Durante la segunda ola de la pandemia, un total de ocho reos han fallecido de COVID-19 y 184 se han contagiado de COVID-19.

Los presos que perdieron la vida se encontraban cumpliendo condena en los penales Castro Castro (2), Lurigancho(2), Arequipa (2), Huancayo (1) y La Oroya (1).

Así lo dio a conocer la presidenta del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Susana Silva Hasembank, a El Comercio.

En cuanto a los contagiados, estos han sido aislados a un ambiente acondicionado para que transiten la enfermedad.

“Es necesario que la comunidad penitenciaria tenga un proceso de vacunación pronto, ya que existe una interacción entre los penales y la comunidad. Si nosotros no cuidamos lo que ocurre dentro de los establecimientos penitenciarios, lo que ocurra ahí va a repercutir afuera en la comunidad”

— Susana Silva, presidenta del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario

Impacto de la primera ola

La presidenta del Consejo Nacional Penitenciario del INPE indica que, a lo largo de la primera ola, 446 fueron las personas privadas de su libertad que murieron a causa del COVID-19.

Además, de un universo de 78,334 reos tamizados (89,5% de la población penitenciaria), fueron 38,634 (49,3%) los que dieron positivo al coronavirus.

En el caso de los servidores del INPE, 46 murieron en la primera ola y 7 en lo que va del año.

“Las personas que están privadas de su libertad y las que trabajan en los establecimientos penitenciarios son una población vulnerable, ya que en los penales hay un nivel de hacinamiento que alcanza el 115%”

— Susana Silva, presidenta del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario

Nuevas medidas

Para frenar el incremento de casos, el INPE le dará la prioridad a la detección de los síntomas de COVID-19 con el uso de las pruebas moleculares y antígenos, ya que en la primera ola se usó la prueba rápida y esta arrojaba falsos negativos.

Otras de las medidas tomadas ha sido mantener la prohibición de las visitas por parte de los familiares y de los abogados a sus patrocinados.

En lugar de ello, se ha implementado el acceso a visitas virtuales en 62 penales de los 68 que hay en el país.

Silva Hasembank también informó que una de las medidas radicales que han adoptado ha sido cerrar definitivamente el penal de Chiclayo.

Esta decisión fue tomada debido al alto nivel de hacinamiento en este centro.

Por ello, para reducir la cantidad de reos en dicha cárcel, se están habilitando nuevos espacios en otras localidades.