Ante el anuncio del incremento de lluvias en todo el país, durante los próximos dos meses, la Defensoría del Pueblo exhortó a que se activen intervenciones coordinadas y planificadas entre los tres niveles de gobierno (nacional, regional y municipalidades) para la reducción de situaciones de riesgo, respuesta para la ayuda humanitaria y la rehabilitación oportuna de las zonas que puedan resultar afectadas por el impacto de las lluvias intensas, inundaciones, desbordes de ríos, huaicos y otros eventos climáticos que podrían afectar la vida de la población y sus medios de subsistencia.

La Defensoría hace hincapié en que de acuerdo a un último reporte del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), el país podría afrontar un superávit de lluvias que podría prolongarse hasta mayo próximo, poniendo en condición de riesgo muy alto a más de 600 000 personas y una cifra superior a 174 000 viviendas, así como a 327 establecimientos de salud y 1200 instituciones educativas.

Más de 1 300 000 personas y más de 380 000 viviendas se encontrarían expuestas a los efectos de huaicos y deslizamientos.

De otro lado, el mismo reporte estima que más de 1 300 000 personas y más de 380 000 viviendas se encontrarían expuestas a los efectos de huaicos y deslizamientos, junto a 1157 establecimientos de salud y 8166 instituciones educativas. Sin embargo, pese a este crítico panorama, se puede advertir que el nivel de gasto del presupuesto asignado a los tres niveles de gobierno para labores de reducción de riesgos y atención de emergencias es de solo el 5 % hasta el momento.

La Defensoría del Pueblo recordó que la declaratoria de estado de emergencia, que actualmente rige sobre 479 distritos ubicados en un total de 20 regiones, permite a las instituciones ejecutar modificaciones presupuestarias para la adquisición de bienes de ayuda humanitaria y otras labores de preparación ante el peligro inminente y la atención de desastres. Asimismo, que en caso de no contar con recursos suficientes, los gobiernos regionales y locales pueden solicitar el financiamiento que requieren al Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes) para la rehabilitación de canales de riego, infraestructura de colegios y centros de salud, así como para el restablecimiento del tránsito y de los servicios de agua potable y alcantarillado.

Los gobiernos regionales y locales son las máximas autoridades responsables de la implementación de procesos y del uso de recursos financieros para la gestión del riesgo de desastres.

La adjunta de Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, Eugenia Fernán-Zegarra, recordó que la Ley 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres, determina que los gobiernos regionales y locales son las máximas autoridades responsables de la implementación de procesos y del uso de recursos financieros para la gestión del riesgo de desastres dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.

Estas acciones deben ser ejecutadas con urgencia, de manera articulada entre los tres niveles de gobierno, considerando que hasta el momento se registran 53 personas fallecidas como consecuencia de los efectos de las fuertes lluvias, así como 7 personas desaparecidas y más de 40 000 personas afectadas o damnificadas. Asimismo, que las fuertes lluvias dejan hasta ahora 17 448 viviendas destruidas o afectadas, así como 539 aulas educativas y 63 establecimientos de salud cuyas infraestructuras han resultado dañadas.

Se requirió garantizar la protección de las poblaciones, la preservación de sus bienes y medios de vida así como la no interrupción de los servicios públicos esenciales frente a estas emergencias y desastres.

“En defensa de los derechos de las personas, exigimos a las autoridades de los distritos y regiones comprendidos en las medidas de emergencia a desarrollar intervenciones coordinadas y articuladas, a fin de garantizar la protección de las poblaciones, la preservación de sus bienes y medios de vida así como la no interrupción de los servicios públicos esenciales frente a estas emergencias y desastres”, sostuvo.

Fernán-Zegarra, quien recordó que a inicios del año se remitieron recomendaciones a las nuevas autoridades de los gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales para recordarles que en cumplimiento de sus funciones y con celeridad, intensifiquen las intervenciones de defensa ribereña, descolmatación de ríos, mantenimiento de drenajes, control de zonas críticas y fajas marginales en cauce de ríos, entre otras medidas de reducción del muy alto riesgo existente.

Finalmente, la representante de la Defensoría del Pueblo afirmó que la institución continuará supervisando las intervenciones de los tres niveles de gobierno que se encuentren orientadas a la reducción del riesgo, respuesta, asistencia humanitaria y rehabilitación en las zonas declaradas en estado de emergencia y de aquellas expuestas a las lluvias intensas y eventos asociados.