Desde este martes 24 de octubre, los trabajadores del Poder Judicial de todo el país irían a una huelga general indefinida insistiendo ante el Gobierno para que se les excluya de los alcances de la Ley del Servicio Civil (Servir).

El argumento, para sostener esa petición, es que ellos tal como los trabajadores del BCR o el Congreso cumplen “una función especial y dedicación exclusiva". Los servidores de los mencionados sectores están exentos de los alcances de la Ley Servir amparados en ese factor.

Los trabajadores judiciales reclaman que se les aprueba una norma en el mismo sentido, solo para ellos y que se regule su trabajo tal como ocurre con los empleados de los sectores mencionados es decir BCR y Congreso de la República.

Sin embargo, debe precisarse que no es la única exigencia en la que amparan su medida de fuerza, pues también reclaman la mejora de sus remuneraciones y demandan aprobar una nueva escala salarial que eleve los haberes en casi el doble para cada servidor, dependiendo de su categoría y función que desempeña. 

En las provincias de Pacasmayo y Chepén, los servidores judiciales anunciaron la semana pasada que acatarán la medida de fuerza. Sin embargo, los jueces alertaron que las audiencias no se interrumpirán.

Tal es el caso del Juzgado Penal Unipersonal Pacasmayo cuyo titular, Juan Iván Vojvodich Tocón, programó para el miércoles 25, una nueva audiencia del juicio contra el exalcalde de Jequetepeque, Pablo Martín Alvarez Castañeda y otros. Advirtió que pese a que se anunciaba una huelga, la audiencia se realizará.