo que se les da la gana”.

Camacho, profesor de matemática e ingeniero, que ostenta dos maestrías y dos doctorados, se presentó ante el consejo regional de La Libertad el lunes 26 para informar sobre los avances de su sector, presentar los resultados de la Evaluación Censal Regional de Estudiantes 2023 y responder a los cuestionamientos de los consejeros.

¿Y la mafia de los títulos falsos?

El tema recurrente por parte de los consejeros fue el de “La mafia de los títulos falsos”, nombre que identifica a la presunta organización criminal descubierta en febrero del 2020 con tentáculos en institutos pedagógicos y en la propia gerencia de Educación.

Camacho reconoció que no se ha avanzado nada en los procedimientos administrativos sancionadores.

De acuerdo a lo que el Ministerio Público dio a conocer, en ese febrero 2020, cuando se detuvo a los máximos funcionarios de la gerencia regional de Educación (GRELL) del gobierno regional, que dirigía Manuel Llempén, se había detectado 660 profesores con títulos obtenidos ilegalmente. De estos, por lo menos 300 habrían logrado introducirse en el sistema obteniendo una plaza y se encontraban dictando clases.

El tema fue también el punto crítico de la gestión del gerente Camacho. Ante la pregunta reiterativa del consejero regional Robert de la Cruz, por conocer sobre las acciones adoptadas desde la GRELL, contra los docentes involucrados, Camacho reconoció que no se ha avanzado nada en los procedimientos administrativos sancionadores.

Camacho, quien fue candidato a consejero regional 2022, respondió reiteradamente que el caso se encontraba en manos de la justicia.

De la Cruz recordó las cifras de los 660 implicados y los 300 que se encontrarían laborando en diferentes Ugel, conforme a la información que en su momento proporcionó el Ministerio Público.

Camacho, quien fue candidato a consejero regional en la lista del actual gobernador César Acuña Peralta, en las Elecciones Regionales y Municipales 2022, respondió reiteradamente que el caso se encontraba en manos de la justicia.

Añadió que había pedido información del avance del caso al Ministerio Público, pero aún no tenía respuesta. Llegó a decir que ignora quiénes son los docentes involucrados en la investigación y pidió que el consejero De la Cruz, que manifestó tener algunos nombres, se los haga llegar.

Varios consejeros tomaron la palabra expresando preocupación por la situación que afecta directamente a los niños que reciben clases de personas que nunca acudieron a las aulas a formarse como docentes pero obtuvieron ilícitamente el diploma como tales.

Ojo a prescripción de procesos administrativos

La consejera regional Olanda Torres, al final de la sesión intervino por segunda vez, lanzando alerta. “Había referido el consejero Robert de la Cruz y el consejero Ever Cadenillas que había responsabilidad penal de por medio y que no habían sanciones administrativas. ¿Qué posiblemente es lo que va a ocurrir? El artículo 97 del reglamento de la Ley Servir señala prescripción y esto implica que para estos servidores que han presentado título falso hay un plazo de 3 años para sanción disciplinaria y un año a partir de la fecha en que la oficina de Recursos Humanos tomó conocimiento de la infracción. Esto qué quiere decir. Que es muy posible que cuando quiera sancionar, la secretaria técnica de procedimientos administrativos disciplinarios, (los involucrados) aleguen prescripción”.

Y añadió dirigiéndose al gerente Camacho: “Es por esta razón que le pregunté por procedimientos prescritos... De la anterior gestión no han pasado dos años desde que ha cesado, entonces le pido que sí hay que dar prioridad. Primero verificar plazos de prescripción con la secretaría técnica de procedimientos administrativos disciplinarios de cada Ugel, que vea la relación de profesores, la fecha de la comisión de la infracción y si efectivamente ha prescrito o no. Segundo que contra el ex gerente regional de Educación y contra involucrados se proceda a analizar porque para ellos aplica también la sanción disciplinaria de hasta dos años desde la fecha de cese”.

Finalmente sugirió que además se procese a todo aquel funcionario involucrado en que se no se haya sancionado administrativamente el escandaloso caso de los títulos falsos. “Y que su gestión sea la que demuestre que va a combatir las ineficiencias que ocurrieron en gestiones anteriores. Si no prioriza, mañana van a prescribir los procesos administrativos disciplinarios”.

Dato del 2020

En febrero 2020, el entonces gobernador Manuel Llempén, tras la detención de los funcionarios de Educación, anunció la conformación de una comisión técnica que elaboraría un plan de acción a corto y mediano plazo que sería entregado el 9 de marzo 2020. Según su anuncio, la comisión estaría integrada, entre otros, por el consejero regional de la comisión de educación, Luis Rodríguez (consejero reelegido 2023-2026).

Asimismo anunció que secretaría técnica “iniciará acciones para los respectivos procesos disciplinarios contra personal administrativo docente, este trabajo lo liderará el gerente general” que en ese momento era William Raphael León Huertas.