Una feria de venta y reventa de lotes de terreno se está produciendo en un predio de propiedad de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, conocido como sector "El Algarrobal", ubicado a un costado de la vía de evitamiento. 

Estas ventas que son en realidad estafas y generan desorden y caos social, lo que debe obligar a una intervención del Ministerio Público en tanto se trata de delitos de estafa, un tráfico que se realiza sobre un bien del Estado.

Al cierre del segundo gobierno del alcalde Frederihs Buchelli, se inició una acción penal por parte del Ministerio Público en Fiscalía del Medio Ambiente, por presunta inacción ante la tala indiscriminada de árboles. El caso se ha derivado a un juzgado en Lambayeque donde aún no se inicia el proceso. Pero esa demanda no se enfoca en la propiedad, aunque es la Municipalidad Provincial de Pacasmayo-San Pedro de Lloc, como propietaria, la que deberías ser principal interesada en recuperar el terreno.

En el año 2005, se interpuso una demanda contra los invasores, sin embargo el juzgado penal no admitió la acción porque supuestamente no era competente para el caso. Esto fue asumido por los invasores como un fallo a su favor, lo que no es cierto. En el año 2017, según información de asesoría legal de la MPP se inició una demanda de desalojo ante el Juzgado Civil, causa que está en proceso.

Mientras esta tardía acción arroja resultados, el tráfico de terrenos se produce, sin que ninguna autoridad reaccione.

Ayer, en horas de la mañana el hilo de la madeja quedó expuesto. Un comprador de un lote en El Algarrobal, había sido desalojado por un nuevo “propietario”. Ambos “compraron” el lote a la "Asociación Víctor Raúl Haya de la Torre", organización que no es propietaria del predio, ni tiene prerrogativa alguna para vender el espacio que es propiedad estatal.

Juan Saavedra Vásquez mostró el documento que consta que pagó S/ 1,000 a una persona a la cual identifica como Patricia Rivera Ulfe, presuntamente presidenta de la asociación. El lote, según Saavedra, fue adquirido en diciembre del 2012. Se lo vendieron con paredes a media altura. Un supuesto anterior propietario llegó a reclamarle por tomar posesión en su lote pero luego desapareció y no volvió.

Ahora él es el que resultó desalojado por una tercera persona que ubica con el nombre de Pilar, pero cuyos apellidos desconoce. Esta persona también llegó con un papel similar y ahora construye sobre las paredes que Saavedra levantó.

Otras personas del lugar indicaron que también han tomado ocupación de ese predio por intermedio de la organización denominada "Asociación Víctor Raúl Haya de la Torre" y que han sufrido problemas con otros, nuevos y antiguos, “propietarios”.

En diálogo con Últimas Noticias, el asesor legal de la MPP, Miguel Gómez Mejía, afirmó que un grupo de invasores recibieron certificados de posesión en el gobierno del alcalde Frederihs Buchelli. 

Aseguró que dichos certificados, por ilegales, fueron anulados. Ofreció sustentar la afirmación con documentos. Según añadió, la MPP  recientemente ha iniciado un proceso de desalojo que esperan prospere.

Téngase en cuenta que así como se afirma que el gobierno del alcalde Buchelli otorgó certificados de posesión, en esa misma gestión la Municipalidad Provincial de Pacasmayo promovió la existencia de dos organizaciones supuestamente representativas de los invasores del predio estatal. En la Resolución de Alcaldía 168-2013, en la que se absolvía un reclamo entre ambas organizaciones, tácitamente las reconoce y en artículo segundo declara: “EXHORTAR a los representantes de la Asociación “Víctor Raúl Haya de La Torre” del Predio El Algarrobal y del Comité de Gestión del Predio El Algarrobal-Vía de Evitamiento, a trabajar pacíficamente y conjuntamente, de acuerdo a sus atribuciones y fines, en bienestar de sus agremiados y de los habitantes en general de dicho predio”.

Además de las acciones legales que la MPP debe emprender para recuperar la propiedad y la posesión, es evidente que ha quedado abandonado a su suerte el algarrobal que aún existe y que languidece en el lugar. 

La tala indiscriminada para la venta de la leña y el aprovechamiento ilegal del área mediante ventas fraudulentas que configuran estafas, debería ser materia de interés por parte de las autoridades municipales y fiscales.