A propósito de la reciente aprobación que incorpora el derecho al agua en la Constitución Política del Perú, la Defensoría del Pueblo invocó a las autoridades nacionales, regionales y locales para que ejecuten con celeridad el gasto público destinado a generar la infraestructura para atender a la población que no cuenta con el recurso hídrico.

En la actualidad más de cuatro millones de peruanos no cuentan con el servicio de agua y saneamiento, pues solo se abastecen por camiones cisterna y piletas o la consumen directamente de los ríos sin tratamiento previo, indica la Defensoría.

Según el portal Infobras se registran 264 proyectos de agua y alcantarillado paralizados, y además existen proyectos que presentan retrasos en su ejecución debido a la falta de saneamiento en los terrenos o deficiencias en los expedientes técnicos; así como obras que se ejecutan sin prever las condiciones sanitarias más adecuadas para los usuarios.

La Defensoría ha recomendado al Ministerio de Vivienda emitir lineamientos para que los proyectos de saneamiento consideren el diseño e instalación de inodoros con material adecuado y de fácil limpieza, así como lavatorios en las áreas de letrinas, lo cual evitará la propagación de enfermedades y hará que el gasto público sea eficiente. 

De igual modo, recomienda que la gestión de los servicios de saneamiento y el agua en general cuenten con mecanismos de control ciudadano e institucional que permitan prevenir posibles actos de corrupción.