Pese a que hemos ingresado a la segunda semana de cuarentena sanitaria dispuesta por el Gobierno, ciudadanos continúan abandonando sus viviendas y siguen en desacato no solo poniendo en riesgo la salud pública ante el avance del contagio del Coronavirus, sino que aún no toman conciencia de la gravedad de la falta que podría darles problemas legales en el futuro.

Más allá del perjuicio contra la salud de la comunidad, la justicia tiene previstas las armas legales para actuar contra quienes atentan contra la contención de la pandemia del COVID-19. Quien incumpla la disposición del confinamiento domiciliario será denunciado tal como está previsto en el artículo 368 del Código Penal por resistencia y desobediencia a la autoridad.

Con las normas de control ya dadas hace más de una semana, infringirlas confirma la existencia del dolo así como la intención de evadir disposiciones impartidas por el Gobierno para contrarrestar el avance del coronavirus en todo el territorio nacional.

La pena que aplica para los casos que vulneran el Art. 368 del Código Penal, acarrea una pena de entre tres y seis años de prisión. Para esto, el Ministerio Público debe realizar las denuncias.

En el caso de quienes sean dispuestos a la cuarentena por presunción de estar infectados y que abandonen sus domicilios, incurren en el delito de ‘propagación de enfermedad contagiosa o peligrosa’, artículo 289 del CP. Este delito prevé una pena va de tres a seis años de prisión. Para casos en los que la acción irresponsable provoque el contagio y muerte de otra persona, la sanción podría llegar hasta los 20 años de cárcel.

El Código Penal expresamente señala, “El que, a sabiendas, propaga una enfermedad peligrosa o contagiosa para la salud de las personas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de diez años. Si resultan lesiones graves o muerte y el agente pudo prever estos resultados, la pena será no menor de diez ni mayor de veinte años".

En el distrito de Pacasmayo, ya se han registrados más de 50 detenidos.

El fiscal Edgardo Samamé Cortez tiene en sus manos la evaluación y eventual denuncia de quienes no puedan sustentar de manera objetiva las razones por las que incumplieron las disposiciones restrictivas.