Pese a que desde la Junta de Usuarios Jequetepeque se confirmó que esperaban obtener una “solución” política que les devolviera legalmente la operación y el mantenimiento de la infraestructura mayor del sistema de riego regulado del valle Jequetepeque, el Pejeza ha iniciado acciones legales para obligar a la Junta a cumplir la norma vigente que lo reconoce como el operador.

El Pejeza ha continuado con decisión un proceso que inició con dos cartas notariales, exigiendo a la Junta la devolución de la infraestructura mayor de riego. El jueves 28 de abril de 2022, por intermedio de su director ejecutivo, el Pejeza denunció penalmente a la presidenta del consejo directivo de la Junta de Usuarios Jequetepeque, Nancy Palacios, sus directivos y consejeros.

DENUNCIA A CONSEJO DIRECTIVO

La denuncia formulada por el director ejecutivo del Pejeza, Jesús M. Basilio Huallparuca, es suscrita también por el jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica del Pejeza, abogado Víctor Jesús Díaz Rodríguez.

La denuncia interpuesta ante la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pacasmayo, es por la presunta comisión de los delitos de apropiación ilícita, usurpación de funciones y otros, en agravio del Estado. Se identifica a los denunciados como la presidenta de la Junta de Usuarios Jequetepeque, Nancy Elizabeth Palacios Linares; al tesorero, Pedro Hernando Quilcate Pairazamán; a la secretaria, Marixa Monja Nicolás; a los consejeros Dionicio Bruno Rojas, Vicente Evangelista Linares Abanto, José Wilfredo Isla Urteaga, y Pedro Javier Escobar Zapata. También están incluidos en la denuncia los consejeros de uso no agrario, César Rodolfo Milla Manay; y Henry Gabriel Franco Plasencia.

INCUMPLIO CONVENIO

El escrito detalla que el 7 de octubre del 2015 el Pejeza suscribió un convenio de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Mayor de Riego Regulado Jequetepeque con la Junta de Usuarios Jequetepeque con vigencia del 1 de agosto de 2015 por 5 años.

Añade que, durante ese tiempo, ”la Junta incurrió en una serie de incumplimientos al propio convenio que había suscrito, dicho convenio fue resuelto mediante carta notarial N° 029-2018-MIDAGRI-PEJEZA-DE, de fecha 27 de octubre 2018”, notificada válidamente.

Se explica que la Junta no cumplió con abrir cuenta en el Banco de la Nación para depositar los recursos públicos que constituyen el pago de la tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica mayor. Tampoco informó al Pejeza sobre los ingresos mensuales y anuales de cobranza de la tarifa.

La Junta no cumplió con invertir exclusivamente los recursos recaudados por tarifa, en la operación y mantenimiento de la infraestructura mayor; sino que hizo gastos que no corresponden a esas tareas.

Finalmente, el Pejeza asegura que la Junta, “nunca cumplió con lo establecido en el convenio vigente al 31 de julio del 2020”.

Agrega que notificó mediante carta notarial N°038-2017-MINAGRI-PEJEZA-DE del 22 de agosto 2017, las observaciones antes señaladas, otorgando un plazo de 30 días para que sean absueltas. Añade que el 3 de octubre 2018, con carta notarial N° 020-2018-MINAGRI-PEJEZA/DE notificó a la Junta la valorización de los incumplimientos.

SE AMPARA EN ROL OPERADOR

La denuncia del Pejeza recuerda que el 3 de abril 2015, al amparo del Reglamento de la Ley N° 30157, Ley de Organizaciones de Usuarios, en el numeral 26.1, el artículo 26 establece que son los proyectos especiales los encargados de ejercer el rol de operador de infraestructura hidráulica mayor.

Este rol, en el caso del Pejeza, se formalizó con la emisión del título habilitante a su favor mediante Resolución Jefatural N° 045-2017 el 28 de febrero 2017, por el plazo de 5 años. Este, fue renovado el 29 de marzo 2022 con RJ N° 094-2022-ANA y declarado con vigencia indeterminada de título habilitante. Pese a ello, la Junta mantiene la operación de la infraestructura mayor de riego, y cobra la tarifa.

Con este antecedente, el Pejeza se reafirma en denunciar que desde el 1 de agosto de 2020, no existe convenio con la Junta de Usuarios y que ésta desde entonces ejerce de forma ilegal el rol de operador de la infraestructura mayor que le corresponde al Pejeza.

“No existe ningún convenio, instrumento contractual o dispositivo legal vigente, que faculte a la Junta a continuar realizando labores de la operación y mantenimiento de la infraestructura mayor, así como hacer gastos con recursos de la tarifa por el uso de la infraestructura Hodráulica Mayor (TUIHMA) sin autorización, por lo tanto el Pejeza debe iniciar las acciones legales para exigir y obligar a la Junta cumpla con devolver el bien público mencionado, puesto que la citada infraestructura hidráulica es propiedad del Estado y los recursos económicos que se recaudan y administran por concepto de pago de la TUIHMA, constituyen recursos públicos”.

DEBE ENTREGAR MÁS DE 14 MILLONES

Resalta el Pejeza que se ha requerido a la Junta la devolución de la infraestructura con cartas notariales N° 14-2022-MIDAGRI-PEJEZA/DE del 5 de abril 2022 y N° 16-2022-MIDAGRI-PEJEZA/DE del 19 de abril 2022, otorgando primero 7 días; y luego 2 días hábiles para que se cumpla con entregar de manera formal y coordinada la infraestructura y patrimonio; y para que efectúe la transferencia a las cuentas del Pejeza, de 11 millones 670 mil 048,69 soles, del periodo recaudado de enero a diciembre 2022; y 2 millones 817 mil 024,08 soles por el periodo enero a marzo 2022, de acuerdo a la disposición de la Autoridad Nacional del Agua, bajo responsabilidad. Pese a los requerimientos, la Junta no ha cumplido.

“Según lo establecido en las resoluciones administrativas, la Junta debió y debe transferir los montos recaudados al operador de Infraestructura Hidráulica Mayor que recae en el Pejeza; es decir, la Junta solamente tiene el rol de recaudar el concepto de tarifa e inmediatamente transferir al operador”.

Vencidos los plazos, el 25 de abril 2022, la Junta, “”se viene apropiando de toda la infraestructura hidráulica mayor Jequetepeque”, y advierte un ánimo doloso contra la ley de sus directivos.

Se señala que el 11 de abril 2022, se realizó una reunión en Lima ante el ministro de Agricultura, en la que la presidenta de la Junta de Usuarios Jequetepeque, Nancy Palacios Linares, reconocía que estaban operando la infraestructura mayor y exigía se les otorgue título habilitante.

El documento de la denuncia señala que Palacios Linares dijo en la reunión frente al ministro Oscar Zea, “no le vamos a entregar señor ministro, no le vamos a entregar, porque eso nos corresponde por derecho, nosotros hacemos la operación y mantenimiento”.

Según determinó la Unidad de Asesoría Legal del Pejeza, existiría una conducta penal sancionable en la presidenta y los miembros del consejo directivo de la Junta de Usuarios, lo que han denunciado.